El Gobierno israelí ha aprobado este domingo una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como «propiedad del Estado» por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967. Según las autoridades palestinas, implica la «anexión de facto» de gran parte de este territorio.

La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la excusa de regular las explotaciones agrícolas en Cisjordania.

La radiotelevisión pública israelí KAN ha informado de que la decisión ha sido adoptada en represalia a los supuestos «procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C» de Cisjordania, bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.

Pero las declaraciones realizadas por el propio Smotrich revelan el afán expansionista de Israel: «Continuamos con la revolución de los asentamientos y la apropiación de tierras en todo nuestro país. Por primera vez desde la Guerra de los Seis Días, estamos restaurando el orden y la gobernanza en la gestión de las tierras de Judea y Samaria (nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania)».

En el mismo sentido se ha pronunciado Levin: «La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria. La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes».

Palestina denuncia la «anexión de facto»

El Gobierno palestino ya ha reaccionado contra esta decisión, a la espera de un comunicado oficial de las autoridades israelíes. El presidente palestino, Mahmud Abbas, ha denunciado lo que constituye, a su entender, como «una anexión de facto del territorio palestino ocupado».

«Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional», ha señalado la Presidencia en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias WAFA.

«Estas medidas unilaterales no otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina y no cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional y la legitimidad internacional», ha sentenciado.

Palestina denuncia que la decisión israelí «es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional»

Precariedad económica

La decisión israelí supone un golpe más para Palestina, que está al borde del colapso económico desde que el pasado mes de junio Israel congelase los conocidos como 'ingresos de liquidación' a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), una partida que supone unos dos tercios de su presupuesto. 

«Tras las acciones de la Autoridad Palestina contra Israel en instituciones internacionales, la cúpula política decidió suspender la transferencia de fondos», ha indicado el Ministerio de Finanzas hebreo a la agencia a Efe.

Vinculados por el Protocolo de París (1994), Israel debe enviar a la ANP estos ingresos de liquidación, que incluyen principalmente recaudaciones como el IVA sobre productos extranjeros o israelíes vendidos en los territorios palestinos ocupados; aranceles de importación; e impuestos sobre la renta de trabajadores palestinos en Israel.

El déficit de estos ingresos, con interrupciones desde 2019 que se agravaron tras los ataques del 7 de octubre de 2023, está empujando a la ANP a un «colapso fiscal total», ha indicado a Efe un académico del Instituto de Investigación de Política Económica Palestina (MAS) que prefiere no ser identificado.

Y es que esta parálisis tiene otras implicaciones, más allá de haber dejado total o parcialmente sin sueldo a centenares de funcionarios públicos palestinos.

«Estos ingresos constituyen una fuente de liquidez bancaria, ya que los flujos de caja de la ANP sustentan los depósitos y las transferencias del Gobierno a través del sistema bancario. Los bancos dependen de las transferencias regulares de compensación para obtener liquidez predecible», explicó Bashar Yasin, director general de la Asociación de Bancos en Palestina.

En los territorios palestinos, muchos bancos ya han dejado de aceptar depósitos en efectivo en séqueles, ya que la Autoridad Monetaria Palestina no puede respaldar a las entidades bancarias con sus reservas. Además, al no contar con moneda propia, los bancos dependen del sistema bancario israelí para procesar pagos y transferencias.

Entidades como el Arab Bank o el Bank of Palestine utilizan bancos corresponsales israelíes, que son la vía obligatoria para que los séqueles circulen y puedan ser usados. Sin esa intermediación, los depósitos en efectivo no pueden convertirse en pagos.

El Banco de Israel, sin embargo, ha limitado los depósitos de efectivo que los bancos palestinos envían a través de esas entidades israelíes. Como consecuencia, las sucursales en Cisjordania han dejado de aceptar efectivo para no generar obligaciones que no puedan cumplir.

«Otra cuestión es que también han caído los préstamos que recibíamos desde el extranjero, porque sin los ingresos de liquidación no podemos hacer frente a estos compromisos», ha apuntado a Efe Feras Milhem, gobernador de la Autoridad Monetaria Palestina hasta 2025 y ahora director general del MAS.

Cabe recordar que durante 2025, el PIB registró una fuerte caída en la Franja de Gaza, alcanzando el 84% en comparación con 2023, mientras que en Cisjordania ocupada disminuyó un 13%, según el MAS.

«El PIB per cápita palestino, incluyendo Cisjordania y Gaza, volvió a niveles de 2003, borrando 22 años de progreso económico», detalló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) en noviembre.

Además, la tasa de desempleo en los territorios palestinos ascendía al 28,5% en septiembre de 2025, según el MAS, cuando antes de la ofensiva bélica israelí era del 13%. Además, unos 100.000 palestinos que se desempeñaban legalmente en Israel no han vuelto a sus trabajos desde el 7 de octubre de 2023 por la falta de permisos.

La ONU alerta de que «el PIB per cápita palestino, incluyendo Cisjordania y Gaza, volvió a niveles de 2003, borrando 22 años de progreso económico».

El drama sigue en Gaza

A la dura situación económica se suma el drama humanitario en la Franja de Gaza, donde Israel ha matado a más de 600 palestinos desde la firma del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Uno de los lugares más golpeados por Israel, el Hospital Naser, ha negado domingo la presencia de grupos armados en sus instalaciones y ha urgido a la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) a retractarse de cualquier acusación al respecto, en un comunicado conjunto con el Ministerio de Sanidad de la franja.

«El Complejo Hospitalario Naser rechaza formalmente las acusaciones falsas, infundadas y engañosas de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la presencia o el uso de armas o grupos armados en el hospital», ha denunciado el centro médico en un texto en el que, no obstante, reconoce «amenazas y ataques por parte de individuos» durante los dos años de ofensiva israelí.

«La Franja de Gaza se encuentra bajo un estado de emergencia extremo y prolongado como resultado de ataques sistemáticos contra instituciones civiles. En estas condiciones, se han producido acciones ilegales aisladas por parte de individuos y grupos incontrolados en toda la sociedad, incluyendo intentos de algunos de portar armas», ha añadido.

Es por ello, continúa el comunicado, por lo que en el Naser había un grupo de «policía civil» con el mandato de «proteger a los pacientes y al personal médico, asegurar la infraestructura hospitalaria y prevenir la entrada armada» al centro médico.

«Esta presencia es protectora, civil y legal, y no constituye una actividad militar ni el uso del hospital por parte de un grupo armado. Su objetivo es garantizar la seguridad del personal y de los pacientes», aclara el texto.

E incide en que «nos sorprende la declaración de Médicos Sin Fronteras y les instamos a reconsiderar aquellas decisiones que solo agravarán el sufrimiento de nuestra población en las circunstancias actuales».

MSF suspendió desde el pasado 20 de enero todas sus actividades médicas no esenciales en el Hospital Naser, entre otros motivos, por la presencia de hombres armados en el recinto hospitalario, tal como confirmó este sábado a Efe.