La Iglesia abonará las indemnizaciones a víctimas de abusos que fijará el Defensor del Pueblo

El Gobierno español y la Iglesia católica han oficializado este jueves un acuerdo para la atención a las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo, que supone que la Conferencia Episcopal y la de Religiosos aceptan el pago de indemnizaciones al margen del sistema impulsado inicialmente por la jerarquía eclesial y que tantos recelos había generado.

Ambas partes cierran así un diálogo del que han estado pendiente las personas que durante décadas sufrieron primero las agresiones y luego han visto como no han sido reparadas. A nadie se le escapa el papel que ha jugado la Santa Sede en la cristalización del acuerdo, ya que sectores de la jerarquía católica eran contrarios a los planteamientos del Ejecutivo español.

Han pasado dos meses desde que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, prometió a las víctimas de abusos en la Iglesia que «en breve habrá noticias» sobre el diálogo con la jerarquía católica para crear un órgano que repare a quienes sufrieron agresiones de religiosos y este jueves se ha producido.

Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y Jesús Díaz Sariego, de la Conferencia de Religiosos (Confer), han rubricado en Madrid un acuerdo en el que se establecen las bases para el cumplimiento de la recomendación del Defensor del Pueblo para la reparación a víctimas cuyos casos han prescrito o para los que se ha extinguido la acción penal.

«El Estado no abonará un céntimo»

«Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas», ha subrayado el ministro, que ha considerado que se salda una «deuda histórica y moral» después de décadas de «silencio y dolor». Bolaños ha destacado que las indemnizaciones correrán a cargo de la Iglesia y que «el Estado no abonará un céntimo». En la comparecencia ofrecida, ha precisado que será el Estado quien fije la cantidad y la Iglesia la abonará.

Bolaños ha asegurado que el acuerdo se ha alcanzado tras una «negociación compleja, ardua, dura y larga» donde finalmente han encontrado un «punto de equilibrio» y ha agradecido la mediación del Vaticano para lograrlo. En concreto, ha mostrado su agradecimiento a los Papas Francisco y León XIV y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

En un comunicado emitido por la CEE se incide en que se trata de «una vía temporal» con una duración de un año –prorrogable otro– y que el sistema establecido «no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes».

Este sistema acordado de reconocimiento y reparación, tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión del Priva, el consenso Iglesia católica-Estado y la participación de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión Priva establecida por la Iglesia. Los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión Priva serán homogéneos.

En caso de discrepancia de la valoración, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia, será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer según el caso.

Para la firma del acuerdo, según han indicado desde la CEE, el Ejecutivo se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública. Además, ha aceptado que las indemnizaciones estén exentas de tributación, especialmente sobre el Impuesto de la Renta.

El plazo no será un problema

En cuanto al plazo, el ministro ha afirmado que «en ningún caso la voluntad del Gobierno es que este límite temporal pueda ser un problema para nadie» y que «si es necesario extenderlo, se extenderá», pero ha señalado que «un año prorrogable a dos años es un tiempo más que suficiente para que todas las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica puedan iniciar el procedimiento».

«Puede que el Estado haya llegado tarde, pero hoy lo hacemos con carácter retroactivo para todas las víctimas que puedan todas iniciar acciones ahora. Y reitero, ayer no tenían nada, porque todos estos hechos están prescritos», ha zanjado Bolaños.

En líneas generales, las asociaciones de víctimas han saludado el acuerdo, pendientes de que el ministro les aporte detalles en el encuentro que tendrá lugar este viernes en Madrid.

Según la estimación del Defensor del Pueblo, en el Estado español hay más de 440.000 víctimas de la pederastia eclesial, mientras que la jerarquía católica solo reconoce algo más de 2.000 casos. De los datos que han trascendido de fuentes de la Iglesia, se conoce que 89 han sido las solicitudes presentadas a la comisión de evaluación del Priva, del que se han resuelto 39 expedientes, una cifra ridícula viendo la dimensión, sin entrar en la cuantía de las propuestas de indemnización, cuyas cantidades las víctimas califican de «irrisorias».