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Vox presenta una querella en el Supremo contra Chivite, Cerdán y Koldo García

El partido de extrema derecha que lidera Santiago Abascal apunta a los tres por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal; e incluye a la lehendakari porque era «la responsable última, orgánicamente, de las licitaciones y adjudicaciones» a Servinabar.

Santos Cerdán y María Chivite, durante la campaña electoral de 2023. (EUROPA PRESS)

Vox ha presentado este jueves una querella en el Tribunal Supremo contra la lehendakari María Chivite, el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

En un comunicado, la formación ultraderechista argumenta que la querella se basa en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el ‘caso Koldo’, en el que «se destapaba una serie de amaños en las contrataciones públicas en Navarra».

Añade en su denuncia que Chivite, debido a su cargo, es «la responsable última, orgánicamente, de las licitaciones y adjudicaciones» a Servinabar, la empresa de la que se filtró que Cerdán posee el 45% de las participaciones –extremo que ha sido negado por la compañía–, de forma que apunta al exsecretario de Organización como «el enlace entre el Gobierno de Navarra y los comisionistas y las empresas adjudicatarias, utilizando su posición prevalente en el PSOE».

Vox les acusa de crear «un sistema de retribución perfectamente estudiado» para el reparto de «comisiones ilegales», y atribuye a Koldo García el «papel central» en la trama, ya que «tenía funciones operativas, logísticas, de enlace político y de aseguramiento de influencia en los estadios políticos».

En un mensaje de la red social X, Vox apunta que «estamos personados en más de 200 causas contra el Gobierno socialista corrupto».

La querella del partido de Santiago Abascal también se dirige contra Fernando Agustín Merino, exresponsable de Acciona en Nafarroa, y otros excargos de Obras Públicas en el herrialde, y se pide que se extienda contra los funcionarios que «hayan participado en la licitación y adjudicación de los contratos».