Las centrales sindicales vascas se han manifestado en contra de la siniestralidad laboral –84 trabajadores murieron en Hego Euskal Herria en 2025, según sus cálculos–, demandando «prevención e inspección» para evitarla, coincidiendo con el Día Internacional de la Salud y Seguridad Laboral.

La intersindical vasca, formada por LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e HIRU, lo ha hecho en Donostia, partiendo desde el Boulevard bajo el lema «La mentira del absentismo. ¡Defendamos nuestros derechos laborales!» y finalizando ante la sede de Lakua, donde se ha llevado a cabo un acto simbólico para denunciar la siniestralidad laboral.

Así, 84 personas se han tendido en el suelo y se han introducido en unos sacos blancos cerrados con cremalleras para representar a los citados trabajadores que perdieron la vida el año pasado en Hego Euskal Herria el año pasado, según datos sindicales.

«No todas las vidas valen lo mismo para el capital y eso se refleja con crudeza en las condiciones laborales», han criticado en un comunicado, en el que también han puesto de manifiesto que «las mujeres, especialmente las migradas y racializadas», son «quienes ocupan de forma desproporcionada los sectores más precarizados, invisibilizados y desprotegidos».

Del mismo modo, han reivindicado la «defensa de los derechos laborales» y reprochado que «el absentismo del que tanto habla la patronal no es más que precariedad», a la par que han señalado que «hay trabajos que matan y muchos otros –la mayoría– que no dejan vivir».

ELA: «Salario mínimo de 1.500 euros»

ELA ha elegido Bilbo para denunciar la privatización de la salud laboral y la falta de medidas de prevención, reclamar un salario mínimo de 1.500 euros y aumentar las inspecciones de trabajo gracias al incremento de recursos para llevar a cabo dicha tarea.

«Llevamos años pidiéndolos para controlar la actividad empresarial, pero no existe conflicto con el Gobierno español en torno al aumento de inspección, porque este asunto no está en la agenda prioritaria. Los gobiernos no quieren generar ninguna incomodidad a la patronal», ha transmitido este sindicato.

Bajo el lema «En Euskal Herria el absentismo es del 0 %. Frente a la criminalización, la prevención a primera línea», ELA ha indicado que casi la mitad de los casos de incapacidad temporal están relacionados con enfermedades musculoesqueléticas, y un tercio con ansiedad o depresión.

Asimismo, según el Comité Económico y Social Europeo, la sensación de inseguridad incrementa notablemente el riesgo de problemas psicológicos (aumenta un 61 % el riesgo de depresión, un 77 % el de ansiedad y un 51 % el riesgo de suicidio).

El responsable de salud laboral de ELA, Pello Igeregi, ha señalado que muchas de las situaciones presentadas como «absentismo» están vinculadas a derechos laborales: bajas médicas, permisos, vacaciones o huelgas.

En este sentido, ha denunciado que el verdadero problema no es el absentismo, sino la precariedad, y ha lanzado un mensaje directo a la patronal: «Si quiere reducir las incapacidades temporales de las personas trabajadoras, que acepte subir el salario mínimo a 1.500 euros».

Andoni Larralde, representante de salud laboral de dicha central sindical, ha explicado que el verdadero problema es el «presentismo», obligar a muchas personas trabajadoras a acudir al trabajo sin haberse recuperado.

En el acto han intervenido dos trabajadoras para respaldar estas denuncias. Una de Mercadona ha explicado que sufrió presiones de la empresa en relación con una intervención quirúrgica, y una representante de Bilbobus ha denunciado que la dirección trabaja con la empresa Qready para controlar el absentismo laboral.

CCOO: «Nuevas formas de morir en el trabajo»

CCOO Euskadi también ha escogido la capital vizcaina para exigir más control de la administración pública sobre unas condiciones laborales que están provocando «accidentes, enfermedades profesionales y nuevas formas de morir en el trabajo».

Así, el responsable de Salud Laboral de este sindicato, Alfonso Ríos, ha demandado que se amplíe la plantilla de Osalan y de la Inspección de Trabajo, una reivindicación que se puso como condición para apoyar la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2021-26 y que se aceptó, pero «todavía no se ha hecho y es un problema».

Ha llamado también la atención sobre el hecho de que la mitad de estos accidentes de trabajo mortales «ya no han sido originados por las causas típicas que veníamos observando, como pueden ser golpes, caídas o atrapamientos», sino que, «muchas veces, están originados por infartos o patologías cerebrovasculares o de este tipo».

A su juicio, las administraciones públicas «tienen que dar unas directrices más claras sobre cómo esas nuevas condiciones de trabajo hacen que cambien las formas de morir en el trabajo». «Esto se relaciona con nuevos sectores que van a tener más empleabilidad y en los cuales las formas de morir no van a ser las habituales», ha insistido.

Por otro lado, ha apuntado que durante 2025 se hicieron en la CAV «270.000 horas extra a la semana y más de la mitad no se pagaron», lo que supone que «aquí no hay ningún absentismo, lo que hay es explotación pura y dura de la clase trabajadora por parte de algunas empresas en este país».

«Sanciones ejemplares»

En Nafarroa, UGT y CCOO se han concentrado en Iruñea para reclamar «sanciones ejemplares», ya que «sin una Inspección de Trabajo reforzada, la prevención se queda en papel mojado». Eva Azanza, secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT en dicho herrialde, ha comentado que no se pueden tolerar «las cifras de siniestralidad, que siguen matando».

Además, ha resaltado que las empresas «tienen una responsabilidad: condiciones dignas, jornadas razonables, límites a las horas extras y salarios que permitan vivir» a los trabajadores. «Todo eso es prevención. Cuando falla, las consecuencias son irreparables», ha apuntado.

Por su parte, Alfredo Sanz, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO Nafarroa, ha puesto el foco en el hecho de que el territorio foral es la segunda comunidad con los índices más altos y se ha observado sobre todo un aumento en los accidentes in itinere (+12%), unos datos «muy preocupantes».

Convenio de colaboración

Lakua, Osalan y el Ministerio Fiscal han firmado un convenio de colaboración con el que pretenden reducir la siniestralidad laboral, agilizando su investigación y actuando no solo sobre los accidentes mortales y graves, sino también sobre aquellos que pudieran haberlo sido y enfermedades profesionales.

Con una vigencia de cuatro años, el convenio no implica contraprestación económica para ninguna de las partes y su firma materializa lo acordado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre.

En el acto, desarrollado este martes en el Palacio de Justicia de Bilbo, han tomado parte el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, la directora general de Osalan, Lourdes Iscar, y la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán.

El acuerdo articula la cooperación técnica y material para que se den canales de información recíprocos sobre la actuación de cada parte en relación a los siniestros laborales con resultado de muerte o lesiones graves, así como situaciones de riesgo con trascendencia penal.

La máxima representante de la Fiscalía ha defendido que, fruto del documento, se compartirán «recursos y conocimientos» entre técnicos y fiscales con el objetivo de trasladar el mensaje de que se quieren evitar «espacios de impunidad». «Y, sobre todo, no relativizar las responsabilidades penales por el hecho de que haya pactos indemnizatorios», ha defendido.

Por su parte, Torres ha destacado que el documento supone un «paso adelante» en el refuerzo de la prevención, investigación y persecución de infracciones y delitos. Ha detallado que también se va a facilitar el establecimiento de canales ágiles de comunicación y el desarrollo de actividades de formación.

Asimismo, ha apostado por elevar el «nivel de exigencia» en relación a la seguridad y salud en el trabajo, también por parte de las empresas a la hora de cumplir la legislación.