La sentencia del Tribunal Supremo que anula el sistema de financiación del llamado “bono social” de la electricidad, destinado a personas con escasos recursos económicos, vuelve a poner en evidencia el deficiente modelo energético estatal.

En principio, la bonificación va a permanecer por la actitud vergonzosa de un Gobierno que, como los anteriores, ha sumido en la pobreza energética a más de 5 millones de personas. El problema derivado de la sentencia es que las grandes empresas eléctricas piden cobrar esas bonificaciones aplicadas desde al menos el año 2014, y al Estado español le toca «soltar la pasta». La hucha se romperá, pero será la hucha del consumidor de a pie, que a no tardar a buen seguro verá encarecer su factura.

Y es en este lado de los Pirineos donde el rayo de las eléctricas no cesa de arremeter contra nuestros bolsillos, amparándose en algún santo protector para que la liberalización del mercado no les agote las baterías. Sus frutos los vienen recogiendo desde 1997 –cuando la reforma del sector–, con solo poner las cestas al ritmo del bamboleo que el patrono gubernamental de turno ha ejercido mediante normativas ad hoc. Se armaron con la jaculatoria del «déficit tarifario», y semestre si semestre no, la entonan plañideramente.

Así las cosas, el bono social seguirá manteniéndose –por fortuna para los mas vulnerables y a pesar del escaso colectivo que ha llegado a beneficiarse de esta ayuda– como también seguirá manteniéndose el actual statu quo del oligopolio energético. Ambos, indudablemente, por razones de cálculo político. Aunque las cuantías de subvenciones por razones sociales supongan el chocolate del loro, deshacer entuertos mediante auditorías en las cuentas de resultados empresariales son palabras mayores.

Por muchas sentencias que sigan cayendo y nosotros las paguemos, el sector de la energía cuenta con buenos pararrayos. ¡Larga vida al deficiente modelo energético estatal!