Alrededor de un centenar de afectados se ha concentrado este lunes frente al Parlamento de Gasteiz, donde han comparecido en comisión el consejero de Salud, Jon Darpón, y la directora Kontsumobide, Elena Unzueta.

El representante de Kaltetuak en Gipuzkoa, José Mari Amundarain, ha censurado la actitud que en este conflicto ha tenido el Gobierno de Lakua y especialmente Kontsumobide, al que ha acusado de haber logrado «un arreglo» entre los bancos y las empresas que les han «estafado», en vez de acometer una verdadera mediación entre las partes.

Caber recordar que la anterior directora de Kontsumobide, Belén Greaves, presentó su dimisión después de ser reprobada por todas las formaciones parlamentarias, excepto el PNV, debido a unas declaraciones en las que defendía la actuación de Eroski y Fagor.

«Los afectados no hemos estado en la mesa», ha insistido Amundarain, quien también ha argumentado que los partidos políticos y el Gobierno de Iñigo Urkullu están «defendiendo a capa y espada al Grupo Mondragón para que no caiga Eroski y Caja Laboral», y ha calificado de «migajas» la propuesta presentada por Eroski en el marco de la mediación para devolver una parte del dinero y que implica una quita del 30% de la inversión.

El representante de Kaltetuak ha afirmado que los afectados van a seguir denunciando en la calle su situación, a la vez que emprenden acciones individuales por la vía judicial, ya que según ha dicho, a día de hoy no hay ningún gabinete de abogados que les quiera defender de forma colectiva, y ello a pesar de una reciente sentencia favorable de un juzgado de Bilbo, que condenó al BBVA.

Kontsumobide explica que existen tres vías

Durante su comparecencia, la directora de Kontsumobide, Elena Unzueta, ha explicado que hasta este organismo han acudido 896 personas afectadas por este producto, para cuya solución hay tres vías: mantener las aportaciones como hasta ahora, acudir a la vía judicial u optar por el canje propuesto por Eroski.

A mediados del mes pasado, esta firma presentó una propuesta a los titulares de sus aportaciones financieras subordinadas para liberarles de esta deuda perpetua mediante una operación que implica una quita del 30% de la inversión. Planteó en concreto canjear las aportaciones financieras por bonos a 12 años por un valor del 55% de la inversión y una remuneración anual del euribor más el 3%, así como un pago en metálico del 15% de lo invertido.

En cuanto a la vía judicial, Unzueta ha indicado que el coste que puede suponer a un inversor acudir a la vía judicial es de entre 3.000 y 4.000 euros para un capital nominal de unos 20.000 (entre el 15% y el 20%). Además, ha remarcado que aunque los tribunales hasta ahora están dando la razón a los consumidores, hay que tener en cuenta que en sus resoluciones están restando los intereses que han ido cobrando de la cantidad que obligan a devolver a los bancos.

Ha reconocido que «ninguna solución es la ideal para todos» y que cada consumidor tendrá que decidir cuál es la que más le conviene, aunque ha apuntado que en el caso de optar por el canje la no necesidad de devolver los intereses cobrados hasta ahora puede compensar la quita del 30% establecida en la propuesta.

También ha incidido en que el papel de Kontsumobide ha sido el de mediación, porque no podía imponer una solución, y ha reconocido que de haber podido plantear una solución no habría sido la finalmente pactada entre las entidades emisoras y las comercializadoras, «lo máximo a lo que llegaron las partes».

En esta línea, el consejero Jon Darpón ha explicado que el Gobierno de Lakua «no hace propia» la propuesta acordada por Eroski y los bancos comercializadores, porque el Ejecutivo habría propuesto la devolución del 100% del capital.