Murga presenta un nuevo modelo de OPE «consensuado» sin contar con partidos y sindicatos

La consejera de Salud, Nekane Murga, y el director general de Osakidetza, Juan Luis Diego, han presentado este martes en el Parlamento de Gasteiz un nuevo modelo de OPE, en el que se incluyen 37 medidas que afectan a cinco ámbitos, entre los que figuran la composición de los tribunales y la elaboración de los exámenes.

Se apuesta por redimensionar el número de miembros de los tribunales, y se propone que la selección de los mismos se realice por sorteo, previa definición de los candidatos mediante «criterios objetivos». Además, se aprobará un código de conducta que recoja las obligaciones de las personas elegidas, que recibirán un programa de formación sobre las tareas propias, las normas conducta y las obligaciones éticas que deben desempeñar.

También se abre la puerta a la posibilidad de realizar análisis estadísticos de distribución de resultados y a disponer de un marco metodológico manual operativo específico para la elaboración y corrección de pruebas. Se aboga por encomendar al IVAP la elaboración de las pruebas teóricas en formato test, «cuando las características propias del proceso así lo aconsejaren»; y se establece que la confección de las pruebas prácticas no se encomiende a una sola persona.

En este sentido, llama la atención que el documento presentado por Murga hable de dejar en manos de los propios tribunales la elaboración de las pruebas prácticas para «favorecer la confianza en los miembros de la tribunales» y, a renglón seguido, se advierta de que «la elaboración de las pruebas prácticas se pueda encomendar a expertos en la preparación de este tipo de pruebas».

«Esta medida puede parecer contradictoria con la anterior, pero no es descartable tener abiertas ambas posibilidades», señala el texto, que incide en que «el hecho de que los vocales de los tribunales se designen por sorteo entre funcionarios o personal estatuario fijo puede dar lugar a que sean designados miembros de los tribunales profesionales sin ninguna experiencia en la preparación de pruebas de examen».

Asimismo, se habla de la introducción de un elemento de azar en la concreción final de las pruebas; de disminuir el peso de las pruebas teóricas en los procesos selectivos de de especialistas formados bajo el sistema de residencia; y de incluir de forma progresiva pruebas complementarias a las de los conocimientos teóricos. Así, se aboga por introducir pruebas tipo test que permitan evaluar competencias de desempeño de tareas, o entrevistas conductuales estructuradas para determinadas categorías.

Críticas de la oposición y de los sindicatos

Murga y Diego han defendido estas medidas y han señalado que las mismas son fruto de un proceso participativo, con vocación de «consenso». Algo que ha sido desmentido por los grupos de la oposición, que han dejado claro que no conocían la redacción final del documento.

La parlamentaria de EH Bildu Rebelka Ubera ha censurado que han sido los responsables del Departamento de Salud los encargados de decidir qué medidas se incluyen en el texto, «y lo vendéis como un acuerdo», ha reprochado. «Esto no es una negociación, ni un marco de consenso. Lo habéis decidido vosotros. Nosotros nos acabamos de enterar», ha manifestado.

Parece que los sindicatos mayoritarios tampoco han podido participar en la elaboración del documento. ELA ha denunciado que el nuevo modelo de OPE propuesto por el Departamento de Salud «no pone fin al actual sistema corrupto de selección ni a la precariedad laboral que está en la base del mismo» y LAB ha alertado de que las medidas no garantizan que los siguientes procesos selectivos «sean limpios, estén exentos de fraude y que se vaya a acabar con el sistema corrupto y clientelar asentado en las especialidades médicas».

«Desde LAB, criticamos tanto las formas como el contenido de estas medidas. Para nosotras, las medidas planteadas son insuficientes, no estamos de acuerdo con muchas de ellas, parten de un no-reconocimiento de las filtraciones producidas y, además, se han adoptado de modo antidemocrático y excluyente, dejando fuera a las fuerzas sindicales que, precisamente, han denunciado las filtraciones», ha manifestado.