Lakua considera «innecesaria» e «insostenible» la ILP sobre complemento de pensiones
El Consejo de Gobierno ha acordado su criterio desfavorable a la tramitación de la ILP sobre un complemento de pensiones presentado en el Parlamento con el apoyo de 145.000 firmas, por considerarla «innecesaria», y advierte de «sus riesgos de duplicidad, desigualdad e insostenibilidad financiera».
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha informado este martes de que el Consejo de Gobierno de Lakua ha aprobado mostrar su criterio desfavorable a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre un complemento de pensiones presentado en el Parlamento con 145.000 firmas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria al considerarla «innecesaria» y advierte de «sus riesgos de duplicidad, desigualdad e insostenibilidad financiera».
Cabe recordar que el pasado 17 de julio, el lehendakari, Imanol Pradales, y el propio Mikel Torres, se reunieron con una representación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, a la que dijeron de que habían pedido un informe de constitucionalidad sobre la ILP de complemento de pensiones. Ni en la nota oficial del Gobierno de Lakua sobre los acuerdos del Consejo ni en la rueda de prensa posterior, se ha hecho mención alguna a este informe de constitucionalidad.
El Gobierno de Lakua tenía de plazo hasta el 8 de este mes para exponer su posición sobre la toma en consideración o no de la ILP. Aunque su postura legalmente no es determinante, es evidente que marcará el voto de PNV y PSE, que tienen mayoría absoluta en la Cámara.
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria entregó el 15 de mayo en el Parlamento de Gasteiz las 145.142 firmas recogidas durante cuatro meses para la Iniciativa Legislativa Popular dirigida a garantizar un complemento de pensiones. Según sus impulsores, de su aprobación podrían beneficiarse 100.000 pensionistas, de los que 65.000 son mujeres.
Esta ILP demanda la creación de un sistema vasco de complemento de pensiones que garantice que todos los pensionistas mayores de 60 años residentes y empadronados en la CAV tengan unos ingresos mínimos equivalentes al 100% del SMI. En 2025, el salario mínimo fijado es de 1.184 euros brutos repartidos en 14 pagas.
Torres: El sistema actual ya va bien
Según ha informado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, el Gobierno considera «que esta propuesta resulta innecesaria y contraria a la coherencia del actual Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, aprobado recientemente por el Parlamento Vasco con un amplio consenso político».
Mikel Torres ha asegurado que «la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema». Ha añadido que «desde 2008, Euskadi dispone de un modelo propio de garantía de ingresos que asegura rentas mínimas dignas y contempla medidas específicas para pensionistas». Y que además «en 2022 reforzó estas coberturas, situando las cuantías por encima de los umbrales de pobreza europeos y reconociendo a las personas pensionistas como colectivo prioritario».
El vicelehendakari ha afirmado que «el sistema actual cuenta con medidas específicas ya que prevé complementos del 40 % sobre la cuantía base, reconoce unidades de convivencia excepcionales y realiza revisiones periódicas para garantizar la adecuación de las cuantías». Y que además «evita duplicidades y desigualdades frente a la propuesta de la ILP que plantea complementar las pensiones de forma individualizada, sin tener en cuentas los ingresos de la unidad de convivencia», lo que podría suponer «un trato preferente» hacia los pensionistas en detrimento de otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad o personas trabajadoras con bajos ingresos».
«La mejora de las pensiones corresponde al Estado»
Por otro lado, el Gobierno autonómico subraya que, «por la naturaleza de la medida, corresponde al ámbito estatal abordar posibles mejoras generales de pensiones, mientras que el sistema vasco ya garantiza la protección social desde la asistencia».
Asimismo, Torres ha advertido de que la aplicación de la ILP supondría un gasto estructural insostenible para las finanzas públicas vascas.
El criterio negativo del Gobierno de PNV-PSE se resume en que afirma «que la ILP no se ajusta ni a la normativa vigente ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social. Y recuerda que la propuesta no cumple los requisitos establecidos en el Reglamento del Parlamento Vasco en relación con las iniciativas que implican un aumento de los créditos presupuestarios».
Reacción de los pensionistas
«Con este informe desfavorable, nuestras peores expectativas sobre la posición del Gobierno se están cumpliendo y nos sentimos doblemente engañados», han trasladado los pensionistas tras conocer la noticia.
«Lejos de ser un informe jurídico, como se nos dijo en la reunión del 17 de julio, el informe que se nos presenta es un informe político sin ningún tipo de rigor ni de datos, sin correspondencia con el informe presentado junto a la ILP por el Movimiento Pensionista en septiembre del año pasado», censuran los promotores de la ILP.
Además, el Movimiento de Pensionistas recuerda que la iniciativa legislativa popular está definida como «un cauce de participación política del pueblo, garantizado por el art. 23 de la CE y por el Estatuto de Autonomía».
Los promotores censuran que se pretenda dar así «carpetazo» a una propuesta «que ha exigido esfuerzos de todo tipo y un procedimiento arduo y costoso, y que ha concitado el apoyo de todas las organizaciones sindicales sin excepción, de cientos de organizaciones sociales y feministas y de más de 145.000 firmas».
«Parece evidente que el PNV y el PSE-EE han decidido consumar lo más rápidamente posible este atropello a la participación de la ciudadanía», denuncian.
Avanzan también que la decisión de Lakua de oponerse la ILP tendrá consecuencias y señalan que anunciarán las movilizaciones correspondientes el 8 de septiembre, día en que retomarán su dinámica de concentraciones.
EH Bildu pide a Lakua reconsiderar la negativa
Al poco de conocerse el informe desfavorable del Gobierno a la toma en consideración de la ILP, EH Bildu hizo público un comunicado en el que considera un «error grave» la decisión y un desprecio a las decenas de miles de pensionistas firmantes de la iniciativa. Añade que es «un desacierto que contradice ese modelo de gobernanza cooperativa y participativa del que tanto se habla, pero que a la hora de la verdad no se practica».
El primer grupo parlamentario de la oposición pide al vicelehendakari y consejero Mikel Torres que «se replanteen esta decisión y reflexionen seriamente sobre si este modo de proceder es el correcto. En nuestro país contamos con las condiciones socioeconómicas necesarias para garantizar pensiones dignas y poner freno a la precariedad».
Asegura EH Bildu que «despachar de un plumazo 145.142 firmas en un Consejo de Gobierno supone ignorar la precariedad que miles de pensionistas, especialmente mujeres, sufren hoy en día». Y añade que «sigue plenamente comprometida con esta reivindicación» y trabajará «para que la voz de decenas de miles de pensionistas sea escuchada y debatida en el Parlamento Vasco».