Disminuye la población en exclusión social en la CAV, pero aumenta la que está en riesgo
La exclusión social ha bajado al 11,8 % en la CAV, pero crece con fuerza la población «en la cuerda floja», que alcanza el 34,7 %. El informe Foessa alerta de que, pese a la mejora global, disminuye la integración plena y aumentan la precariedad, las desigualdades y la vulnerabilidad habitacional.
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han logrado disminuir el número total de personas en situación de exclusión social, que se sitúa en el 11,8 % (259.000 personas), pero se ha incrementado de manera importante el segmento de población que no disfruta de una integración social plena, hogares que se encuentran «en la cuerda floja», que suman el 34,7 %.
Es una de las principales conclusiones que arroja el cuarto informe sobre la CAV elaborado por la Fundación Foessa, perteneciente a Cáritas, presentado este miércoles en Gasteiz. En la anterior oleada (2020), que reflejó la situación de crisis derivada de la pandemia de la covid-19, el informe señaló que 360.000 personas, el 16,3 %, vivían en situación de exclusión.
Del total de personas en exclusión social, 84.000, el 3,8 % de la población, padece de su manifestación más severa, mientras que el 7,9 % se encuentra en situación de exclusión moderada. Sin embargo, el porcentaje de población que no sufre ninguno de los indicadores estudiados y gozan de una integración social plena ha disminuido notablemente, al pasar del 59,1 % en 2018 y del 57,7 % en 2020, al 53,5 % que arroja el último informe, referido a 2024.
Aunque la tasa global de exclusión se reduce, baja el número de personas integradas totalmente y aumenta el porcentaje de quienes se encuentran en situación de integración precaria. «Hay menos personas totalmente ‘fuera’, pero muchas más personas ‘dentro’ que viven hoy en la cuerda floja», sostiene el informe.
La vivienda constituye el principal factor que sitúa a muchas familias en la exclusión o en situación de integración precaria. De hecho, el 17 % de la población sufre algún rasgo de exclusión vinculado a la vivienda, lo cual se explica por la evolución de los precios de compraventa, que han subido cerca de un 20 % desde 2018, mientras que el alquiler se ha encarecido un 16 %.
Aunque solo el 17 % de la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa vive de alquiler, entre las personas en riesgo de pobreza lo hace el 52 %. El riesgo de pobreza apena alcanza al 5 % de los propietarios de vivienda, frente al 30 % de los inquilinos. Además, el 13 % de los hogares, unos 122.000, cae por debajo del umbral de pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros.
El informe sostiene que aunque se ha recuperado el empleo, con un aumento del 7 % de personas ocupadas entre 2018 y 2024, persiste la precariedad: el 8 % de los trabajadores sufre «parcialidad involuntaria» y el 6 % afronta inestabilidad laboral grave. En total, el 11 % de los hogares presenta rasgos de exclusión vinculados con el empleo.
Exclusión por salud o hambre
El informe no analiza únicamente la exclusión social económica, sino que incluye otros indicadores relacionados con el acceso a la vivienda, la educación y la salud y otro eje dedicado a las situaciones de conflicto social y aislamiento.
El 9 % de los hogares sufre problemas de exclusión en salud, frente al 15 % del conjunto del Estado ya que 157.000 personas manifiestan dificultades para comprar medicinas o seguir tratamientos por falta de recursos. Además, el 13 % de los hogares declara haber pasado hambre en los últimos 10 años.
El informe plantea perfiles característicos de la exclusión social, el primero de ellos marcado por el origen y la nacionalidad. Las tasas de exclusión entre la población extranjera alcanzan el 41 %, cinco veces por encima de quienes tienen nacionalidad española. Además, los problemas para la participación política derivados de la nacionalidad constituyen la segunda problemática de exclusión más frecuente, al afectar al 13 % de la población.
La infancia y la juventud constituyen otro de los perfiles señalados, ya que la tasa de exclusión entre menores de 18 años se eleva a 20, tres veces más que la de mayores de 65 años (5,5 %). Los hogares con menores significan el 65 % de la población excluida.
El tercer rostro de la exclusión es el de la mujer. La exclusión afecta al 15 % de los hogares encabezados por una mujer, frente al 10 % en los casos en los que lo hace un hombre.
Mayor integración social que en el Estado
El trabajo reconoce que la CAV presenta mayores niveles de integración social que la media estatal y ha reducido de manera clara su tasa de exclusión social, en parte por la cobertura que ofrecen el Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Garantía de Ingresos.
No obstante la Fundación Foessa concluye que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa padecen un «modelo social debilitado, que tiende a producir desigualdad, precariedad y fractura», lo que da como resultado «una sociedad del miedo y la desconfianza, donde la precariedad vital, la crisis ecológica y la desinformación alimentan el repliegue individual y la desafección democrática». Por ello, propone construir, a través de un nuevo pacto social, una sociedad centrada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica.