Las acusaciones piden hasta 8 años de prisión para un exalcalde de Alonsotegi

Ya se conocen las calificaciones de las cuatro acusaciones que concurren en el caso investigado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo por el supuesto fraude cometido en 2011 por el alcalde de Alonsotegi, José Luis Erezuma, en certificaciones de tres obras para solventar deudas que el Consistorio mantenía con la firma Laneder Construcciones a raíz de la quiebra de la sociedad municipal Eraikiz.

Además del primer edil están acusados la arquitecta asesora municipal Marta Novo, el arquitecto Alberto Zulueta, el aparejador Juan Torrontegi, así como los representantes de la constructora Laneder Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra. Queda por fijar la fecha del juicio, que tendrá lugar en la Audiencia de Bizkaia.

Según se desprende de la instrucción, los seis implicados, de común acuerdo, aprovechando unas lluvias intensas que se produjeron en Alonsotegi entre el 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para acometer obras de reparación de supuestos daños.

Sin embargo, estos trabajos, que no se ejecutaron, «buscaban dar cobertura a la obtención de un beneficio económico ilícito» por parte de Laneder, la empresa Arkideiak de Alberto Zulueta, y Juan Torrontegi mediante el pago por el Ayuntamiento de Alonsotegi de 600.000 euros con dinero procedente de la Diputación y de 81.392,38 euros del presupuesto del propio Consistorio. Para ello, apuntan, los acusados elaboraron y presentaron informes, proyectos, certificaciones y liquidaciones de obra y facturas «sin contenido económico real» al Ayuntamiento y este a su vez las presentó a la Diputación para justiticar las subvenciones, que rubricó el por entonces diputado foral de Presidencia, Juan Mari Aburto.

Acusación popular

Hace un año aproximadamente fue la Fiscalía quien solicitó la apertura de la vista oral y calificó los hechos que juzgará la Audiencia de Bizkaia. Si el Ministerio Público solicitó 6 años de prisión para el ex alcalde como autor de los delitos y consideró a los otros cinco acusados como cooperadores necesarios, la acusación popular que ejerce el grupo municipal de EH Bildu en Alonsotegi eleva la petición a 8 años de cárcel y reclama que el dinero que se embolsaron ilícitamente (681.392,38 euros) más los intereses aplicables le sea entregado al Ayuntamiento para que restituya la cuantía de la subvención a las arcas forales.

En su escrito, la acusación popular recuerda que el origen de las irregularidades detectadas en la gestión se encuentra a partir de que en 2003 se ilegalizaran las candidaturas de la izquierda abertzale. Su retorno trajo la fiscalización de la actividad municipal y el descubrimiento de varios asuntos oscuros a partir de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.

Se expone que, en 2009, los investigados habían experimentado con éxito en el Ayuntamiento la «mecánica defraudatoria» que va a ser enjuiciada por la Audiencia de Bizkaia, «creando 'expedientes fantasmas' para cobrar por obras que no se habían ejecutado o que se habían ejecutado con anterioridad». Se cita que Zulueta, Torrontegi, Bediaga e Ibarra» están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Barakaldo «por llevar a cabo idéntica actividad fraudulenta».

«Indudablemente –destaca el abogado Iñigo Santxo en su escrito–, la sensación de impunidad que les generó el hecho que desde el 2009 hasta el 2012 esas prácticas ilegales no hubieran sido denunciadas, les animó a volver a ejecutarlas».

Todas las acusaciones coinciden en que los hechos que se juzgan son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, otros de falsedad en documentos, fraude a las administraciones y de subvenciones, así como de malversación. En el caso de la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Alonsotegi, se solicitan 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por espacio de 10 años y el abono de 663.277,36 euros en concepto de responsabilidad civil.

Respecto a la otra acusación particular, la que corre a cargo de la Diputación de Bizkaia como perjudicada, se adhiere al escrito de acusación de la Fiscalía.