La diputada foral del Departamento de Acción Social de Bizkaia, Amaia Antxustegi, ha comparecido este lunes ante las Juntas Generales para dar explicaciones sobre la residencia Tabira Berri de Durango, sobre la que pesan numerosas quejas por parte de familiares de residentes. A pesar de confirmar las ocho sanciones impuestas a la red de residencias de la que forma parte el centro, por un montante superior a los 100.000 euros, ha afirmado que «el sistema funciona, porque está vigilante».

La comparecencia de la diputada fue solicitada por los tres grupos de la oposición –EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos–, después de que el 23 de marzo Virginia Merino, hija de una usuaria de Tabira Berri, denunciara las graves deficiencias en la residencia, de titularidad y gestión privada. De la misma forma, el apoderado de EH Bildu, Urtzi Ostolozaga, ha enumerado otros servicios residenciales, como Zain Berri, Reka Berri, Piñudi, Lezeaga Basurto y Jado, todos dirigidos por una misma persona. Se da la circunstancia, tal como ha trasladado la juntera de Elkarrekin Podemos, Eneritz Madariaga, de que dicha directora es también trabajadora de Osakidetza a tiempo completo.

Entre los incumplimientos mencionados en un primer momento por Ostolozaga, y confirmados posteriormente por Antxustegi, se encuentran diversas multas de diversos miles de euros impuestas entre 2024 y 2025, por hechos acaecidos en 2023, tanto en Tabira Berri como en el resto de centros gestionados por la misma persona.

De este modo, Antxustegi ha querido reivindicar que «no es cierto que el sistema residencial no funciona, porque los datos muestran lo contrario: si hay sanciones, es porque el sistema está vigilante». «Si algo falla, se detecta, se corrige y, si procede, se sanciona. Tramitar sanciones es un síntoma de buen funcionamiento», ha defendido la diputada. Una máxima negada y discutida por la oposición, que le ha reclamado una actuación orientada al correcto funcionamiento del sistema. «No queremos recaudar más, queremos que las personas mayores estén bien atendidas», ha destacado Madariaga.

Exigida por los grupos de la oposición, la diputada foral ha enumerado una por una las quejas emitidas por usuarios de Tabira Berri entre 2024 y 2025, entre las que se repiten y destacan los bajos ratios de personal, la falta de higiene, varios brotes de escabiosis (sarna), olor a pozo séptico en las instalaciones, cuestiones sobre la calidad y cantidad de la comida o la imposibilidad de reunirse con la directora.

Por deficiencias en la ratio de enfermería, limpieza y seguridad en la medicación, en 2023 se le impuso a Tabira Berri una sanción de 6.000 euros, mientras que desde 2024 se derivaron un total de ocho expedientes sancionadores en el conjunto de recursos asistenciales gestionados por la misma dirección: «Dos sanciones las acumula el centro Lezeaga (Basurto), incluyendo una de 33.302 euros en 2024 por asistencia inadecuada e incumplimiento de ratios, y otra en 2025, de 13.800 euros. El centro Zumaia, por su parte, fue sancionado con 7.260 euros por incumplir la ratio de personal en 2024. El centro Jado recibió una sanción de 36.737 euros por distintos incumplimientos también ese año. Ya en 2025 se le incoó otro expediente sancionador por una cuantía de 6.000 euros. Y el centro Piñudi recibió sanciones que oscilan entre los 500 euros y los 7.860 euros por deficiencias en mantenimiento, atención integral y falta de timbres en baños». Sumado, las multas superan los 100.000 euros.

A pesar de esta retahíla de infracciones, que coinciden con la denuncia pública hecha por el sindicato LAB, Antxustegi ha recordado que «una queja no es una razón de base para hacer una inspección, lo cual no significa que no se tengan en cuenta». «No son hechos probados, se deben analizar», ha insistido.

Respecto al correcto funcionamiento en los centros, Antxustegi ha vuelto a destacar el papel de las inspecciones, negando, como afirmaba una de las quejas recibidas, que en Tabira Berri se contratara «una o dos personas cuando la Inspección va al centro». «Las inspecciones se realizan sin previo aviso, los centros no saben cuándo van a ser inspeccionados», ha subrayado.