El Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo, el mismo que lleva la causa por el fiasco de Alonsotegi Eraikiz, ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia interpuesta en abril por ediles de EH Bildu ante la Fiscalía por irregularidades detectadas en distintas obras que llevó a cabo el Ayuntamiento de Alonsotegi en 2008. Se investiga al exalcalde jeltzale Aitor Santisteban, al arquitecto Alberto Zulueta –ambos implicados en el caso de la sociedad urbanística municipal– y al aparejador Juan Torrontegi por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y fraude a la Administración.

Tras un arduo trabajo de análisis de distintos expedientes, los concejales independentistas detectaron que en al menos cuatro contratos –los de la reforma de los servicios sociales del campo de fútbol de Basteita, el arreglo de los daños causados en el acceso a esa instalación deportiva y en el camino de Artiba, así como la urbanización de Loibe– se siguió un mismo patrón. Se encargaba a Arkideiak, empresa de Zulueta, la redacción de los proyectos, y a Torrontegi, la dirección de ejecución de la obra.

Posteriormente, a través de un procedimiento negociado sin publicidad, se invitaba a las constructoras Fhimasa, Laneder y Pavisa a licitar, resultando adjudicataria esta última firma. A la conclusión de los trabajos, se certificaban las obras, por las que se abonó 1.113.238,23, buena parte de esa cantidad recibida de ayudas de la Diputación vizcaina y el Gobierno español para paliar los efectos de las inundaciones de 2008.

A pesar de tratarse de obras diferentes, en las certificaciones se incluían conceptos similares, como un «pipican» que aparece curiosamente en los cuatro casos y que no se ejecutó en todos. Fuentes judiciales advierten de que «Alberto Zulueta y Aitor Santisteban no pueden alegar error en las certificaciones, porque las facturas, que han sido abonadas, se han pagado por la cantidad que aparece en las certificaciones, no por la presupuestada».

Informes de reparo

En esa documentación consta la existencia de 24 informes de reparo de la secretaria-interventora y la economista, relativos a 37 facturas y certificaciones. Los informes dejan claro que no existió «acto administrativo previo y necesario para aprobar cualquier gasto»; es decir, no se licitaron en un concurso abierto y con publicidad.

Al tiempo que se comunica a Santisteban, Torrontegi y Zulueta su condición de investigados y se les cita a declarar en el Juzgado, también se convoca a la economista y a la secretaria municipal, además de requerir distinta información sobre las obras donde se han detectado irregularidades.