ELA denuncia el «chantaje» de la empresa, UGT y CCOO para no aplicar la ley en Volkswagen

ELA ha denunciado que la dirección de Volkswagen y los sindicatos UGT y CCOO están «chantajeando» a la plantilla para no aplicar resoluciones de la Inspección de Trabajo y del Juzgado de lo Social que les obligan a cumplir la legalidad en materia de contratación.

Así lo han expuesto este martes en una comparecencia en Iruñea el coordinador de ELA en Nafarroa, Imanol Pascual; y Unai Martínez, secretario general de Industria eta Eraikuntza; junto a los delegados Alberto Parrilla e Igor Peñalver.

Han recordado que la Inspección de Trabajo, tras una denuncia de ELA, detectó 146 contratos eventuales en fraude de ley y obligó a la empresa a hacer 93 contratos indefinidos. LAB también presentó una denuncia similar, que también recibió el visto bueno de la Inspección de Trabajo. Asimismo, tras una denuncia de ELA, LAB y CGT, el Juzgado de lo Social estableció que las pagas variables –en función de la productividad– discriminaban a las personas que estaban de baja.

En este segundo caso, Pascual ha destacado que la actitud de UGT y CCOO a favor de la dirección quedó ya en evidencia en el juicio, una posición que contrasta con la que estos dos sindicatos mantuvieron en la planta de Seat en Martorell, donde rechazaron esta discriminación.

Negativa a aplicar resoluciones

Las resoluciones tenían un plazo de cumplimiento. La de la Inspección de Trabajo debía hacerse antes del 30 de enero. Sin embargo, la empresa, «junto a UGT y CCOO, han decidido chantajear y amenazar a la plantilla acusando a ELA, LAB y CGT de ser los responsables de la situación», ha destacado Pascual.

De este modo, la dirección se niega a aplicar las resoluciones argumentando que peligra la viabilidad de la empresa y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de despidos si se normalizan los contratos.

«La realidad es que los únicos responsables y los que han puesto en riesgo, entre otras cosas, el acceso al contrato de relevo, han sido la empresa, UGT y CCOO por acordar un sistema ilegal de contrataciones que solo obedece a los intereses de la dirección (maximizar el beneficio con más precariedad a cambio de paz sindical) y de esos dos sindicatos (que buscan perpetuar la política de contratación que tanto les beneficia)», ha señalado Pascual.

Martínez ha destacado que las dos resoluciones han sido «victorias importantes logradas con un trabajo de pico y pala», pero ha lamentado que hayan pasado «de la alegría a la indignación» ante la actitud de la empresa, UGT y CCOO.

«Parece que la ley no tiene posibilidad de cruzar las puertas de la Volkswagen y es triste que dos sindicatos apoyen que no se cumple la legalidad», ha añadido, lamentando que se trate de «normalizar el fraude en la contratación» y que «la mayor empresa de Nafarroa no cumpla con lo que la Inspección de Trabajo y los jueces señalan», ya que «hay empresas de primera y de segunda a la hora de cumplir con la legalidad».

Inacción del Gobierno navarro

Desde ELA se denuncia también que el Gobierno navarro no ha actuado ante esta situación. «Debe obligar a Volkswagen a cumplir la ley sin endosar esos costes a la plantilla, sin amenazas ni despidos; y más teniendo en cuenta que Volkswagen Navarra ha obtenido 163,1 millones de euros de beneficios en 2023 y 2024», ha señalado Pascual. 

Junto a ello, ELA recuerda que «Volkswagen ha recibido desde 2017 más de 6,6 millones de euros para fomentar la contratación de jóvenes, a lo que hay que sumar otras muchas ayudas».

«Estas resoluciones, obtenidos por los servicios jurídicos de ELA, suponen un duro golpe para el entramado formado por Volkswagen, UGT y CCOO que impera en la empresa más grande de Navarra. Su política de contratación premia la afiliación a determinados sindicatos a cambio de que esos mismos sindicatos garanticen a la empresa paz social y sumisión absoluta a sus planteamientos. Por todo ello, ELA considera indispensable la presencia de secciones sindicales cuyo trabajo honesto y valiente ponga freno a los abusos empresariales, que cuentan con la complicidad evidente de UGT y CCOO», ha concluido Pascual.