Dinamarca pretende transferir a los solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea

Aunque no participa de «la política común en materia de inmigración» de la UE, Dinamarca ha dado otra vuelta de tuerca para cerrar la puerta a los migrantes y refugiados que llegan al continente europeo. Su Parlamento ha aprobado una ley que permite expulsar a solicitantes de asilo a un tercer país.

El Parlamento danés aprobó ayer una ley que permite crear centros de acogida en el extranjero a los que serían trasladados los solicitantes de asilo que lleguen a este país mientras se tramitan sus peticiones. La norma fue aprobada por 70 votos y 24 en contra y contó con el apoyo del Partido Socialdemócrata, que gobierna en minoría, y de las fuerzas de la oposición de derecha y extrema derecha.

La tramitación del proyecto ha estado rodeado de polémica y ha generado críticas de varios de los aliados de izquierda del Ejecutivo, de ONG y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que han cuestionado su legalidad.

«Al poner en marcha un cambio tan drástico y restrictivo de la legislación sobre refugiados, Dinamarca se arriesga a provocar un efecto dominó», señaló recientemente el representante de Acnur en los países nórdicos, Henrik Nordentoft.

Objetivo: «Cero refugiado»

Dinamarca no forma parte de la política común de la Unión Europea en materia de Justicia e Inmigración –tampoco ha adoptado el euro y mantiene la corona como moneda–, pero hasta hace unos años compartía la tradición de los países nórdicos de facilitar la acogida de refugiados, políticos o económicos.

La línea dura hacia las personas migrantes se ha ido instalando en Copenhague desde hace dos décadas, consolidada por los sucesivos Gobiernos de izquierda y derecha. La actual primera ministra, Mette Frederiksen, que también es la líder de los socialdemócratas, dirige un gabinete de coalición con la Alianza Roji-Verde, el Partido Popular Socialista y el Partido Social Liberal.​

Y con esta iniciativa legislativa, la socialdemocracia danesa culmina un cambio total respecto a la migración, como señala el politólogo Kasper Hansen, profesor de la Universidad de Copenhague, quien incide en que las propuestas que antes estaban reservadas a la extrema derecha se han generalizado en casi todo el espectro político.

Frente a las más de 10.000 personas que obtuvieron asilo en 2015 en este país de poco más de 5,5 millones de habitantes –al que en 2016 llegaron más 20.000 refugiados y solicitantes de asilo–, en 2019 solo fueron 761 y en 2020 la cifra bajó hasta las 601. Respecto a su población, actualmente recibe diez veces menos refugiados que sus vecinos alemanes o suecos.

«Este proyecto es la continuidad de una política simbólica, del estilo de Donald Trump y su muro», comentó antes de la votación de ayer el secretario general de la ONG ActionAid Dinamarca, Tim Whyte.

Así, el Ejecutivo de Frederiksen aplica una de las políticas migratorias más restrictivas de la UE con el objetivo oficial de llegar a «cero refugiado». Esa estrategia incluye la retirada del permiso de residencia para personas procedentes de regiones de Siria calificadas como «zonas seguras» y el endurecimiento de una «ley antiguetos» para limitar el número de habitantes «no occidentales» en los barrios.

Esa ley, aprobada en 2018 por el Gobierno de Lars Lokke Rasmussen (Partido Liberal), fue presentada en su día como un paquete de medidas a favor de la integración y para terminar con las «sociedades paralelas», incluyendo clases para que los menores migrantes se impregnaran de los «valores daneses».

Legalidad internacional

Según el texto aprobado ayer por el Parlamento, todo solicitante de asilo en Dinamarca, una vez registrado y salvo raras excepciones como una enfermedad grave, será enviado a un centro de acogida fuera de la UE. Si no obtiene el estatuto de refugiado, se le exigirá que abandone también el «país de acogida».

Pero, además, «aquellos que obtengan el derecho de asilo no podrían ‘regresar’ a Dinamarca, sino simplemente tendrían la condición de refugiados en el país tercero», explicó Martin Lemberg-Pedersen, especialista en temas migratorios de la Universidad de Copenhague.

Todo el procedimiento se encomendará al tercer país en cuestión, eso sí, previo pago de los costes por Copenhague. Hasta ahora, ningún país ha aceptado un proyecto de este tipo, pero el Ejecutivo danés afirma que lo está discutiendo con cinco a diez que no ha identificado. 

Egipto, Eritrea o Etiopía circulan en la prensa danesa como candidatos. Pero sería con Ruanda, que durante un tiempo consideró acoger solicitantes de asilo en nombre de Israel, con el que las discusiones estarían más avanzadas.

El ministro de Inmigración e Integración, Mattias Tesfaye –su padre es un refugiado eritreo y su madre, danesa–, afirmó que el sistema «debe ser establecido en el marco de las convenciones internacionales. Es una condición previa para un acuerdo (con otro país)». Hace unas semanas, al referirse al régimen político que podría tener ese tercer país, Tesfaye dijo que no se trataría forzosamente de una democracia «tal como la entendemos».

El titular de Integración danés viajó el mes pasado por sorpresa a Ruanda, donde firmó un convenio marco para estrechar la cooperación con este país en materia de inmigración y que abre la puerta a construir allí un hipotético centro de acogida, lo que provocó duras críticas de varias organizaciones.

Por su parte, Amnistía Internacional indicó que los planes de enviar a solicitantes de asilo a Ruanda son «inadmisibles y potencialmente ilegales».

«Campamentos de salida», falso dilema para los refugiados sirios

El endurecimiento de la política migratoria del Gobierno danés tiene uno de sus ejemplos más sangrantes en la decisión de empezar a revocar permisos a refugiados sirios. De esta forma, Dinamarca, que en 1951 fue el primer país en ratificar la Convención para los Refugiados de la ONU, se convierte en el primer país en expulsar a personas que llegaron huyendo de la guerra de Siria alegando que Damasco y sus regiones aledañas son ahora un lugar seguro y sus ciudadanos pueden volver a casa sin miedo.

Según Acnur, Siria es el país de origen con un número más elevado de refugiados, alrededor de 6,6 millones de personas. Aunque la mayoría viven en los Estados limítrofes –la mitad de ese total, en Turquía–, la diáspora provocada por el último conflicto bélico se reparte por todo el mundo.

Como indicaba el portal Euronews, ahora unos 500 refugiados sirios se enfrentan al dilema de tener que elegir entre los «campamentos de salida» o irse de Dinamarca. Debido a la falta de un acuerdo de repatriación con Siria, los refugiados a los que se les pida que abandonen el país nórdico estarán legalmente obligados a vivir, de momento, en los llamados «centros de salida», que están gestionados por el sistema penitenciario danés y diseñados para que los refugiados se marchen «voluntariamente». La motivación es despojarles de sus derechos a recibir una educación o tomar clases de idiomas e imponerles un toque de queda y otras normas especiales.

En protesta contra estas medidas, en Copenhague, cientos de personas iniciaron el 18 de mayo una sentada frente al Parlamento. Y aquí se pueden recoger testimonios como el de Rahima, que forma parte de un grupo con 15 jóvenes sirios a los que se les ha retirado el permiso de residencia.

Su padre, un médico kurdo, huyó de Siria en 2013. Como Dinamarca ofrecía un proceso de reagrupación familiar relativamente rápido y para evitar el riesgo de llevar a toda la familia a través del Mediterráneo, hizo un trato con un traficante de personas y llegó a este país por su cuenta. Rahima pudo entrar en Europa en el verano de 2015. Debido a su origen kurdo y a que su padre tuvo problemas con el régimen de Bashar al-Assad, se le concedió asilo.

Rahima señala que ningún sirio que conozca en Dinamarca se plantearía volver a Siria. «No hay otra opción que vivir en un centro de salida, por eso sienten ansiedad. No hay esperanza ni futuro en Siria. Esa es la situación en la que el Gobierno danés pone a estas personas», advierte.