Un estudio elaborado por la fundación Ipar Hegoa, con la colaboración del profesorado del Departamento de Economía y Gestión de la EHU, concluye que la negativa a fijar un salario mínimo propio perjudica directamente a miles y miles de trabajadores y trabajadoras, e indirectamente al conjunto de la clase trabajadora. Según el informe, una de cada cinco personas asalariadas percibe ingresos inferiores a los 1.500 euros mensuales.

La investigación se ha basado en una muestra de personas trabajadoras del régimen general de la Seguridad Social y del régimen especial de empleadas del hogar.

El responsable de la fundación Ipar Hegoa, Jagoba Zulueta, ha detallado las conclusiones del estudio. Según ha indicado, el hecho de que el suelo salarial esté situado en 1.184 euros en lugar de 1.500, tal y como reclama la mayoría sindical vasca, afecta al conjunto de los y las trabajadoras, «ya que se distorsiona y devalúa toda la estructura salarial».

Zulueta ha precisado que, entre las y los trabajadores que trabajan por debajo de los 1.500 euros, dos de cada tres (66,91%) son mujeres, mientras que entre el total de mujeres empleadas son más de un tercio las que están por debajo de ese mínimo.

Asimismo, el análisis muestra las malas condiciones que sufren las y los trabajadores migrantes: de los 239.535 trabajadores y trabajadoras que reciben menos de 1.500 euros, 118.999 han nacido fuera de Hego Euskal Herria, es decir, una o uno de cada dos.

También se ha referido a la juventud. En el caso de las y los menores de 30 años, una cuarta parte de la muestra analizada (25,84%) está por debajo de los 1.500 euros de salario: 61.896 personas

El estudio constata, además, que en los últimos 15 años el peso de los salarios en el PIB de Hego Euskal Herria ha caído tres puntos, a pesar de las subidas del SMI en el Estado español, que no han tenido un impacto significativo en la realidad socioeconómica del territorio.

«En cambio, se aprecia una tendencia al alza en las naciones que tienen estructuras de estado en la Unión Europea. El estudio concluye que la falta de estructuras de estado o de un salario mínimo propio supone, por tanto, la pérdida de peso de los salarios», ha señalado Zulueta.

El informe cuantifica en 461 millones de euros anuales la diferencia entre lo que estas personas cobran y lo que percibirían con un salario mínimo propio de 1.500 euros, tomando como referencia diciembre de 2024.

«El dinero no es un problema: los beneficios empresariales han crecido más que los salarios. La conclusión es clara: los empleadores, empresarios privados y administración pública han añadido 461 millones de euros a sus beneficios. O lo que es lo mismo: han obtenido una plusvalía añadida de 461 millones de euros de las y los trabajadores más vulnerables en Hego Euskal Herria», ha afirmado Zulueta.

LAB denuncia precarización y llama a la huelga

La coordinadora general del sindicato LAB, Garbiñe Aranburu, ha vinculado esta situación a la «tendencia centralizadora» de la regulación laboral en el Estado español tras las últimas reformas, lo que, a su juicio, ha supuesto «una uniformización a la baja y una mayor precarización salarial y laboral».

Aranburu ha defendido que contar con un salario mínimo propio es una herramienta «estratégica» para adecuar los salarios a la realidad socioeconómica vasca, repartir de forma más equitativa la riqueza y frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora. En este contexto, ha recordado que la mayoría sindical ha convocado una huelga general el próximo 17 de marzo ante el cierre de todas las vías de negociación hasta ahora.

Por último, la coordinadora general ha señalado que el salario mínimo también es «una medida para combatir las brechas machistas que genera la división sexual del trabajo», por lo que ha avanzado que, en el contexto del 22 de febrero, Día Internacional contra la Brecha Salarial, LAB sacará a la calle la necesidad de un salario mínimo propio. El 20 de febrero, viernes, el sindicato llevará a cabo dos movilizaciones, en Bilbo y en Iruñea.