Es uno de los casos más resonantes de la última década político-judicial del Estado español. Con un nombre fácil de recordar (Operación Kitchen) y hasta una película que en parte la retrata (‘El Reino’, 2018), esta causa que involucra nada menos que al exministro de Interior del gobierno de Mariano Rajoy llega finalmente a juicio oral este lunes 6 de abril.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será el epicentro durante unos tres meses del ‘desfile’ de testigos e imputados que han protagonizado portadas de cabeceras durante años: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido, Ignacio Cosidó y varios altos cargos del Partido Popular.

‘La Kitchen’, como se la conoce en los ámbitos judiciales, se trata de la presunta operación de espionaje policial sin aval judicial montada contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, en un intento de recuperar información sensible en su poder sobre la contabilidad paralela o la ‘caja B’ de esa formación, la cual ya fue probada en la sentencia del ‘caso Gürtel’ que desembocó en la moción de censura de 2018.

En el juicio que comienza en las dependencias de San Fernando de Henares se expondrá la investigación de la operación que implicó a la cúpula del Ministerio de Interior entre 2013 y 2015. Los dos principales juzgados serán el exministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión por tres delitos. También se sentarán en el banquillo el exDAO Eugenio Pino y los comisarios José Villarejo, José Olivera y Andrés Gómez Gordo.

Cúpula intocable

«El primer punto que hay que aclarar es que la ‘operación Kitchen’, como la llamó Villarejo en su momento, es una operación entre varias en las que el PP convierte a la Policía Nacional en una policía ‘pepera’. Ha habido una línea de interpretación equivocada, a mi entender, cuando se refieren a esto como las cloacas del Estado», dice en entrevista con GARA el periodista Ernesto Ekaizer, exdirector adjunto de El País y autor del libro ‘Operación Jaque Mate’ (EdicionesB, 2023).

Ekaizer: «Esto no es como el PSOE hizo con el GAL, con operaciones semiclandestinas, de tipo ‘underground’, sino que son la planta noble del Estado, la cúpula de la Policía Nacional, prácticamente convertida en una rama del PP»

La mención a la interpretación incorrecta es porque Ekaizer recalca que en este caso no aparece lo que se llama el ‘Estado profundo’ o parapolicial sino todo lo contrario: «Son la planta noble del Estado, es la cúpula de la Policía Nacional, del Ministerio de Interior y la cúpula de la Guardia Civil. Siendo la planta noble, nos da una idea muy importante que el PP no acude a mecanismos de otra época, como el PSOE hizo con el GAL, con operaciones semiclandestinas, de tipo ‘underground’, sino que prácticamente convierte a la policía en una rama del PP. Esta es la gran diferencia entre ‘la Kitchen’ y otras operaciones. Aquí no hubo mecanismos incontrolados».

Según el periodista especializado en investigaciones judiciales, esta misión involucró a 50 miembros, altos cuadros y dirigentes, «hasta policías de paisano, lo que muestra la importancia que se le dio». «La intención era apropiarse de un material que presuntamente tenía Bárcenas en su poder y que podía comprometer al Gobierno de Rajoy. Eso preocupaba a Rajoy cuando era presidente del Gobierno. Ese material, que nunca ha aflorado, se suponía que ilustraba la contabilidad B, y que, como una especie de contable de Al Capone en Chicago, Bárcenas llevaba».

Esa misión incluyó la entrada ilegal al taller de restauración que la mujer de Bárcenas, Rosario Iglesias, tenía en Madrid, entrada cometida por el comisario García Castaño (ahora afectado por un ictus por lo que no asistirá al juicio). O también la violación de la propiedad del hogar de la familia Bárcenas, con un efectivo que trabajaba en el CNI que intentó arrasar todo y que retuvo a Iglesias y a su hijo, con quien acabó teniendo un enfrentamiento a golpes, por lo que fue detenido.

Algo importante que Ekaizer pide recordar es que «el banquillo de los acusados está cojo» en este juicio porque no estará allí Dolores de Cospedal, exnúmero 2 del PP y quien fuera imputada durante un período corto de tiempo, y tampoco estará Rajoy. «Cospedal estableció con Villarejo una relación muy directa desde 2009 y le interesaba controlar y conocer los movimientos de Bárcenas. Villarejo era un comisario adscrito a la dirección adjunta operativa, no actuaba independientemente, estaba en el organigrama y era cercano a Eugenio Pino, a quien nombra Fernández Díaz cuando asume para que se haga cargo también de los antidisturbios, en un momento de alta conflictividad social».

«Por supuesto también tendría que estar Rajoy en el banquillo», añade Ekaizer, pero señala que en el caso de Cospedal «las pruebas son cuantiosas, hay grabaciones directas que se produjeron en la planta de Génova donde trabajaba ella». Pero lo que ha ocurrido a su entender es que el fiscal anticorrupción, Miguel Serrano, quien se «empeñó en investigar esto a fondo, tuvo una larga batalla con el juez García Castellón, que intentó proteger a Cospedal por todos los medios».

García Castellón es uno de los magistrados emblemáticos del ‘lawfare’ en el Estado para muchos. Cuando cerró la pieza, el fiscal Serrano escribe un largo recurso de apelación en el que asumió un tono de naturaleza casi política, excediendo el marco jurídico, argumentando que parecía el juez haber establecido una «línea roja en la investigación» por la cual no se podía pasar, y esa línea era el PP. «Eso es una herejía para lo que es el lenguaje judicial pero Serrano lo hace porque no tiene más remedio, porque era todo tan visible y notorio de proteger a Cospedal que se vio obligado a decirlo así. Esta es la pata política de ‘la Kitchen’ y es la que falta, por eso cojea el banquillo», afirma Ekaizer.

Jueces, acusación y el agente 81.067

«Señor Iglesias, las piernas aquí no se ponen así en sala», regañaba la jueza Teresa Palacios al cofundador de Podemos y exvicepresidente hace un mes cuando él declaraba en el juicio del ‘caso Dina’ contra Villarejo y dos periodistas por el robo de información del móvil de la periodista y asesora de Iglesias.

Esta será la magistrada, conocida por pertenecer a la rama conservadora de la judicatura, que presidirá el tribunal que juzgará ‘la Kitchen’. En la sala no estará el fiscal Serrano (ya no trabaja en Madrid) sino su viejo compañero César de Rivas Verdes, por parte del Ministerio Público. En la acusación particular estará el letrado de la familia Bárcenas y por la acusación popular, los abogados del PSOE y de Podemos. También estará un representante de la Abogacía del Estado, de obligada presencia debido a que en el caso hay involucrados presuntos fondos reservados.

Uno de los juristas que participará en el juicio oral ha hablado con NAIZ. Ha pedido discreción porque participará de todas las sesiones hasta fin de junio. Explica que es un proceso complejo y que a veces los fiscales o abogados defensores «tienen una idea de lo que tiene que ser el juicio, o de lo que hay que probar, pero luego la presidenta del tribunal tiene otro juicio en la cabeza» por lo que suele el resultado suele ser «bastante impredecible».

«Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe (de la caja B) ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy», dijo el inspector jefe Morocho, cuya declaración puede ser importante

También opina que, a su entender, no habrá «muchas cosas nuevas» que se desconozcan hasta ahora, aunque Ekaizer cree que Villarejo preparará «una intervención tremenda contra los altos mandos» del Partido Popular. Pero de quien sí se espera una declaración de alto impacto será del inspector jefe Manuel Morocho, uno de los testigos principales de toda la investigación.

Morocho, el agente 81.067, se enfrentó a la corrupción policial durante aquellos años y ha denunciado el padecimiento sufrido por parte de ciertos altos mandos de la institución policial para sabotear sus investigaciones. A pesar de todo él desmontó la coartada de los acusados, quienes decían que en realidad buscaban el dinero ocultado por Bárcenas para ponerlo a disposición del juez. 

«Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe (de la caja B) ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa», decía Morocho en su declaración ante el juez.

La cita quizás que más expectación tendrá en los medios será la del 23 de abril, cuando Rajoy y Cospedal declaren como testigos. Otra fecha relevante será también la del día 27, cuando a pocos días del comienzo de la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas, visite el tribunal el actual senador Javier Arenas, expresidente del PP de Andalucía. En la misma jornada declarará la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría.

La sentencia del juicio se conocerá probablemente después del verano y el proceso coincidirá con el inicio del juicio de las mascarillas contra Abalos y Koldo García y, en mayo, el juicio en Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El Tribunal Supremo ha decidido estas fechas. Otra coincidencia del mundillo de la judicatura.