El jurado popular ha declarado a Jaime R. culpable de asesinar a cuchilladas en Gasteiz en 2023 a su esposa, Maialen Mazón, que estaba embarazada de mellizas en el momento del crimen.

Por este motivo el jurado lo ha declarado también culpable de dos delitos de aborto, así como de otro de abandono de menor, ya que la hija de la pareja, de dos años y medio de edad en ese momento, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre.

El jurado no ha admitido las agravantes de género ni de ensañamiento, pero ha considerado que Jaime R. actuó con alevosía, es decir, que Maialen «no tenía ninguna posibilidad de defenderse», y ha estimado también la agravante de parentesco que habían pedido tanto las acusaciones particulares ejercidas por la familia de Maialen y el Consejo del Menor de Araba, como la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor.

Se ha rechazado por tanto la petición de absolución de la defensa por trastorno mental transitorio, la eximente incompleta de trastorno mental transitorio y la atenuante de consumo de alcohol, que pedía de manera subsidiaria.

Tras la lectura del veredicto las cuatro acusaciones han mantenido su petición de una pena global de 45 años de cárcel: 25 por el asesinato, 8 por cada aborto y 4 por el abandono. Piden asimismo la retirada de la libre potestad sobre la niña, la prohibición de comunicarse o acercarse durante 10 años y 750.000 euros en dos indemnizaciones: 500.000 para la niña y 250.000 para su abuelo, el padre de Maialen.

Ahora la jueza deberá redactar una sentencia condenatoria en función de los hechos considerados probados por el jurado y de las agravantes que han considerado probadas.

Abandono de su hija

Este crimen se cometió en la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Gasteiz, adonde la pareja se había trasladado unos días antes procedentes de la Comunidad Valenciana, donde residía con anterioridad y de donde es natural el acusado.

El cuerpo de Maialen, que recibió 13 cuchilladas -una mortal y el resto superficiales-, no fue descubierto hasta las 14.30 horas el día siguiente. Durante ese tiempo, alrededor de 18 horas, su hija estuvo sola en el apartamento en el que había sido asesinada su madre, que en el momento de los hechos tenía 32 años.

Jaime, de 33 años entonces, tenía una orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos (Málaga), que ambos incumplían de manera sistemática, y Maialen figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen.

Rebaja a ‘riesgo bajo’

Sin embargo, la Ertzaintza rebajó su calificación a «riesgo bajo» cuando ella intentó sin éxito retirar la denuncia en contra de Jaime. Este cambio ha sido calificado como un "gran error" por parte de la fiscal. Este caso llevó a la Policía vasca a cambiar sus protocolos en casos de violencia machista.

En el juicio, celebrado desde el pasado 4 de mayo en la Audiencia Provincial de Araba, las acusaciones han sostenido que Jaime asesinó a Maialen de forma «consciente y voluntaria» por la «no aceptación» de la ruptura de su matrimonio -ella había iniciado en Gasteiz una incipiente relación- porque entendía que la víctima «era suya» y matarla era «la única forma de perpetuar el dominio».

Por su parte, la defensa ha asegurado que Jaime «colapsó por algo que pasó en la habitación» donde se alojaba la pareja, que en ese momento «hizo un borrón amnésico y a partir de ahí no sabía que estaba matando».

Según ha sostenido este letrado durante el juicio, su defendido sufrió un trastorno mental transitorio favorecido por un trastorno previo de déficit de atención con alteración biológica que se agravó con el consumo de alcohol.

Clara Campoamor: «Sensación agridulce»

La asociación Clara Campoamor, que ha ejercido la acusación popular ha afirmado que tiene una «sensación agridulce», según ha señalado a Europa Press la letrada Cecilia Piris, que ha destacado que no se ha tenido en cuenta la agravante específica de violencia de género. «Es uno de los grandes problemas que tenemos todavía social y jurídicamente», ha asegurado.

Piris cree que la sociedad exige «determinados patrones de pureza y vulnerabilidad ideal de las víctimas». «Todavía existe una tendencia, muchas veces inconsciente, de identificar a la víctima de género como una mujer pasiva, dócil, frágil, y en este caso no era así. Tenemos un problema en la sociedad», ha subrayado.

En su opinión, el veredicto así lo refleja, ya que seis miembros del jurado entendieron que existía agravante de violencia de género y tres no, cuando se necesitan siete para salir adelante. «Esto, trasladado a la sociedad, significa que un 25% entiende que no es violencia de género», ha indicado.