El referéndum constitucional en que Meloni se juega mucho

En Italia no existen las elecciones de Midterm como en Estados Unidos, pero de vez en cuando durante su ejercicio del cargo los gobiernos quieren tomar el pulso a los ciudadanos. 

Es algo que huele a plebiscito, inevitable: en una legislatura larga de cinco años necesitan testar, si no hay crisis dentro del gabinete, cómo va la situación. 

Desde este fin de semana, entre el domingo y el lunes, Italia tiene una peculiar cita con las urnas. Un referéndum que puede pesar mucho de cara al futuro del Gobierno de Giorgia Meloni. Sobre todo porque se habla de algo que lleva su nombre: una reforma del sistema judicial.

Consultas decisivas

Los referendos en el país transalpino acumulan una larga historia de fracasos y de éxitos. Incluso se podría decir que gracias a una de estas consultas electorales Italia tiene su estructura institucional: y es que el 2 de junio de 1946 la población fue llamada a las urnas para decidir si quería seguir con la monarquía o pasar a una república. 

De modo muy ajustado, ganó la segunda opción gracias también al voto, por primera vez, de las mujeres. En el sur, sin embargo, triunfaron los monárquicos: el ‘Rey de Mayo’ Humberto II se marchó a Portugal sin siquiera abdicar.

Promulgar o cancelar leyes, cambiar el sistema electoral e incluso modificar la Constitución. En más de medio siglo los italianos han tenido que decidir, a través de un simple ‘sí’ o un ‘no’, mucho más que sobre la ley que se sometía a votación en sí; sobre el futuro de varios gobiernos. 

Del rey Humberto II a los presidentes Renzi o Craxi ya aprendieron que estos referendos los carga el diablo, así que Meloni está tocando madera

Los más inolvidables de estos 83 referendos, la mayoría convocados por el mítico Partido Radical, fueron en 1974 para confirmar la ley sobre el divorcio, o en 1981 a favor del aborto, mientras que en 1992, durante la complicada época de ‘Tangentopoli’, casi el 100% de los participantes votó para eliminar la financiación pública de los partidos, entonces odiados por casi todos.

Claro que tampoco pasa nada cuando al final, a través de otras leyes, varios gobiernos regatearían los resultados de los referendos para volver a la situación anterior, mediante algunas trampas jurídicas o simplemente lingüísticas. Por ejemplo, la misma financiación pública a los partidos. 

Entre los últimos fracasos, en 2016 el más doloroso para quien estaba en el cargo por aquel entonces, Matteo Renzi: el referéndum constitucional para rápidamente dar más poderes al Ejecutivo. Fue un fiasco completo para el primer ministro, los votos a favor de la reforma no llegaron al 50% y el líder del Partido Democrático se vio obligado a dimitir, dejando su cargo a Paolo Gentiloni: «Me voy a retirar de la política», afirmó Renzi, que por supuesto está todavía en el Parlamento.  

Lo de este fin de semana también es un referéndum constitucional, por lo tanto significa que no hace falta que vaya a votar la mitad del cuerpo electoral. Con cualquier volumen de participación el resultado será considerado válido. 

Es decir, la campaña ha tenido que ser binaria, sí o no. Sin necesidad de invitar a nadie a no votar, «a la playa», como hizo Bettino Craxi (por aquel entonces primer ministro) en junio de 1987, antes del referéndum (no constitucional) que proponía adecuar los sueldos a la inflación. 
Craxi fue derrotado, la ley no resultó aprobada confirmando así la tendencia de estas consultas electorales, que tradicionalmente no llevan mucha suerte a quien está en el gobierno. Por eso Giorgia Meloni está tocando bastante madera... 

¿Qué se vota? 

Y llegamos a este referéndum, brevemente definido como «sobre la justicia» o «sobre la separación de las carreras judiciales». En Italia, es verdad, tal distinción no existe. Es decir, un fiscal general durante su carrera puede convertirse en juez (o viceversa), pero una sola vez y como pronto nueve años después de haber aprobado el examen de Estado para entrar en la magistratura. 

Todo esto está fijado en el artículo 104 de la Constitución Italiana, que añade la existencia de un solo órgano supremo de gobierno del sistema judicial, el Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), cuyo ‘jefe’ es el propio presidente de la República. Este foro está compuesto por 30 miembros (jueces, fiscales, abogados, profesores de Derecho...) Un tercio de ellos es decidido por el Parlamento que, con su votación cada cinco años, puede modificar también la orientación de esa parte del CSM. 

La reforma aprobada en 2025, de manera exprés, por parte del Gobierno Meloni, prevé en primer lugar la separación de las carreras, y por consecuencia aboca a la decisión inmediata, después del examen de Estado, de ser para siempre fiscal general o juez. Y luego trae consigo la formación de un segundo CSM, o mejor dicho, la creación de dos órganos supremos, uno para los fiscales y otro para los jueces.

Son tecnicismos constitucionales, a la mayoría de los italianos probablemente les importa menos que el resultado de su equipo de fútbol. Lo que pasa es que esto es claramente un redde rationem que la derecha llevaba prometiendo desde hace décadas, desde cuando Silvio Berlusconi era quien más problemas tenía con la Justicia y atacaba los magistrados (comunistas) llamándolos «metástasis de la democracia» o «antropológicamente ajenos a la raza humana». 

Fratelli d'Italia, Liga Norte y Forza Italia, la mayoría que está en el Gobierno, empuja claramente para el sí, mientras al otro lado, como siempre, la situación está más fragmentada

En pocas palabras este es el caballo de batalla, una especie de ‘ahora o nunca’, de una clase política al completo, puesto que el impulso es bastante transversal: el momento de sacar cuentas que podría concretarse ahora que ‘el Cavaliere’ ha muerto. Fratelli d'Italia, Liga Norte y Forza Italia, la mayoría que está en el Gobierno, empuja claramente para el sí, para mantener la ley que lleva el nombre tanto de Giorgia Meloni como del ministro de Justicia, el exjuez Carlo Nordio. 

Al otro lado, como siempre, la situación está más fragmentada: se posicionan en contra los Cinco Estrellas y los partidos más a la izquierda, mientras que dentro del Partido Democrático hay varias divisiones, con los ‘reformistas’, encabezados por la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno, orientados hacia el sí. Curiosamente Picierno estaba a favor también de las reformas de Renzi en 2016. 

A la pobre Elly Schlein, la secretaria del PD decantada por el no, le han sacado hasta las declaraciones de su abuelo Agostino Viviani (importante abogado penalista) que estaba a favor de la separación de las carreras.

Todo es leña para el debate

Han sido semanas convulsas, y menos mal que la campaña se ha interrumpido ya para el 8 de marzo. Cada ocasión, desde un juicio controvertido a un programa televisivo, ha echado leña al horno del debate: por ejemplo, el estreno de la serie de televisión ‘Portobello’ en HBO, sobre la historia del expresentador Enzo Tortora, víctima de un tremendo fallo judicial en 1983, dado que fue encarcelado acusado de pertenecer a la camorra napolitana cuando no había nada en su contra. 

La derecha enseguida ha remarcado que «con las carreras separadas todo eso no hubiera podido ocurrir. Tortora fue juzgado por un juez que aceptó sin dudas las tesis del fiscal. Con la reforma Meloni-Nordio eso no pasaría». Olvidan que aquel caso, sin alargarnos mucho, fue un cortocircuito sobre todo a nivel de gestión judicial de los ‘arrepentidos’ de la camorra, mezclado con la actitud de la prensa.   

Los medios de comunicación más fieles al bando berlusconiano siempre han subrayado la «politización de los jueces», aludiendo a la existencia de una especie de casta que nunca paga por sus errores y buscando a otros Tortora. Uno de los fiscales acusador del expresentador, cierto es, se convertiría en miembro del CSM. 

Lo seguro es que a partir del lunes por la noche, en cuanto se cierren las urnas, Giorgia Meloni sabrá si su luna de miel con los electores sigue viva o se ha enfriado un poco. Y si su era de reformas será juzgada de manera positiva. Eso sí que le importa más que ser acusada de servir como una especie de ‘felpudo’ para Donald Trump. Con el resultado sabrá si en lo que queda de la legislatura (año y medio) puede seguir a toda pastilla o tiene que frenar por el tropiezo.