Que se suspenda el inicio del juicio del ‘caso Kitchen’ es lo que ha pedido el PSOE para volver a imputar a María Dolores de Cospedal y su ex marido.

Así lo ha planteado la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, durante las cuestiones previas dirimidas en la primera sesión del proceso, en las que ha reclamado la anulación del auto de apertura del juicio oral a través de la «retracción de las actuaciones» respecto a la línea de investigación sobreseída por la que ambos fueron declarados imputados en un primer momento.

Así, ha defendido la necesidad de ahondar en la «conexión política» de la supuesta trama y volver a investigar a Cospedal y su marido, que fueron imputados en 2021 y para quienes posteriormente se archivó la causa.

«Considero que tiene que haber aquí otras personas», ha indicado la letrada, pidiendo asimismo la incorporación como pruebas de tres archivos de audio hallados por la Policía Judicial, entre los que se encontrarían llamadas telefónicas entre la exdirigente ‘popular’ y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio.

De Pascual ha dicho que Cospedal «fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno», Mariano Rajoy, del «éxito de la operación de destrucción de pruebas».

Además, la letrada ha reclamado al tribunal que se acuerde llamar al PP como partícipe a título lucrativo argumentando que «es beneficiario de la actividad objeto de juicio», o bien «se le traiga» como responsable civil subsidiario.

Petición de nulidad de Fernández Díaz

Por su parte, el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz, Jesús Mandri, también ha pedido la «nulidad parcial» del auto de apertura de juicio oral.

El letrado ha señalado que «no hay ningún indicio» de que el asalto al domicilio de Bárcenas en 2013 estuviera «directamente relacionado con la ‘Operación Kitchen’» y ha reclamado que este hecho se investigue por separado.

Asimismo, ha pedido la declaración de falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos, al observar «una falta absoluta de conexidad» entre los hechos de la pieza principal, esto es, los del ‘caso Tandem’, y de la pieza separada ‘Kitchen’.

Así, ha dicho, mientras Tándem es «la investigación de una presunta red de corrupción en torno al señor Villarejo, quien, presuntamente, valiéndose de su condición de policía o agente en activo, ofrecía servicios a clientes privados a cambio de un precio", Kitchen abarcaría un presunto "operativo parapolicial» orquestado por el Ministerio del Interior para «sustraer determinada información comprometedora» para algunos dirigentes del PP que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas.

«Ya nos dirán las acusaciones cuál es la conexidad o similitud de estos hechos. Absolutamente ninguna. El único denominador común que hay es que el señor Villarejo ha estado y está investigado y acusado en ambos procedimientos judiciales. Absolutamente nada más», ha argumentado.

Mandri ha denunciado la «vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías» que habría sufrido su defendido por la «injustificada adopción y prolongación del secreto en esta causa» que se mantuvo por dos años y seis meses, según ha dicho.

El letrado ha solicitado la nulidad de «absolutamente todos los autos», así como de «todas las diligencias que se han practicado bajo esta situación de secreto». Ha alegado que «se estuvieron practicando diligencias a espaldas de las defensas», y ha explicado que en consecuencia Fernández prestó declaración con «la creencia absoluta de que era todo claro y transparente y de que tenía acceso a toda la información y a todas las diligencias cuando esto no era no era no era así».

«Cuando se alza el secreto nos encontramos con todos los elementos que le incriminan" al tiempo que "se acuerda su imputación», ha señalado Mandri.

Un «secreto a voces»

El abogado del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, Pedro Colina, ha pedido «exactamente las mismas cuestiones previas» propuestas por la defensa de Fernández Díaz y ha incidido en que «ningún hecho ni ningún delito de los formulados son competencia de la Audiencia Nacional».

Ha señalado que el caso se mantuvo bajo secreto pero «era un secreto a voces», ya que «estaba todos los días en los medios de comunicación", por lo que "los investigados que fueron declarando" podían "perfectamente comunicarse entre sí».

El abogado del exDAO Eugenio Pino, Jorge Hernansanz, también ha reclamado el archivo de la causa al entender que se ha llevado a cabo una «investigación con carácter prospectivo». «Se ha realizado toda la investigación sin tener conocimiento del alcance de la investigación por cada uno de los investigados», ha expresado.

Posteriormente, el letrado de Villarejo, Antonio Cabrera, también ha observado que, a su parecer, no existe «ningún punto de conexión» entre ‘Kitchen’ y los hechos investigados en el ‘caso Tándem≈, por lo que ha señalado que el tribunal de la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos.

El abogado ha asegurado que los registros en casa de Villarejo, en los que se intervinieron los dispositivos que precipitaron el caso, se llevaron a cabo «sin un auto habilitante específico», por lo que fueron «prospectivos y se realizaron fuera de la ley, vulnerando el derecho a la intimidad» de su representado.

Tensión en la sala

El momento más tenso de la sesión ha tenido lugar durante la intervención del letrado Javier Ignacio Navarro, abogado de Sergio Ríos, el exchófer de Luis Bárcenas, cuando ha espetado que la Fiscalía Anticorrupción, a quien ha tildado de «muy tosca e incisiva», «amenazó» a su cliente con pena de prisión «en una causa secreta en la que no tenía conocimiento de nada».

Ante ello, la presidenta de la sala, Teresa Palacios, le ha reprochado sus palabras «despectivas» sobre el Ministerio Fiscal, advirtiéndole de que no se lo iba a consentir, después de que el propio fiscal protestara.

Más allá del desencuentro, el abogado ha argumentado que Ríos «difícilmente podía saber lo que era un delito, sobre todo cuando quien se dirige a él directamente son policías y mandos policiales», por lo que defiende que se trataba de «un delito inducido».

Finalmente, y como han hecho el resto de las defensas de los acusados, los abogados del exjefe de Asuntos Internos de la Policía española Marcelino Martín Blas y el comisario Andrés Gómez Gordo, Antonio Alberca y Lucía García, respectivamente, han reiterado la idea de la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos.

Un juicio que se prolongará hasta el 30 de junio

En este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, el exministro del Interior y su ex número dos enfrentan una petición de cárcel de 15 años por parte de la Fiscalía, que les acusa de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo parapolicial en el que se habrían empleado supuestamente 57.943 euros procedentes de fondos reservados.

La vista se reanudará este martes, cuando las acusaciones podrán responder a las cuestiones previas expuestas por las defensas.

El PP y la «independencia» juidicial

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha afirmado este lunes que confía en que la justicia actúe «con plena independencia», y que los culpables «paguen los actos que hayan realizado».

Preguntado por si confía en la inocencia del expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y de Cospedal, citados como testigos, ha señalado que él no es «el juez ni el responsable para decir quién es inocente y quién es culpable, lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la justicia (...) y, a partir de ahí, cada uno debe de asumir sus responsabilidades».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha defendido que el PP actual «no tiene nada que ver» con el ‘caso Kitchen’, y ha pasado al ataque al citar la investigación sobre la compra de mascarillas, que afecta al exministro José Luis Ábalos y Koldo García.  

«Creo que estos casos unos y otros no tienen comparación, porque en el primero estamos hablando de algo de hace 13 años. Creo que, además, actualmente el PP y quienes lo dirigen no tienen nada que ver en esta historia», ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación desde el nuevo centro de salud de Parla.

Sin embargo, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha rechazado las diferencias entre el PP de Rajoy y el actual. «Ese PP es el mismo de Alberto Núñez Feijóo de hoy. Creen que el Estado es suyo y que pueden hacer lo que quieran. Por eso molesta tanto que gobernemos, tanto desde el Ejecutivo de coalición, como el comunidades autónomas o desde ayuntamientos», ha subrayado.

Y la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debería rendir cuenta políticas por el ‘caso Kitchen’. «No sólo no ha pedido perdón, sino que no ha explicado lo que está pasando ante esta evidencia, ante este juicio».