La comunidad serbia de Kosovo y el avance panalbanés de Albin Kurti

En Mitrovica, en el día de san Demetrio, el padre Andrej deja a un lado la alegría de la celebración, que congrega a varios centenares de feligreses ortodoxos, para mostrar su pesimismo por el futuro que le aguarda a la comunidad serbia en Kosovo: denuncia el incremento de la presión policial, de las redadas nocturnas y las detenciones aleatorias, y lamenta que los suyos estén perdiendo cualquier esperanza y decidan emigrar.

«En los últimos dos años, estamos viviendo bajo una gran presión. La gente emigra y nuestra comunidad merma. En el colegio de educación elemental tenemos 70 críos menos que el año anterior, lo que significa que al menos 20 familias han emigrado. Nadie quiere vivir sin certezas», dice este abad, que también es profesor del seminario de Prizren. «Soy pesimista con nuestro futuro. Hay 15 años de diferencia, pero lo que ocurrió en los enclaves está ocurriendo ahora aquí. Poco a poco, los albaneses están tomando el control de las instituciones y forzando a huir a nuestra comunidad», explica.

En Kosovo, donde el 90% de la población es albanesa, viven entre 50.000 y 100.000 serbios distribuidos en diez municipalidades: seis enclaves, rodeados de albaneses, y cuatro municipios en el norte de Kosovo. Por obligación o por creencia, en estos territorios la población es connivente con los intereses de Belgrado y su formación política, la Lista Srpska, que busca entorpecer la integración serbia en Kosovo y evitar que más personas abandonen la región.

Sistema clientelar

Para mantener su pica poblacional en este conflicto, Belgrado intenta integrar a sus peones en el sistema kosovar mientras, al mismo tiempo, gestiona estructuras paralelas en educación y sanidad y provee de empleos, pensiones y subsidios en un sistema clientelar altamente politizado.

Dentro de esta dinámica, en los últimos años Belgrado ha perdido influencia institucional ante Prístina, que ha sabido aprovechar la tensión intercomunitaria de 2022 y 2023 para afianzar su soberanía en el territorio y controlar instituciones en el norte de Kosovo.

En 2022, la disputa de las matrículas de los vehículos desencadenó la dimisión de centenares de funcionarios serbios: alcaldes, políticos, jueces y fiscales o policías dejaron sus cargos como forma de protesta. Aunque en las recientes elecciones locales la Lista Srpska volvió a presentarse y a ganar, en otras instituciones las personas que dejaron sus puestos no han sido readmitidas. Por lo tanto, existe un vacío del que se aprovecha Prístina.

Y en 2023, la violencia tomó un protagonismo que no se veía desde hacía una década en Kosovo: en primavera, disturbios dejaron decenas de heridos, incluidos cerca de 30 soldados internacionales de pacificación, y en otoño, un ataque de paramilitare serbios en Banjska, en el norte de Kosovo, terminó con cuatro fallecidos, tres atacantes y un policía kosovar. Esta acción, coordinada por Milan Radoicic, ex vicepresidente de la Lista Srpska, provocó que Prístina justificara el incremento de la presión policial.

No a la negociación con Serbia

«Los serbios cometieron un gran error al dimitir. En las últimas elecciones locales, sus políticos querían ganar por todos los medios», apunta sonriente Sami Kurteshi, miembro  del partido albano-kosovar Vetëvendosje (VV). «Jueces y fiscales están pidiendo regresar, pero no podemos permitirlo mientras sufran presiones políticas. Lo mismo ocurre con la Policía: me opongo a que se reintegren quienes fueron reclutados por la Lista Srpska. Ellos querían crear una situación de crisis en Kosovo», explica, e insiste en que «las plazas reservadas a las minorías están abiertas para gente nueva, pero no para quienes colaboraron con Serbia».

VV saltó a la fama hace dos décadas por su firme y provocadora oposición a las negociaciones con Serbia. Su lema, «Jo negotiata, Vetëvendosje!» (No a la negociación, ¡Autodeterminación!), lo enarbolaban sus activistas, hoy reconvertidos en políticos, porque consideraban que Belgrado nunca reconocería la independencia kosovar. Prometían que, si gobernaban, mantendrían una posición firme en la negociación. Una vez finalizada su primera legislatura en el Gobierno, VV ha demostrado coherencia con esta posición, y probablemente le reporte rédito panalbanés el domingo en la repetición de las elecciones generales.

Sin embargo, algunas medidas implementadas por VV están provocando daños colaterales en el resto de comunidades, cautivas del conflicto congelado entre Serbia y Kosovo. En el pueblo de Brod, en la municipalidad de Dragash, en el extremo suroeste del país, los hombres matan el tiempo en los bares. En uno de ellos, Ramadan, el propietario, y Mirsad, un pastor, reflejan problemas diferentes a los del norte de Kosovo. Ellos lamentan que los vecinos de Brod tengan que cruzar todo el país para retirar el dinero de subsidios, salarios o pensiones. «Lo cortó Kurti. Antes, el dinero venía a los enclaves, y lo retirábamos o nos lo enviaban por el servicio postal. Ahora hay que ir hasta Serbia», remarca Mirsad, que es parte de la comunidad gorani, conformada por eslavos musulmanes.

En el enclave de mayoría serbia de Gracanica, Gazmen Salijevic, presidente de la organización política lniciativa Romaní, explica que, «aunque públicamente Kurti tome acciones contra los serbios, sus medidas afectan a otras minorías y a la comunidad albanesa». «Hay albaneses que reciben pensiones de Serbia», subraya este activista de la comunidad romaní, considerada en la guerra colaboracionista de Yugoslavia y que, en muchos casos, habita en las municipalidades serbias.

«Entiendo las medidas de Kurti, porque quiere erradicar la influencia de Serbia y eliminar las estructuras paralelas, pero la forma en la que lo está haciendo no es la correcta», apunta Salijevic, quien recuerda que, «desde el establecimiento del Estado kosovar, las comunidades no tuvieron grandes problemas para colaborar con otros partidos». «Con VV es más complicado. Yo fui viceministro durante dos años y diría que este Gobierno ha llevado a cabo una política derechista en lo que concierne a las minorías. Incluso la comunidad internacional ha tenido problemas para comunicarse con Kurti. Por esta razón, las minorías prefieren otros gobiernos», compara, y recuerda que, aunque las decisiones que acuerdan Serbia y Kosovo afectan a todas las comunidades, sus voces nunca son escuchadas en las negociaciones.

Reconocimiento de Kosovo, un trauma para Serbia

Desde la guerra de 1999, y sobre todo desde la independencia de Kosovo en 2008, Belgrado y Prístina han estado negociando para resolver la disputa política para terminar con el statu-quo. Para integrarse plenamente en la comunidad internacional, Kosovo quiere obtener el reconocimiento de Serbia, que a su vez necesita algo que compense el trauma social y el coste político de aceptar oficialmente que Kosovo es un país independiente con los problemas y las virtudes propias de los Balcanes.

En este tira y afloja, tras el acercamiento promovido por la UE hace una década, las posiciones permanecen estancadas, con negociaciones intermitentes que no consiguen resultados tangibles en la causas cruciales. Los acuerdos posibles pasan por un reconocimiento de facto que permita mantener relaciones diplomáticas como las que llevaron a cabo en Alemania la RDA y la RFA. Otra opción, rechazada por la mayoría de albano-kosovares y por la UE, pasa por intercambiar territorios: el norte de Kosovo por el valle serbio de Presevo, de mayoría albanesa. Y por último se eleva la concesión de una autonomía conocida como Asociación de Municipalidades Serbias, cuya implementación fue acordada hace una década en las negociaciones en Bruselas. El contenido de esta descentralización es el problema: Prístina dice que en Kosovo ya existe una descentralización y que Belgrado solo pretende imponer una autonomía que, como ocurre en Bosnia, convierta el país en disfuncional.

«Serbia quiere crear otra República de Srpska en Kosovo. Los serbios aquí tienen derechos: el serbio es idioma oficial, en las instituciones tienen cuotas que se pueden considerar excesivas. Pero Serbia no está interesada en que esas personas se integren en Kosovo, y ese es el punto crucial del problema», sostiene Kurteshi.

Aunque no coincida en la solución al conflicto o la definición del problema, el padre Andrej, al igual que muchos serbios, sí que se muestra reacio a integrarse. El pasado aún pesa demasiado entre su comunidad. «Para nosotros, la integración significaría desaparecer. Si queremos sobrevivir, debemos mantenernos así, como estamos en el norte de Kosovo. En Prístina vivían 40.000 serbios. En Pec, 20.000. En Prizren, 12.000. Actualmente, no quedan serbios allí», recuerda Andrej. «Queremos sobrevivir, pero los albaneses no nos quieren aquí, nos quieren expulsar», sentencia en el norte de Mitrovica, donde cada día hay más albano-kosovares: incentivados por el Gobierno, abren restaurantes y bares, y, si se compara con el pasado, muchas más personas de esta comunidad cruzan a diario el puente sobre el río Ibar, que divide a la ciudad, a las comunidades, y que permanece cerrado a los vehículos como símbolo del conflicto irresoluto.