Ipar Euskal Herria, a la cabeza del ranking del lucro por alquiler de apartamentos turísticos

Después de los departamentos de Var y Vaucluse, en la costa mediterránea francesa, es el departamento que engloba a Biarno e Ipar Euskal Herria el que reporta más beneficios a los propietarios de apartamentos turísticos.

La información incluida en un comunicado de la plataforma Airbn estima los ingresos reportados por esa actividad de alquiler en el departamento de Pirineos Atlánticos es de 2,3 millones de euros.

Las cifras corresponden a los contratos firmados entre abril y julio de 2021 vía la plataforma Airbnb. 

El informe pone en evidencia que esta fórmula de alojamiento sigue convenciendo a propietarios y usuarios, pero también refuerza las preocupaciones por los efectos derivados de ese «éxito comercial», al añadir tensión al mercado del alquiler tradicional.

Un problema mayor que incide especialmente en las generaciones más jóvenes, pero que también tiene efectos en forma de gentrificación de ciudades como Baiona, cuyas clases populares se ven expulsadas a las periferias, con el consiguiente reto en cuanto a modalidades de transporte y asignación de servicios.

De hecho, la primera iniciativa adoptada por la Mancomunidad Vasca trató de poner coto al alquiler vacacional se remonta a octubre de 2019. La normativa se basaba en un doble criterio, al establecer, de una parte, una zonificación y, de otra, poner límites al multi-alquiler.

Ese reglamento, que entró en vigor en enero de 2020, marcaba tres zonas. La primera, o «zona de máxima tensión inmobiliaria se circunscribe a la costa labortana y comprende una veintena de localidades con Biarritz a la cabeza. En ese sector cada propietario solo puede alquilar un bien.

La segunda zona incluye a seis municipios (Baiona, Arrangoitze, Azkaine, Ahetze, Arbona y Basusarri), y en esa franja una misma persona puede alquilar hasta dos bienes con fines turísticos.

Finalmente, en la tercera zona (Hiriburu, Jatsu, Mugerre, Lehuntze, Milafranga, Urketa, Biriatu, Uztaritze, Larresoro y Bokale) se optó en 2020 por no poner límites a ese modo de alquiler, pese a que para entonces era constatable ya la tendencia a ofertar bienes también en zonas de retaguardia de la costa labortana.

Autocrítica y anuncio de nuevo reglamento

El pasado 24 de julio el consejo comunitario de la Mancomunidad Vasca votaba por unanimidad una nueva iniciativa cara a paliar el imparable aumento de la oferta de bienes de alquiler dedicados al turismo, unos 10.000 en los tres territorios.

En esa reunión el presidente de la institución de Iparralde, Jean-René Etchegaray, entonaba el «mea culpa» al reconocer que el dispositivo puesto en marcha en 2020 «se ha demostrado claramente insuficiente».

Efectivamente, según constataba el alcalde de Urruña y consejero delegado en materia de suelo, Filipe Aramendi, muchos propietarios han logrado bordear un reglamento que aludía al alquiler de persona a persona. A esos propietarios les ha bastado, reconocía el representante abertzale, con crear una sociedad para poder aumentar la cifra de bienes que se ofertan vía internet.

De ahí que la Mancomunidad se plantee extender las limitaciones más allá de las personas físicas, para acotar las transacciones que se realizan mediante figuras mercantiles como la SCI o la SARL, pero también sopese la posibilidad de aplicar un régimen compensatorio, mediante el cual los multipropietarios que orientan sus bienes al alquiler de temporada «estén obligados a proponer, en la misma zona, bienes de alquiler anual».

Una fórmula similar rige en el Ayuntamiento de Burdeos, gobernado desde las elecciones de 2020 por una coalición progresista que incluye a formaciones de izquierda y a ecologistas.

El reglamento aplicado en la capial girondina fue objeto de recurso en tribunales a cargo de los propietarios, lo que obligará a la Mancomunidad Vasca a hilar fino en la materia.

Informe presentado por Alda

En una entrevista concedida recientemente a ‘Mediabask’, el responsable de Turismo de la Mancomunidad Vasca, Daniel Oltzomendi, se mostraba claramente favorable a reforzar los controles sobre los alquileres vacacionales a través de plataformas de internet.

Reconocía que la implantación de la nueva norma, avalada por el consejo comunitario, se postergará unos meses pero daba por sentado que, disipadas las dudas jurídicas, el reglamento se hará realidad en el nuevo curso político.

El primer edil de Izura recordaba que el sistema de compensación al que parece orientarse la institución vasca ha demostrado ya sus beneficios, y evocaba los informes presentados por el movimiento Alda, que ha llevado a cabo en los últimos meses diversas acciones, ya en el casco histórico de Baiona ya a las puertas de la sede de la Mancomunidad del sur labortano, en Urruña, para reclamar medidas integrales para garantizar el derecho a la vivienda a la población local.

Alda presentó precisamente a la Mancomunidad, el pasado 20 de julio, una petición oficial, apoyada por 2.200 firmas, en las que se plantea precisamente la adopción de una nueva regulación que incluya medidas de compensación, una iniciativa a la que globalmente daba su aval la Mancomunidad Vasca días más tarde.

Los datos facilitados por la propia plataforma Airbnb solo pueden ser un acicate para, superado el periodo vacacional, poner en marcha los mecanismos precisos cara a contar con las herramientas y las garantías legales que prmitan sacar del mercado turístico viviendas que precisan las personas que viven y trabajan en Ipar Euskal Herria.