Lakua confirma su criterio desfavorable a la tramitación de la ILP sobre un SMI propio

Segundo portazo del Ejecutivo de Lakua a que una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de cien mil firmas en los dos casos pueda ser siquiera tramitada y debatida en el Parlamento de Gasteiz. Primero fue la referida a las pensiones mínimas y en esta ocasión a tramitar las reformas necesarias para poder fijar un Salario Mínimo Interprofesional.

Según ha explicado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, el rechazo se debe a consideraciones «jurídico-constitucionales», de «oportunidad» y de apuesta por que «se negocie un salario de convenio entre la patronal y los sindicatos». La decisión del Gobierno no figura en el dossier escrito enviado a los medios con los temas más importantes tratados en el Consejo.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha reaccionado a la decisión afirmando que la posición mantenida por el Gobierno de Lakua y sus explicaciones son «más una excusa que una razón de peso que se utilizará para reafirmar la capacidad de veto de Confebask». La formación de izquierda independentista considera que «en coherencia con la demanda mayoritaria representada en el Parlamento Vasco, por la mayoría sindical y por la sociedad vasca, se puede y se debe tramitar la Iniciativa Legislativa Popular en favor de un Salario Mínimo Interprofesional acorde a nuestra realidad socioeconómica».

Cabe recordar que a lo que se opone el Gobierno en este caso no es únicamente al contenido de esta ILP o en el caso anterior a la de pensiones, sino que impide que se llegue a tramitar en el Parlamento, donde su contenido podría ser enmendado o corregido, teniendo en cuenta además que PNV y PSE disponen de mayoría absoluta.

Legalidad de la ILP

La ILP presentada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde y apoyada por 138.495 firmas solicita del Parlamento que inicie la tramitación de una iniciativa legal ante las Cortes Generales para modificar la Ley del Estatuto de los Trabajadores para que cada comunidad autonómica pueda establecer un SMI aplicable en su territorio.

El informe de los servicios jurídicos del Parlamento que analizaron la forma y el contenido de la ILP asegura que «serán admisibles, en todo caso, las iniciativas legislativas populares que tengan por objeto instar el ejercicio de las facultades de iniciativa reconocidas constitucionalmente a la Comunidad Autónoma ante otros órganos legislativos, como es el caso», por lo que apoyaron su tramitación».

Lakua defiende «la unidad de mercado» en el Estado

Frente al informe de los servicios jurídicos del Parlamento, el Gobierno sostiene que el artículo 149 de la Constitución española define que el Estado tiene competencia exclusiva en materia laboral, por lo que defiende que la propuesta de la ILP no es la correcta. El informe gubernamental dice textualmente que «este tipo de transformación estructural no puede impulsarse únicamente mediante una ILP, sino que exige un proceso de concertación social y política amplio, en el que se incluya un análisis técnico previo sobre los impactos jurídicos, económicos y sociales que una medida de estas características pudiera conllevar».

Además, Mikel Torres ha afirmado que se debería «poner el foco en las consecuencias que tendría la ruptura de la unidad de mercado»

En opinión del Ejecutivo PNV-PSE, «existen mecanismos plenamente válidos y operativos dentro del marco jurídico actual ligados a la negociación colectiva sectorial y territorial que permiten fijar salarios mínimos superiores al SMI estatal en convenios colectivos de ámbito autonómico o provincial. Así como la suscripción de acuerdos interprofesionales autonómicos que pueden establecer dichas condiciones salariales mínimas para sectores sin convenio».

Cabe recordar que en la tarde del lunes el EBB ya hizo público un comunicado en el que se posicionaba en contra de esta ILP, lo que hacía presagiar el informe negativo del Consejo de Gobierno, aunque el PNV hacía consideraciones políticas que no se recogen ahora en el criterio gubernamental.

Confusión sobre el número de firmas

Al vicelehendakari segundo se le ha preguntado sobre el hecho de que el Gobierno esté impidiendo que el Parlamento tramite propuestas populares que han concitado el apoyo de  138.495 firmas en este caso y 145.142 personas en el caso de la ILP de las pensiones. El consejero ha puesto en duda esa cifra, alegando que la información que les ha remitido el Parlamento recoge tan solo unas 10.200 firmas.

Lo que ocurre es que la Oficina del Censo Electoral remite un escrito en el que certifica que «se supera el mínimo de 10.000 electores firmantes» que pide la ley vasca para admitir una ILP. En este caso, se dice que de todas las firmas recogidas y entregadas «se ha procedido a la grabación de 10.496 firmas» con las que han comprobado que 10.218 figuran en el censo.

Lo mismo ocurrió con la ILP sobre las pensiones mínimas. De las 145.142 firmas se procedió a la grabación de 11.055 comprobando que 10.703 estaban en el censo y, por lo tanto, se superaba el requisito mínimo legal de 10.000 firmas.

Crítica de ELA y LAB

Los sindicatos impulsores de la ILP han criticado con dureza el rechazo del Gobierno a que pueda incluso ser tramitada en el Parlamento y han anunciado movilizaciones para la consecución de ese SMI propio.

ELA sostiene que «la decisión política del PNV de rechazar la opción de un SMI vasco en el Parlamento de Gasteiz ha mostrado la cara más antidemocrática y centralista de un partido que aún se denomina abertzale y que con este anuncio se coloca directamente en un espacio compartido con PSE, PP, CCOO, UGT y, por supuesto, la patronal Confebask».

A esto añade que «ELA seguirá trabajando con otros sindicatos en la reivindicación de un SMI vasco, y reclama el voto a favor de los grupos políticos en la próxima votación del Parlamento de Gasteiz, de modo que esta reivindicación prospere y se pueda debatir la modificación del Estatuto de los Trabajadores en el Congreso de los Diputados».

LAB ha denunciado que «el Gobierno Vasco quiere cerrar todas las vías a establecer aquí un salario mínimo propio. Ha rechazado la reivindicación de dignificar las condiciones de vida de las y los trabajadores vascos: por un lado, la negativa a mediar en el intento de conciliación que tendremos mañana con la patronal. Por otro lado, se niega a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 138.495 firmas».

Asegura LAB que «la ILP no tiene excusas desde el punto de vista técnico y, por tanto, el informe del Gobierno debería permitir llevar el debate al Parlamento. Sin embargo, el Gobierno de Pradales, en clara posición antidemocrática, esgrime argumentos políticos para cerrar las puertas al debate».

Y subraya que «el Gobierno sabe perfectamente que Confebask no está dispuesta a negociar el salario mínimo que necesita la clase trabajadora vasca y está dando por buena su postura. No ha hecho absolutamente nada para presionar a la patronal».

Reacción de Pello Otxandiano

Tras conocerse el criterio desfavorable de Lakua, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento ha asegurado que el Ejecutivo de PNV y PSE «vuelve a dar la espalda a la voluntad de miles de vascas y vascos que, a través de su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la mayoría sindical de este país, exigen un salario suficiente que dignifique las condiciones de vida».

Añade que «en un contexto en el que la incertidumbre económica y la ruptura del contrato social forman parte del discurso de la mayoría de las fuerzas políticas, es un error que el PNV y el PSE no gobiernen en consecuencia».

Otxandiano afirma que «la precariedad laboral, junto con la emergencia habitacional, se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de proyectos de vida de cada vez más personas, especialmente de la juventud vasca. Tal y como alertaba un informe remitido recientemente por el propio Gobierno Vasco, las y los jóvenes vascos ven retrasada su emancipación casi cuatro años respecto a la media europea».