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La jueza Lamela desoye a la Fiscalía y deja a Trapero en libertad sin fianza

La jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela, desoyendo la petición de fianza de la Fiscalía, ha dejado en libertad con las medidas cautelares al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero porque considera que no hay riesgo de fuga y que no puede comprometer la investigación, al tiempo que al haber sido apartado del cargo al frente del cuerpo policial no puede ocultar o destruir pruebas.

El exmayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero (izquierda), a su llegada a la Audiencia Nacional en una comparecencia anterior. (J. DANAE/ARGAZKI PRESS)

La magistrada Lamela ha desoído la petición inicial de la Fiscalía, que había solicitado, al finalizar la comparecencia de Trapero, que le dejase en libertad, pero bajo fianza de 50.000 euros.

Trapero ha estado declarando durante casi dos horas y media ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que le imputa un segundo delito de «sedición», esta vez por la «total inactividad» de los Mossos ante el referéndum del 1 de octubre.

La magistrada resalta en su auto que la única referencia que hace el Ministerio Público para pedir fianza para Trapero es la imputación de un segundo delito de «sedición», lo cual agrava su situación procesal, y la posibilidad de que pueda ocultar o destruir nuevas pruebas. «Estimo que estos motivos no son suficientes para incrementar las medidas cautelares», explica.

La jueza subraya que Trapero conoce la nueva imputación desde el pasado lunes, «así como la posibilidad de que los hechos puedan calificarse también como delito de organización criminal», y que la petición de la Fiscalía podía ser «intuida» por el propio investigado desde hace días, «al haberse hecho eco ya de ello algunos medios de comunicación». A pesar de todo ello, afirma, ha acudido a la citación.

Investigación «bastante avanzada»

Y en lo que respecta a la investigación en sí, Lamela destaca que la misma se encuentra «bastante avanzada» y las diligencias que ordenó en el auto del pasado lunes –identificaciones de mossos relacionados con el dispositivo policial del 1-O– «no pueden verse comprometidas por acción del señor Trapero».

Por último, la magistrada recuerda que Trapero ya no está al frente de los Mossos d'Esquadra, por lo que «tampoco tiene una posición de mando dentro del cuerpo que le permita favorecer la ocultación o destrucción de pruebas».

Por todo ello, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 opina que las medidas cautelares que se mantienen para Trapero desde el 16 de octubre pasado son «suficientes en este momento para garantizar la plena disposición de aquél a las resultas del presente procedimiento, asegurando su disponibilidad física ante el órgano judicial».

Comunicado de la Fiscalía

Según una nota de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Pedro Rubira ha argumentado la petición de fianza para Trapero en «la agravación» de su situación procesal.

Además, otro de los motivos es que en esta tercera declaración ante Lamela, «se han conocido detalles importantes que anteriormente ocultó», fundamentalmente esas reuniones con miembros del Govern –como Carles Puigdemont y Joaquim Forn– y otros «mandos policiales» sobre el referéndum.

La Fiscalía insiste en que el mayor de los Mossos, que fue relevado de su cargo tras la aplicación del artículo 155 por su compañero Ferrán López –citado hoy también como testigo–, «no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración».

Medidas cautelares del 16 de octubre

Tras el último interrogatorio el pasado 16 de octubre, la titular el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional español le dejó en libertad con medidas cautelares tales como comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, retirada de pasaporte, prohibición de salida del Estado español, indicación de un teléfono de contacto donde esté localizable «inmediatamente» e indicación de una persona para que reciba cualquier tipo de notificación.

Cuatro meses después Lamela le ha vuelto a citar por la imputación de un nuevo delito de «sedición» al entender que existió un «plan premeditado» en los Mossos y una «total inactividad» para evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre.