El Pleno del Tribunal Constitucional español ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la ley foral 5/2024 sobre protección civil y emergencias.

La ley recurrida tiene un único artículo que modifica el 53 de la ley previa de protección civil y emergencias, de 2005. Con ello, se buscaba poder aplicar un coeficiente reductor para permitir la jubilación anticipada de conductores auxiliares y peones auxiliares de bomberos.

Sin embargo, el Gobierno español considera que regular este aspecto es una competencia exclusiva del Estado, ya que se incluye en la legislación básica sobre el régimen económico de la Seguridad Social, por lo que en febrero recurrió la norma navarra ante el Tribunal Constitucional tras no llegar a un acuerdo en la comisión bilateral.

«Buena relación»

Tras conocerse el recurso del Gobierno español, la portavoz del Ejecutivo navarro, Amparo López, defendió que la norma se ajustaba a la Constitución española y llegó a señalar que «hay interlocución directa con el Gobierno [español] y fruto de la buena relación es que no se ha pedido la suspensión de la norma hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, sigue vigente».

El argumento del Gobierno navarro para adelantar la jubilación de los conductores auxiliares y los peones auxiliares de bomberos es que su actividad tenía el mismo riesgo que sus compañeros del cuerpo.

El Parlamento navarro aprobó esta ley con el apoyo de todos los grupos, excepto UPN y PP, que se abstuvieron para mostrar su disconformidad con el procedimiento escogido para que la ley siguiera adelante.

El recurso de constitucionalidad contra leyes navarras ha sido una práctica habitual  en materias tan dispares como la Ley de Residuos, el Fuero Nuevo, la de Ley de Víctimas Policiales, o la Ley de Contratos Públicos, dejando en evidencia los límites del autogobierno navarro.