Cuatro ertzainas que participan en la investigación sobre las irregularidades en el derribo del palacete Irurak Bat han expuesto este jueves en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Getxo los obstáculos que han hallado en el acceso a expedientes municipales. Aunque un agente ha afirmado que no lo atribuyen «a la mala fe», lo cierto es que esos impedimentos forzaron que se llevara a cabo el registro de varias dependencias del Ayuntamiento.

La toma de testimonio a los policías autonómicos que redactaron los informes que han derivado en la imputación de diez personas –entre ellos, tres exconcejales del PNV y tres técnicos del Consistorio– ha acaparado buena parte de la primera jornada de las tres previstas.

Finalmente, solo habrá otra, el próximo lunes, al haber pospuesto a junio la citación al arquitecto municipal Urko Baltziskueta, que denunció que se le apartó del expediente urbanístico tras sostener en un informe que no estaba justificada la demolición de un edificio protegido, y de otra arquitecta que también defendió esa tesis.

En un documento remitido a la entonces jueza instructora, la Ertzaintza concluía que estaba acreditado que quienes están supuestamente vinculados al derribo del singular inmueble, en agosto de 2024, cometieron un presunto delito contra el patrimonio histórico, que se amplió más tarde al de prevaricación.

Fue en uno de los atestados, ya que en otro se ahondó en la cuestión para concluir que no estuvo justificada la decisión adoptada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo de otorgar la licencia para ello, al ser el palacete Irurak Bat un bien protegido.

Un informe pericial solicitado por el instructor al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro ratifica las tesis de quienes mantienen que el inmueble de 1845 no podía ser derribado, en sintonía con otro de la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Ejecutivo de Lakua, que destaca su valor y considera que es un «bien a proteger».

Los ertzainas han respondido a las preguntas de la fiscal, de los abogados de las acusaciones que ejercen PP y EH Bildu, así como de seis letrados de la defensa. Muchas han sido de índole técnico vinculadas a aspectos relativos a cómo han desarrollado las pesquisas.

No hay que obviar que la defensa de los imputados ha alimentado la tesis de una supuesta mala praxis de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza en la investigación, al objeto de anular parte de las pruebas obtenidas en los registros. En los primeros escritos, estos letrados reclamaron al magistrado Marcos Amor la nulidad de las actuaciones.

La Fiscalía, al igual que lo han dicho este jueves los agentes, respaldó que el registro de los despachos del Área de Urbanismo era la «única diligencia posible» para tratar de esclarecer los hechos. Durante la instrucción, los policías autonómicos han tratado de indagar en torno a supuestas conexiones entre los ediles, funcionarios y la promotora de las viviendas de lujo que se pretenden levantar en el solar del centro de Algorta.

Los agentes han insistido en que han desarrollado la investigación de forma acorde a la ley, a pesar de los problemas que tuvieron que afrontar para acceder a la documentación del Ayuntamiento y que les obligó a solicitar a la jueza Neus Galobardes la orden de registro de los despachos de las personas que intuían podían haber cometido supuestamente varios delitos al forzar que la operación inmobiliaria siguiera adelante. Además, se han ratificado en el contenido de los informes que remitieron al juzgado.

También han sido interrogados los dos policías municipales que se personaron, a requerimiento de varios vecinos en la calle San Nicolás número 11 cuando se estaba derribando el palacete. No han aportado ninguna novedad.

Sin problemas estructurales

Por último, ha comparecido el profesional que firmó la Inspección Técnica del Edificio (ITE) en 2018, quien ha asegurado que el inmueble no presentaba problemas estructurales que supusieran un riesgo.

En el atestado policial que obra en poder el juzgado se recoge que el Ayuntamiento de Getxo no vigiló que la propiedad cumpliera las obligaciones que fijó esa inspección.

El próximo lunes están citados a declarar el presidente de la cooperativa Ereaga Atalaya, a la que se responsabiliza de la desaparición del palacete, así como los vecinos que denunciaron la actuación ante la Policía Local. También acudirá al juzgado un responsable de la empresa que llevó a cabo la polémica demolición.