El representante de ESK Patxi Nicolau ha dado hoy a conocer esta decisión en una comparecencia de prensa en la que también ha participado Roberto Sánchez, uno de los médicos anestesistas que sacaron a la luz las presuntas irregularidades.

Sánchez ha asegurado que «el PNV desde Sabin Etxea» les tiene «muy vigilados» tanto a él como a sus dos compañeros, todos anestesistas en el hospital del Alto Deba (Arrasate), y ha afirmado que desde el Departamento de Salud y Osakidetza se está ejecutando una «venganza» contra ellos mediante lo que ha denominado «despidos encubiertos». 

Ha relatado que uno de sus compañeros está cubriendo la baja médica de una persona que estaba tramitando una incapacidad laboral, a la que «han obligado» a cogerse el alta.

En el caso de la tercera denunciante, ha indicado que cubre la reducción de jornada de dos trabajadores a los que la dirección del hospital «presiona para que suban su cuota de jornada».

Sánchez ha indicado que él se encuentra en mejor situación que porque cubre una plaza en comisión de servicios de un anestesista desplazado a otro hospital, aunque ha reconocido que «da por amortizada su carrera de médico y anestesista» porque si echan a alguno de sus compañeros «con despidos camuflados, el siguiente» será él.

Ha asumido que estas denuncias son «muy difíciles de demostrar», mientras que Nicolau ha apuntado que el del Alto Deba es un hospital muy pequeño en el que se puede «presionar a la gente sin necesidad de cometer ninguna ilegalidad».

La investigación interna que abrió Osakidetza tras destaparse las irregularidades derivó en la decisión de repetir cinco exámenes de tres especialidades médicas de la OPE al haber detectado «defectos» de forma y errores en la corrección en tres de estas pruebas: Cardiología, Anestesia y Reanimación, y Angiología y Cirugía Vascular.

Varios sindicatos criticaron esta decisión al considerarla insuficiente porque las sospechas de irregularidades se extienden al menos a 19 especialidades médicas, que estas centrales llevaron a la Fiscalía.

Por ello, junto con esta denuncia judicial, ESK, LAB y un grupo de opositores presentaron recursos de alzada por la vía contencioso administrativa contra la decisión de Osakidetza de repetir esos tres exámenes.

Nicolau ha explicado que hoy han conocido que un juzgado ha suspendido cautelarmente la repetición de la prueba de Anestesia y Reanimación y que por «lógica» consideran que hará lo mismo con los otros exámenes.

«Es positivo y significativo que sea la Justicia la que tenga que parar los pies al señor Darpón», ha opinado Nicolau, quien ha reclamado que se cree una comisión de trabajo en el Parlamento de Gasteiz para diseñar un nuevo modelo de OPE.

Ha denunciado que medidas anunciadas por Salud para evitar irregularidades «son un lavado de cara que pretende cerrar en falso» esta cuestión y ha lamentado que «la única vía que queda es la judicial».

En la rueda de prensa ha participado también la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga, quien ha explicado las aportaciones de su grupo al informe en el que Osakidetza propone medidas para mejorar el proceso de selección de profesionales en las OPE.

Nota de Osakidetza

La dirección de Osakidetza ha salido al paso a esta decisión judicia por medio de una nota, en la que ha manifestado su «máximo respeto», al tiempo que ha subrayado que el auto «no entra a juzgar el fondo del asunto, sino que adopta una medida provisional». «Por lo tanto, no se trata de una sentencia firme», ha señalado.