Con la entrada en vigor del Real-Decreto ley 6/2022, del 29 de marzo, se ponen en marcha una serie de medidas de urgencia para intentar dar respuestas socio-económicas ante el aumento imparable del número de personas vulnerables, ya importante con la pandemia, y que a finales del mes de marzo alcanzaba los diez millones y medio de personas en el Estado español –según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística(INE)–.

En el paquete de medidas urgentes está la que toca de lleno a la llamada “pobreza energética”, cuyo número de personas afectadas se ha disparado como consecuencia del enorme aumento en la factura de la luz y el gas. Así se amplía el periodo de bonificaciones más allá del 31 de marzo y se rebajan algunos requisitos para poder acceder al bono social. Este cuadro en el que se marcan los topes de ingresos para poder acceder al bono sirve a modo de ejemplo:

* Si no hay ningún menor en la unidad familiar: 12.159,42 euros (el tope de ingresos).

* En el caso de que haya un menor en la unidad familiar: 16.212,56 euros.

* En el caso de que haya dos menores en la unidad familiar: 20.265,70 euros.

Por supuesto, por debajo de estos topes no hay ningún problema para ser beneficiario, como por ejemplo personas en desempleo o situaciones especiales de ingresos como la RGI o colectivos considerados en riesgo de exclusión social.

Es una medida insuficiente a la vista de la demoledora inflación que padecemos, con la que incontables familias han perdido poder adquisitivo y el precio de los alquileres, aunque poco, se encarece un 2%. Al final todo cuenta, y tanto Gobierno central como autonómicos tendrán que ser conscientes que la espiral de pocos ingresos conlleva menos consumo y, sobre todo, consumos básicos; menos consumos, menos personas necesarias en las empresas, y suma y sigue. Apostar porque en julio el pool de la energía vaya a cambiar abaratando el precio de la electricidad es como creer en el cuento de la lechera.