Más de 5.000 torturados con nombre y apellido pero aún sin reconocer y reparar

El 40 aniversario del emblemático caso de Joxe Arregi conlleva un elemento de actualidad: tras el informe oficial encargado por Lakua, ya hay más de 5.000 torturados con nombre y apellidos que esperan reconocimiento y reparación, y una vía en marcha.

La tortura en Euskal Herria no puede ser pasado en la medida en que no ha sido reconocida por sus autores y responsables, no ha obtenido justicia, ni sus víctimas han sido reparadas. Pero estos últimos años sí han traído dos noticias al respecto: el primer informe oficial que reconoce esta práctica masiva (con 4.113 casos en una primera versión), presentado por el Instituto Vasco de Criminología en 2016, y la Ley de la CAV del mismo año que abre la puerta a reconocer y reparar los llamados «abusos policiales».

En la entrevista que este sábado publicará GARA con motivo de este 40 aniversario, Maribi Arregi, hermana de Joxe, confirma que la familia ha dado el paso de solicitar este reconocimiento y reparación, con la solicitud correspondiente. En su caso no debiera haber duda alguna porque hubo una sentencia judicial condenatoria, aunque fuera irrisoria.

Sin embargo, la Fundación Egiari Zor, que reúne a víctimas de la violencia estatal, y otros agentes como el Foro Social Permanente constatan que las peticiones no están siendo precisamente masivas por el momento, y en concreto en lo que respecta a las miles de personas torturadas.

Egiari Zor ha animado a recorrer este camino en varios ocasiones e insiste en ello también en esta fecha emblemática. Hay plazo hasta el 21 de diciembre para los casos producidos entre 1978 y 1999 (aunque la fundación trabaja de paso para ampliarlo, desde la consideración de que, como ocurre con otros casos de abusos, cada persona necesita su propio tiempo para hacer estos procesos).

Varias causas confluyen en esta situación. Muchas personas torturadas no confían en la vía institucional después de años o décadas de abandono. Otras no quieren darle más vueltas a su sufrimiento. Las hay que no se consideran torturadas porque no se les aplicaron los métodos más brutales, como electrodos o la «bañera». Y se añade un malentendido: hay quienes creen erróneamente que al haber participado en el estudio del equipo de Paco Etxeberria ya están censadas oficialmente como víctimas.

Lógicamente, sin embargo, el reconocimiento y reparación oficiales necesitan una tramitación administrativa. Cada persona tiene que detallar su caso (rellenando una instancia a la que se puede acceder en el portal euskadi.eus) y puede ser requerida por el comité de valoración para aportar más información o realizar una entrevista. Luego hay dos años de plazo tope para resolver.

Esta ley de la CAV ampara a personas que hayan sufrido una vulneración de derechos humanos en la que «hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del mismo, o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada». Y siempre que «como consecuencia de la misma se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas».

En Nafarroa, doble parón

En Nafarroa el proceso aún no está abierto porque siguen vivos en el Constitucional los recursos de PP, Vox y Ciudadanos contra su ley de abusos policiales (resueltos ya en la CAV el año pasado con algunas restricciones que blindaban judicialmente los casos ya sentenciados). Y también está frenado el informe oficial sobre la tortura encargado también al equipo de Paco Etxeberria e inmediatamente torpedeado por el Gobierno estatal.

Con todo, ese censo de personas torturadas sigue adelante con la iniciativa popular en red de la fundación Euskal Memoria, que ya allanó mucho el terreno al informe del IVAC en la CAV. Y según los últimos datos recopila ya 5.657 casos de tortura, lo que suponen más de 5.000 personas, víctimas, que están a la espera de reconocimiento a falta de justicia.