Víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica han reclamado al ministro Félix Bolaños «transparencia» en la tramitación de los expedientes para solicitar indemnizaciones, que no tendrán que tributar a Hacienda.

Satisfacción entre los representantes de los colectivos que se han reunido este martes a la tarde en Madrid con el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha tratado de aclarar dudas sobre el protocolo que rubricaron el pasado 30 de marzo la Conferencia Episcopal y la de Religiosos con el Gobierno español y el Defensor del Pueblo para reconocer y repararlas.

Según ha informado el Ministerio, Bolaños les ha explicado cómo funcionará el nuevo sistema de reconocimiento y reparación, «que romperá con décadas de silencio e impunidad» y permitirá dar respuesta a aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial.

En el encuentro se les ha avanzado a las asociaciones que el martes 14 de abril –un día antes de que se abra la ‘ventanilla’ para solicitar indemnizaciones– el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto de reestructuración del Ministerio para incorporar la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que se ocupará de tramitar las solicitudes de reparación, en cumplimiento del protocolo.

Desde el Ministerio han precisado que se trata de un mecanismo «pionero» que contempla reparaciones «simbólicas» y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia española, «sin tope a las indemnizaciones».

Sin baremos

El que no se hayan hecho públicos los baremos es uno de los asuntos que preocupaba a los colectivos. El Gobierno español sostiene que cada expediente se analizará por separado y que el establecimiento de baremos a la hora de fijar la reparación económica puede perjudicar al establecer «techos».

Lo que ha quedado claro, según ha podido conocer NAIZ, es que la Iglesia será quien abone las cantidades que fije el Defensor del Pueblo. No tienen dudas de que la Iglesia española dispone de los fondos suficientes para poder reparar económicamente a entre 1.500 y 2.000 víctimas que se tiene registradas como hipotéticas beneficiarias.

El ministro les ha explicado cómo será el procedimiento, donde las asociaciones han insistido en la importancia de que todos los expedientes se tramiten de forma «transparente», con posibilidad de que los afectados puedan contar con asesoramiento adecuado en el periodo de alegaciones, y que las resoluciones estén debidamente razonadas.

Bolaños se ha comprometido a que para el 15 de abril estén dispuestos los formularios y los diferentes canales para que las víctimas pueden hacer llegar sus reclamaciones al Ministerio.

De acuerdo con el protocolo firmado, el Ministerio recibirá las solicitudes de reparación de las víctimas y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación que se comunicará a las partes.

Si no hubiese acuerdo, una comisión mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso. Si no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.