«Son los Estados los responsables de las desapariciones»

«Que digan dónde están, quiénes son los perpetradores y que sean llevados a juicio, porque si se mantiene la impunidad, los delitos se van a volver a cometer», advierten familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y representantes de comisiones de la verdad participantes en un debate organizado por el Foro Social Permanente, Egiari Zor y Paz con Dignidad, en el que subrayan que «hemos aprendido que los responsables son los Estados y sus agentes».

Las prácticas escalofriantes de las dictaduras latinoamericanas desde las décadas de los 60 hasta los 80, desde Paraguay a Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Argentina o Bolivia dejaron más de 240.000 personas detenidas desaparecidas en América Latina, según datos del Comité Internacional de Cruz Roja.

Representantes de organizaciones de familiares de estas víctimas han abordado este jueves, en un debate on line, los procesos de búsqueda de víctimas desaparecidas y los mecanismos de reparación por los que han luchado y siguen luchando.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, celebrado el pasado 30 de agosto, el debate, organizado por Paz con Dignidad, Egiari Zor Fundazioa y el Foro Social Permanente, ha tenido el objetivo de aprender de estos procesos.

Desde Euskal Herria, Eneko Etxeberria, hermano de José Miguel Etxebarria ‘Naparra’, desaparecido hace 40 años, ha trasladado su cariño y un saludo a las cuatro participantes latinoamericanas.

Los responsables, agentes del Estado

Maria Adela Antokoletz, hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo en Argentina, ha dejado el primer apunte de las lecciones que aprendieron en su caso: «Había responsables concretos. Eran agentes del Estado».

«Fuimos aprendiendo que son los Estados y sus agentes y también quienes, encubiertos, contaban con el permiso o la aquiescencia del Estado».

En esa lucha, que en Argentina emprendieron en un primer momento «como se podía», encararon la búsqueda de  hijos, padres o nietos, detrás de lemas como «Aparición con vida» que luego dieron paso a los ejes de Memoria, Verdad y Justicia, y que fueron recogidos por la Convención de Naciones Unidas como «verdad, justicia y reparación».

Mención a Martín Villa

Antokoletz ha apuntado que la etapa de lograr la verdad «es en la que está inmerso el pueblo vasco y la asociación de memoria histórica en el Estado español, con algunos avances esta misma tarde, tal vez».

El ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa apareció así en el debate sobre memoria histórica que se desarrollaba mientras comparecía ante la juez argentina María Servini para responder por las acusaciones de delitos de lesa humanidad.

«Por primera vez un funcionario del franquismo es interrogado ante un tribunal», subrayaba Antokoletz.

Otra lección la apuntaba Nila Heredia. Médica, activista y política boliviana, exministra de Salud y presidenta de la Comisión de la Verdad de su país: «A pesar del tiempo y de las dificultades, es posible recuperar material».

Ha recordado que Bolivia tuvo la primera Comisión de la Verdad del continente, formada en 1983, pero duró poco y los sucesivos gobiernos de derecha no permitieron rehacerla durate casi 40 años.

Finalmente, fruto de la lucha de asociaciones de familiares, fue la última que se constituyó, ya bajo el Gobierno de Evo Morales, para investigar lo ocurrido entre 1964 y 1982.

Dificultades

El tiempo transcurrido y el hecho de que el Ejército no haya abierto sus archivos presenta la dificultad de trabajar con la memoria de las personas –además muchas de ellas ya han muerto– y de «reelaborar historias con mucho dolor». «Nunca se olvida compañero o familiar desparecido», señalaba Heredia.

El Gobierno surgido del golpe de Estado en Bolivia ha vuelto a poner trabas y ha paralizado la ampliación de los archivos que estaban llevando a cabo.

Además, aunque «los responsables y anteriores comandantes no estén mantienen su influencia en las estructuras del Ejército y Policía».

Al ser el caso boliviano parte de la Operación Cóndor que involucró a varios países latinoamericanos, sortearon la dificultad con la investigación que se hizo en Argentina.

Y una casualidad poco antes del golpe de Estado les permitió «acceder a gran cantidad de documentación muy importante que aún no hemos tenido tiempo de trabajar».

Antokoletz ha señalado que la sociedad sabe organizarse con la creatividad necesaria ante estas trabas que plantean las instituciones o las leyes, y ha recordado cómo los hijos de desaparecidos pusieron en marcha los escraches contra represores argentinos para sacarlos a la luz, pero ha insistido en que «la responsabilidad sigue siendo del Estado».

Los logros son fruto de la lucha de las víctimas

Una tercera lección que aprender la aportaba Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia: «Los logros son fruto de la lucha de las víctimas».

Monzón ha recordado que en Colombia, con registros de desapariciones desde 1977, en 1991 se aprueba en la Constitución el marco jurídico que prohibe las desapariciones forzadas, y tratos crueles y degradantes.

«Es increíble pero se escribió», ha señalado. Aun así las desapariciones continuaron y no fue hasta el año 2000 en el que los familiares de las vícitimas lograron el «reconocimiento jurídico de un delito específico de desaparición forzosa. Fue dificilísmo».

Y destacaba que lo consiguieron con «alianzas, organización y aprendiendo».

También intervinieron en 2016, cuando ante la firma del acuerdo de paz advirtieron de que debían abordarse las desapariciones.

Ha insistido en que las víctimas son fuente de conocimiento con el que van «empujando a las instituciones. Saben lo que no fuciona, lo que toca hacer».

Judith Galarza Campos, secretaria General de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (México), ha dejado claro qué necesitan los familiares de estas víctimas: «Que digan dónde están, quiénes son los perpetradores y que sean llevados a juicio, porque si se mantiene la impunidad, los delitos se van a volver a cometer».

Pero no solo eso. También «reconocer públicamente que son hombres y mujeres que lucharon en organizaciones políticas, de derechos humanos, indígenas... que los hicieron desaparecer por un compromiso social con su pueblo».

Feminicidios

Judith Galarza subrayaba la vertiente de género de este tipo de represión que añade «humillaciones por ser mujer y las detenidas son muchas veces hostigadas y violadas».

Precisamente, en México, cuando a finales de los 80 y principios de los 90 bajaban las desapariciones forzadas en la mayoría de los países, las mujeres obreras mexicanas eran desaparecidas, torturadas y violadas.

«Nos dimos cuenta de que detrás había diversas autoridades y medios de comunicación y que era una lucha bastante fuerte. Denunciamos que había un plan de política de Estado y denunciamos que el objetivo era intimidar a las mujeres», señalaba Galarza, a la vez que advertía de que «es una violencia que no ha terminado. El 90% de casos siguen impunes... y las fiscalías no han llegado a la verdad de lo que ha sucedido».

En este punto, Monzón recordaba que en el proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC se introdujo la prespectiva de género al abordar los impactos y de violaciones que se cometieron en conflicto armado», porque señalar qué facilitó cierto tipo de estrategias contra ciertos sectores sociales es garantía de no repetición».

Ha subrayado que en el caso colombiano hay un subregistro de las mujeres desaparecidas, con solo 7.000 casos de más de 80.000, al no identificarlas como vinculadas a desaparición forzada. 

La trampa de la reconciliación

Nila Heredia ha sido tajante al hablar de la reconciliación que se promulga desde algunas instituciones y al contestar si las víctimas pueden perdonar.

«Definitivamente no. No vamos a olvidar a los compañeros y familiares. Los culpables tienen que ser enjuiciados. No se puede olvidar. No generaría responsabilidad, no se puede reconciliar con alguien que ha cometido semejante barbaridad. No puede haber reconciliación».

Al contario, afirma que es el Estado el que debe «reconciliarse con la población, con comisiones de verdad, juicios y reconocimiento a los compañeros revolucionarios. No los desaparecieron por delincuentes sino porque mantenían una posición política. La única manera de reconciliarse es reconociendo que el Estado aceptó y protegió la desaparición forzada. Un Estado que dice que quiere la reconciliación no quiere que se sepa la verdad».

Criminalización de las víctimas

Precisamente, Galarza subraya la necesidad de «reivindicar a nuestros familiares» frente al imaginario colectivo de una víctima secuestrada y torturada «porque ha hecho algo malo». 

Y para ello sabe que trabaja a contracorriente con los medios de comunicación y las empresas propietarias, «que promueven odio y pensamiento capitalista», que si antes presentaban a las víctimas como «comunistas robaniños» ahora los vinculan en muchos casos al narcotráfico.

Se congratula de que, pese a todo, se ha logrado que la ONU declare el 30 de agosto como día internacional contra las desapariciones forzadas. «Vamos incidiendo y no nos moveremos hasta que haya justicia y reparación integral», zanja.

Monzón ha indicado que «estamos desarrollando metodologías para visiblizar y reconocer a quienes buscan, en todas sus dimensiones».

Se trata de hacer frente a su soledad y abandono, y a la sospecha que aumenta sin un cuerpo de la víctima que presentar. Su proyecto es escuchar a los familiares y «empezar a ver seres humanos detrás de sus búsquedas» con el fin de «eliminar las etiquetas y la estigmatización que los persiguen. Trabajar por la identificación con el dolor».

Puede volver a repetirse

Con golpes de Estado y el auge de la ultraderecha de nuevo en Latinoamérica, la amenaza de las desapariciones forzadas no parece solo algo del pasado.

Adela Antokoletz ha señalado que «más allá de nuestro deseo, la historia puede volver a repetirse. Por eso es importante implicar a la sociedad en el debate de cómo se busca la verdad. Tratando de llevarlos a juicio, con claros responsables». En Argentina quizá sea más difícil pero la historia acecha a los países que no cerraron sus cuentas con la historia. Brasil no cerró sus cuentas con la historia. ¿Quién iba a imaginar que un loco represor como Bolsonaro podía estar dirigiendo el país?».

Ha recordado que, aunque los procesos históricos son resultado de fuerzas colectivas, a veces hay hechos que ayudan, como cuando Adolfo Silingo se presentó en un plató de televisión y reconoció haber participado en los vuelos de la muerte.

«La opinión pública argentina cambió por ese hecho. Hay que aprovecharlo todo. Hoy varias personas implicadas en el secuestro y muerte de mi hermana están condenadas a cadena perpetua. Es una gran reparación, pero no toda».