EH Bildu pide crear una comisión de incompatibilidades para altos cargos
La parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas ha registrado en el Parlamento de Gasteiz una proposición no de ley para la creación de una comisión de incompatibilidades cuyo objetivo sea analizar eficazmente el paso de altos cargos públicos a empresas privadas.
El paso de altos cargos del Gobierno de Lakua a empresas privadas es una fuente habitual de noticias que son difícilmente entendidas por la ciudadanía. En unos casos, porque los órganos del Ejecutivo no parecen cumplir debidamente con sus obligaciones y, en otros, porque aunque se cumpla la ley en su literalidad, es difícil no observar la existencia de ciertas puertas giratorias.
Tan solo en los últimos días ha trascendido la tardanza en responder a la petición de la ex consejera de Salud Gotzone Sagardui para fichar por el hospital Vithas, que el exdirector del EVE Iñigo Ansola pasara a una empresa antes de dejar su cargo, o que de los diecinueve altos cargos públicos que han dado el salto a una firma privada diez recibieran el visto bueno cuando ya era tarde y otros nueve el mismo día que se supone que se incorporaban al nuevo trabajo.
Un caso llamativo es que, como se ofrecen más detalles en esta misma página, Mutualia haya contratado como su nuevo director médico a Mikel Sánchez, que durante años fue responsable de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias en ese mismo área del Gobierno de Lakua.
Proposición no de ley
En este contexto, la parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas ha registrado en el Parlamento de Gasteiz una proposición no de ley para la creación de una comisión de incompatibilidades cuyo objetivo sea analizar eficazmente el cumplimiento de la legalidad de los altos cargos.
Según la propuesta presentada en la Cámara autonómica, esta comisión se encargaría de todo lo relativo a los conflictos de intereses de los altos cargos, tanto durante su mandato como en los dos años posteriores. El objetivo sería el de «declarar su compatibilidad o incompatibilidad y pronunciarse sobre la idoneidad de los nombramientos de los candidatos o candidatas que corresponden al Gobierno».
Se trataría, señalan desde la formación proponente, de que una comisión creada para ello analizara esas incompatibilidades como se hace en el propio Parlamento para la toma de posesión del escaño y para representar a la Cámara en otros organismos, como pueden ser el Consejo de Administración de EiTB u otros.
En la actualidad, el control de los altos cargos corresponde al Servicio de Registro de Personal de la Dirección de Función Pública. Se presenta como una comisión autónoma e independiente, pero lo cierto es que, por ejemplo, dar el visto bueno a que un alto cargo pase o no a una empresa privada depende finalmente del «titular del departamento competente en materia de función pública», que en la pasada legislatura fue la consejera Olatz Garamendi y, en la actual, María Ubarretxena.
En los dos mandatos hay varias muestras de que este servicio no ha cumplido con su función o ni siquiera se lo ha planteado.
Sánchez, Mutualia y 530.389 euros facturados
Después de conocerse que la ex consejera de Salud Gotzone Sagardui -que cuando dejó su cargo en el Gobierno volvió a su puesto directivo en la UPV- había sido fichada como directora por la clínica privada Vithas de Gasteiz, trascendió también que Mikel Sánchez, que fue responsable de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias de la Consejería, había sido contratado como director médico por Mutualia.
Antes de llegar al Gobierno, Mikel Sánchez había desarrollado su carrera profesional en Osakidetza, donde llegó a ser jefe del Servicio de Urgencias en el Hospital del Alto Deba y de Galdakao-Usansolo. Entre el 10 de abril de 2019 y el 2 de agosto de 2024 fue director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias y después, en lugar de volver a la Sanidad Pública, recibió el permiso para contratar por Mutualia. Lo llamativo es que ese visto bueno se firmó el mismo día del fichaje, lo que no parece un correcto funcionamiento del sistema.
Según el permiso oficial, Mikel Sánchez no firmó contratos con Mutualia, pero durante su tiempo como alto cargo Osakidetza, la mutua facturó al Departamento de Salud un total de 530.389 euros durante esos seis años, según una respuesta remitida por el Gobierno al Parlamento.