Las «rentas básicas» vascas, 30 años de historia que aún no alcanzan el umbral de la pobreza

El acuerdo entre Gobierno español y PNV establece que serán la CAV y Nafarroa quienes gestionen el IMV pero será Madrid quien asuma los fondos, es decir quien pague la mayoría de la factura de la RGI.

Con ello, se plantea desde ya la posibilidad de un incremento de los ingresos de las personas en exclusión y pobreza y de los  pensionistas que cuentan con rentas por debajo del umbral de la pobreza, un umbral que en Hego Euskal Herria ronda los 1.080 euros mensuales. Hasta la fecha PNV, PSE y PP en la CAV y Navarra Suma y PSN siempre se han opuesto a que se complementen los bajos ingresos hasta esta cantidad de referencia, es decir, el 60% de la mediana salarial, como fija la Carta Europea de Derechos Sociales.

A falta de que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desvele este viernes el contenido íntegro del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), se ha anticipado que será una aportación de unos 462 euros mensuales para una persona, que irá creciendo según aumenta la unidad de convivencia, hasta un máximo de 1.015 euros (2 adultos y dos niños).

La Renta Garantizada de Nafarroa asciende actualmente a 624 euros y la RGI de la CAV supone 694 euros al mes. Son cantidades que le destacan en el ranking por comunidades del cuadro adjunto pero quedan bastante alejadas del salario mínimo interprofesional (SMI) y del umbral de la pobreza de Hego Euskal Herria.

En realidad, la cantidad de la RGI en la CAV debiera de ser mayor simplemente si se cumpliera la ley de 2008. Desde la etapa de lehendakari de Patxi López ha sufrido potentes recortes, ya que se redujo un 7% anual con el argumento de los ajustes impuestos a nivel general, con lo que la pérdida acumulada se encuentra a estas alturas en torno al 26%.

Además, según esa ley, la RGI se tendría que corresponder con el 85% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero continúa quedando lejos de ese baremo.

Ingreso incondicional

Aunque a estas ayudas se las denomina como «renta básica», en realidad no lo son. En la CAV y Nafarroa se llegaron a denominarlas así en 2000 con el impulso de la Carta de Derechos Sociales, pero pronto se modificaron.

«La renta básica universal es un ingreso incondicional y universal de 715 euros mensuales, que recibirían todos los residentes adultos acreditados, y 143 euros los menores, como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de parte de la renta del 20% de personas más ricas hacia el resto de la población», explica la Red Renta Básica, que lleva dos décadas prácticamente en este empeño.

Para fijar una panorámica actual, en el Estado español hay 17 tipos de ingresos mínimos de inserción, que cuentan con diferentes  denominaciones: desde la Renta Garantizada de Ciudadanía, en Catalunya, a Renta Valenciana de Inclusión y Renta de Integración Social de Galicia.

Las prestaciones varían. La cantidad más baja por un miembro se encuentra en Madrid con 400 euros y la más elevada alcanza los 694 euros en la CAV, seguida de Valencia con 665 euros; después son 664 euros en Catalunya y Nafarroa se queda en 624 euros, seguida de Extremadura con 537 euros al mes.

Incremento por covid-19

La crisis por la pandemia del covid-19 ya ha provocado en Hego Euskal Herria un incremento de la demanda de estas ayudas sociales. En Nafarroa se estima que mil familias más requerirán la renta garantizada, por lo que el Gobierno foral ha implementado 14,2 millones para cubrir las necesidades de que podrían estar en situación de exclusión social o pobreza. En 2019 en Nafarroa se atendieron 15.712 unidades familiares, aunque en algo más de un tercio de los casos (5.586) alguno de sus miembros logró un empleo compaginando ambos ingresos. Es decir, fueron lo que se denomina trabajadores pobres.

En la CAV, los demandantes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en abril se incrementaron en 931 personas desde inicio de año hasta llegar a los 53.274 perceptores. 10.026 de estas personas reciben complementos a sus ingresos por el trabajo en el que están contratadas. Son trabajadores pobres; más del dos tercios, mujeres (6.800). Las expectativas de Lanbide barajan que se producirá un incremento a medida que se vaya agudizando la crisis. 2015 fue el punto más alto, superando los 62.000 perceptores.

En el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa destaca –como recoge la Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno de Gasteiz– que hay otras 60.000 personas en la pobreza y la exclusión que no perciben la RGI.
 
Desde los años 80

Hagamos un poco de historia. La reconversión industrial que se inició a comienzos de la década de los 80 dejó en la CAV en la pobreza a muchas personas. Se instauró un Ingreso Mínimo Familiar en 1989, que después se llamó Ingreso Mínimo de Inserción, debido al fuerte incremento de «la pobreza en un país rico como Euskadi», explicaron desde el Gobierno de Gasteiz. Entonces la cuantía máxima se fijó en los actuales 200 euros al mes por unidad familiar. Hubo 5.218 solicitudes de ayuda.  

En 1999 la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria movilizó a la sociedad vasca y el 27 de diciembre de 2000 vio la luz la Renta Básica en la CAV, aunque sería modificada el 22 de junio de 2007.
 
En 2008 llegó la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, promovida por Eusko Alkartasuna. El objetivo fue profundizar en esa dimensión de activación de las políticas de garantía de ingresos y en la rentabilización del empleo.

En 2011 se modificó, a impulso de PSE y PP, la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. (RGI). La principal expresión de esta reformulación fue el traspaso de la gestión a Lanbide. Además generó mucho desconcierto y comenzaron las trabas para acceder a la RGI, que en estos momentos perduran.

Y desde hace dos años, el pasado 27 de abril de 2018, hay en marcha otra reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) promovida por PNV y PSE,  que «ni acaba con la pobreza y la exclusión, ni con el maltrato de Lanbide», según denuncian los colectivos sociales y sindicales.

En Nafarroa también la historia es larga. En 1999 se inició el proceso para establecer la obligación de establecer la Renta Básica, cuya cuantía sería del 80% del salario mínimo interprofesional (SMI) gracias a la movilización social de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

En 2008 se modificó esta ley, estableciendo que la cuantía de la Renta Básica sería del 100% del SMI a partir de 2010. El mayor cambio llegó en 2012, con UPN y PSN en un Gobierno Barcina que resultaría efímero. Una consejería del PSN impulsó un tremendo recorte, modificando incluso el nombre, pasando a Renta de Inclusión Social y eliminando la referencia al SMI en la cuantía.

Hubo otros cambios significativos en 2013 y en 2015, entre otras cosas al rebajarse el requisito de edad a 18 años. Y finalmente ha llegado la actual Renta Garantizada, que vuelve a dejar fuera al SMI y mantiene dificultades al acceso que han sido denunciadas.