Dos directivos de la macrogranja de Caparroso, condenados por delito contra el medio ambiente

Dos integrantes del consejo rector de la cooperativa Valle de Odieta, propietaria de la macrogranja de Caparroso, han sido condenados por delito contra el medio ambiente, mientras que otros tres han sido absueltos por el Juzgado de lo Penal número 2 de Iruñea.

Los condenados son Alberto y Pedro José Guerendian Azpiroz. A cada uno de ellos se les impone una pena de un año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y catorce meses de multa con una cuota diaria de doce euros. Además, se les inhabilita para ejercer la profesión de ganadero o agricultor durante catorce meses. Las acusaciones populares realizadas en nombre de Sustrai y Greenpeace, integrantes de la Plataforma Navarra contra las Macrogranjas, habían pedido una pena de tres años de prisión.

La misma sentencia absuelve a María Francisca y Pedro María Cilveti Oyarzun y Alberto Guerendiain Azpiroz, que se sentaron en el banquillo de los acusados en la vista que tuvo lugar en Iruñea en septiembre. Los dos condenados ejercen la responsabilidad agroganadera de la explotación, mientras que los absueltos son meros integrantes del consejo rector de la cooperativa. Alberto Guerendiain es el presidente del consejo rector de la cooperativa.

A todos ellos se les acusaba de delito medioambiental por un episodio de contaminación registrado en 2021.

«Sin autorización administrativa»

La sentencia señala que los condenados «sin obtener autorización administrativa, sustituyeron los camiones cisternas por pívots y aspersores móviles para el riego de las parcelas que siembra» y añade que en enero de 2021 emplearon este sistema «sin adoptar las medidas de precaución adecuadas para calcular la cantidad de digestato, el grado de permeabilidad de la tierra y las condiciones climatológicas, de forma que se llevó a cabo un exceso de riego que ocasionó encharcamientos en la zona regada, de modo que parte de este exceso de riego cayó por los cortados del barranco hacia el río Aragón y otra parte se deslizó por la acequia del camino del Soto de la Cueva hasta desembocar en la balsa del Soto». Todo ello en una zona protegida.

Junto a ello, la sentencia añade que los condenados «expusieron que no establecieron ningún sistema de alerta o control específico los días que realizaron el reparto del digestato por medio de los pívots» y que emplearon «un protocolo unilateral contrario a la autorización normativa».

«La fertirigación que se llevó a cabo se acredita que se realizó contra la autorización medioambiental concedida conforme a la normativa en vigor, que el Consejo debía conocer; se realizó sin controles específicos, y con conocimiento de que comportaba además de una infracción una peor gestión y un peor control de la distribución del digestato», añade la sentencia.

Sustrai y Greenpeace: «Cuestiona la ganadería industrial»

Sustrai Erakuntza y Greenpeace, que se personaron como acusación popular, han mostrado su satisfacción por la sentencia.

«Esta sentencia viene a confirmar lo que las organizaciones ecologistas, sociales y agrarias coordinadas en la Plataforma Navarra en contra de las Macrogranjas hemos venico denunciando desde hace años: las macrogranjas contaminan suelos y acuífero. Por eso consideramos que esta sentencia no es solo para Valle de Odieta, si no que condena a un modelo de ganadería industrial que atenta contra el medio ambiente, la salud de las personas y el bienestar animal», ha señalado Pablo Lorente, de Sustrai.

En este sentido, ambas organizaciones destacan que «lo que está en cuestión es el modelo de ganadería industrial que se está extendiendo por Navarra y que atenta contra el medio ambiente, la ganadería familiar asentada en el territorio, la salud de las personas y el bienestar animal».

Por ello, consideran que esta sentencia debte ser «un toque de atención para el Gobierno de Navarra», ya que «deja en evidencia su negativa a personarse en la causa» y porque «debería entender que seguir promoviendo el modelo agroganadero industrial supone más contaminación y la hipoteca futura del sector primario en Navarra».

Lorente ha subrayado que esta sentencia no hubiera sido posibe sin el trabajo desinteresado de decenas de voluntarios que en Martzilla, Alesbes o Larraga han defendido la salud de las personas, la tierra y el agua.

«Sale barato destruir el medio ambiente»

Lorea Flores, coordinadora de Greenpeace en Nafarroa, por su parte, ha lamentado que «a pesar de que aplaudamos esta sentencia, también nos confirma que en Navarra y en general el Estado español, sale más barato destruir el medio ambiente que defenderlo».

En este sentido, ha recordado que «las multas que tuvimos que costear las activistas que protestamos en defensa del medio ambiente son cinco veces más altas que la que tendrán que pagar los directivos de Valle de Odieta por delito medioambiental».

«Mientras esto siga siendo así, nuestra biodiversidad seguirá en peligro», ha lamentado Flores.