Egiari Zor anima a víctimas de la violencia estatal a pedir ser reconocidas por Lakua

En rueda de prensa esta tarde en Bilbo, en nombre de Egiari Zor Ane Muguruza e Ibon Larrinaga han destacado cómo hoy el Gobierno de Gasteiz ha abierto el plazo para presentar solicitudes para acogerse a la ley de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos practicadas por el Estado. Una legislación, han recordado, que ha sido difícil sacar adelante por los obstáculos interpuestos por partidos españoles, sindicatos políciales e instancias judiciales para impedir o dificultar al menos el reconocimiento a personas muertas, torturadas o gravemente heridas en la CAV entre 1979 y 1999.

«Han sido, precisamente, aquellos que todavía niegan la verdad de lo sucedido en el conflicto vasco, aquellos que aún no han asumido su responsabilidad por haber generado dolor y haber vulnerado derechos humanos, los que se han situado como contrarios activos a la ley», han remarcado quienes trabajan desde 2012 en defensa de los derechos de las víctimas de la violencia estatal.

Egiari Zor es consciente de que esta ley no logrará, «de ninguna de las maneras», acabar con la discriminación que estas víctimas. Pese a ello, valoran «muy positivamente» su puesta en marcha, al considerar que «contribuye a la construcción de la convivencia, pues puede hacer posible el reconocimiento de forma oficial y pública de muchas víctimas y muchas vulneraciones de derechos humanos, y puede ofrecer a las víctimas recursos eficaces para su proceso de reparación».

Dos años de plazo

Entienden que es «imprescindible» no dejar pasar «esta oportunidad» para el reconocimiento. Han expuesto que se abre un plazo de dos años en el que las personas que sufrieron las violencias practicadas por el Estado podrán exponer sus casos ante una comisión de valoración. Una vez analizados, este comité será el encargado de determinar si existió vulneración de derechos humanos o no, y conceder las medidas restaurativas oportunas.

Egiari Zor insiste en que es «muy importante» que todas las personas víctimas de la violencia practicada o auspiciada por el Estado presenten las solicitudes, para que la vulneración de derechos humanos que sufrieron sea reconocida. Así, han reiterado su llamamiento, siendo plenamente conscientes de que la ley no llegará a dar cobertura a todos, que muchas solicitudes serán desestimadas.

Pese a ello, estiman que «es de vital importancia seguir recorriendo la senda hacia el pleno reconocimiento», valiéndose de «todos los instrumentos a nuestro alcance para sacar a la luz todas y cada una de las consecuencias de la violencia del Estado en nuestro pueblo, que hasta hace bien poco eran negadas y no formaban parte de los censos oficiales».

«Conocer la verdad»

«Hemos de dar a conocer toda la verdad en torno a la tragedia generada también por el Estado en el contexto del conflicto político vasco, hasta lograr que ninguna persona víctima de vulneración de derechos humanos quede en desamparo», han destacado Muguruza y Larrinaga en la comparecencia.

Quienes podrán presentar las solicitudes son aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la CAV, en el período comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999. Esto incluye a familiares de personas fallecidas; víctimas con lesiones permanentes que han derivado o no en algún grado de incapacidad permanente; y aquellas que padecieron torturas, maltrato grave y lesiones de carácter no permanente.

También podrán cursar solicitud aquellas personas que, pese a haber sufrido la vulneración de derechos humanos fuera de la CAV, fueran ciudadanas de este territorio. El plazo finalizará en setiembre de 2021.

Antes, el 17 de abril de 2020, concluirá el periodo para las víctimas que padecieron conculcaciones de derechos humanos del 1 de enero de 1960 al 28 de diciembre de 1978 que no presentaron solicitud a través del Decreto 107/2012. Los formularios, han explicado, se formalizan a través de la web de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.