El Sáhara Occidental vuelve a reclamar su lugar en la memoria colectiva. Apoyado por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional «Hegoa» (EHU) e impulsado por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa) y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), el manifiesto por «La inclusión del Sáhara Occidental en las políticas públicas de Memoria Democrática» apunta desde sus exposiciones preliminares al claro objetivo del texto: «La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática omite uno de los capítulos de la historia de España que se refiere a la represión franquista y postfranquista en el Sáhara Occidental».

Tras un breve pero revelador repaso histórico, el manifiesto apunta a las negligencias y crímenes del Estado español a la hora de recordar y respetar a la comunidad saharaui: la represión sufrida y las víctimas olvidadas; la ausencia del Sáhara Occidental en la memoria colectiva; y las peticiones que estos formulan ante el Gobierno y la Comisión de la Verdad.

Haciendo del informe ‘Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo’ (2025), de Aomar Lahsen Abdeslam, su punto de partida, el manifiesto hace referencia a crímenes expuestos por el autor para reclamar la memoria negada en más de una ocasión al pueblo saharaui.

El trabajo de Abdeslam documenta episodios como la guerra de Ifni-Sáhara de 1957, la represión de la manifestación de Zemla o la desaparición del líder Mohamed Bassiri. Y denuncia, además, el trato desigual entre la población de origen europeo —evacuada e indemnizada durante la Operación Golondrina— y la población saharaui, que quedó expuesta a la ocupación militar y perdió, en muchos casos, su nacionalidad.

Además, este episodio, denuncia el manifiesto, «desapareció progresivamente de los manuales educativos españoles tras 1976, contribuyendo a un vacío historiográfico que ha dificultado el conocimiento público de este episodio histórico y de sus consecuencias humanas y políticas». Por ello, prosigue, «en los últimos años, asociaciones saharauis, entidades académicas y organizaciones memorialistas han reclamado reiteradamente la inclusión de las víctimas saharauis en las políticas de memoria democrática», especialmente tras la aprobación de la Ley 20/2022 y la reciente creación de la Comisión de la Verdad en marzo de 2026.

Margen de mejora

Es ahí donde entra en juego la constitución de la nueva Comisión. El manifiesto no duda en valorar positivamente su existencia y considera «que representa una oportunidad histórica para abordar de forma integral las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo, incluyendo aquellas ocurridas en contextos coloniales». Aun así, recalca y subraya el amplio margen de mejora que tiene por delante: «denunciamos que la ley mantiene un vacío histórico relevante al no contemplar expresamente la represión ejercida contra la población saharaui durante el periodo colonial español y el proceso de descolonización inconcluso iniciado en 1975».

Para ello, Afapredesa y CEAS-Sáhara presentan una lista de peticiones: «El reconocimiento oficial de las víctimas saharauis; el acceso a archivos y registros históricos; la investigación independiente de los hechos ocurridos durante la administración española; la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática; y la participación directa de víctimas y familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación».

El manifiesto y el informe de Abdeslam no hacen sino recordar que el Sáhara Occidental continúa siendo una deuda histórica pendiente para el Estado español. Reconocer a las víctimas saharauis, sostienen los expertos, no implica reabrir heridas, sino completar un proceso democrático que aún deja fuera a quienes también fueron parte de su historia.