Adiós a los astilleros
La decisión de la Comisión Europea de obligar a devolver a los inversores las bonificaciones fiscales obtenidas a través del sistema «tax lease» compromete seriamente el futuro de los astilleros de Euskal Herria y el Estado español, en crisis desde las reconversiones de los 80 y las posteriores privatizaciones.
La crisis no es nueva en la industria naval. En la década de los 80, solo en la ría del Ibaizabal, los astilleros tenían 15.000 trabajadores directos. En la actualidad, todos los astilleros vascos dan empleo, directo e indirecto, a unas 17.000 personas. Esta paulatina mengua de la industria naval, producida a base de reconversiones y privatizaciones desastrosas, podría recibir su puntilla final con la decisión de la Comisión Europea de obligar a devolver las ayudas públicas concedidas entre los años 2007 y 2011.
Para entenderlo, cabe abordar en primer lugar dichas ayudas públicas, que se dieron, a partir del año 2002, a través del mecanismo conocido como «tax lease», que permitía la compra de buques con descuentos fiscales de entre el 20 y el 30%. Una medida que el Gobierno de Aznar no comunicó a las autoridades europeas y que generó las quejas de los astilleros del norte de Europa, que denunciaban que los compradores se dirigían al Estado español por las mejores condiciones económicas que ofrecía.
Pero el Estado español no fue el único en aplicar este incentivo fiscal. El ejemplo más cercano es el del Estado francés, contra el que la Comisión Europea abrió un expediente en abril de 2005, declarando ilegales las ayudas del «tax lease» en diciembre de 2006, al considerar que minaban la libre competencia entre los países europeos. Sin embargo, Bruselas no obligó a la industria naval francesa a devolver las ayudas, bajo el argumento de que hacerlo sería provocar un caso de inseguridad jurídica.
Con este precedente, la Comisión Europea abrió un expediente contra el Estado español en noviembre de 2011, a raíz de una denuncia puesta por Holanda. En un primer momento se especuló con que las ayudas a devolver serían desde 2005 en adelante –cuando se abrió el expediente al Estado francés–, aunque partes implicadas como el Gobierno de Lakua argumentaban que la devolución se debía dar a partir de 2011, año en que se abrió el expediente –como en el caso francés–. Finalmente, como ya es conocido, Bruselas ha impuesto al Estado español la devolución del «tax lease» desde el año 2007, que es cuando entró en vigencia la prohibición de este sistema a raíz del caso francés. Pero a diferencia del Estado galo, Bruselas no quiere dar su brazo a torcer en el caso del Estado español, obligando a la devolución efectiva de las ayudas.
Consecuencias inciertas
Conocida la sanción, toca ahora anticipar las consecuencias que tendrá la devolución de las bonificaciones fiscales, algo todavía incierto. De hecho, aún no se conoce la cantidad exacta de dinero que hay que devolver, ya que solo existía un cálculo sobre las devoluciones desde el año 2005, que se situaban en los 3.000 millones de euros –1.000 millones procedentes de astilleros vascos–. Dado que la sanción finalmente se impone a partir de 2007, cabe pensar que la cifra será algo menor, aunque esto no se sabrá hasta que el Ejecutivo del PP presente las cuentas a Bruselas.
Otro tema debate es sobre quién recaerá la responsabilidad de devolver el dinero. Desde Bruselas, el comisario de la materia, Joaquín Almunia –natural de Bilbo– ha repetido en numerosas ocasiones que la carga de la devolución no recaerá sobre los astilleros, ni siquiera sobre los propios armadores, sino directamente sobre los inversores.
Sin embargo, esto no acaba de convencer a los cerca de 17.000 trabajadores directos e indirectos que dependen de los astilleros en Euskal Herria –98.000 en todo el Estado–, que si bien no tendrán que abonar directa e inmediatamente el importe de las ayudas, ven con preocupación que los inversores dejen de financiar la construcción de nuevos buques, dada la inseguridad que provoca el hecho de que ahora, seis años después, tengan que devolver dinero. De hecho, el Foro Marítimo Vasco advierte de que el crédito de las entidades financieras ya está totalmente paralizado. La diferencia, argumentan, es que devolver ellos las ayudas supondría una muerte rápida para el sector, mientras que la devolución recaiga sobre los inversores supondrá una muerte lenta.