BERTA GARCIA
CONSUMO

Moratoria de pagos

Desde este espacio, el pasado mes de abril, ya adelantábamos que una de las medidas paliativas del Decreto para el periodo de alarma sanitaria iba dirigida a quienes estuvieran en situación económica precaria y no pudieran afrontar el pago de hipotecas y créditos de consumo. Como “del dicho al hecho va un trecho”, así se ha podido comprobar la enorme cantidad de personas “frustradas” con su banco y con la ley.

No es para menos la preocupación y el malestar de la gente cuando se ha tenido que enfrentar a gestionar un montón de papeleo que, además se les ha obligado a presentar en tiempos de cierre total, tanto de administraciones públicas como de gestorías y hasta de fotocopisterías. Inaudito lo bien detallado que estaba este capítulo, frente a lo escueto e “interprétame como quieras” de gran parte del texto normativo. Así las cosas, la banca se ha ceñido a la literalidad rechazando sin escrúpulos gran parte de las solicitudes.

Dadas las circunstancias, se esperaba que la banca fuese flexible pero, al igual que otros sectores afectados, los consumidores han ido encontrando trabas al solicitar moratorias de pagos. Triste despedida y carpetazo a su “caja de toda la vida” para cientos de personas que aún creían en entidades de obra social. Estas, como el resto de la banca, siguen demostrando que sus intereses económicos están por encima de lo demás.

Plazos vigentes. Es importante no desesperar, intentarlo de nuevo y agarrarse a los recursos. Y, como jugamos con plazos para solicitar la moratoria, cabe recordar que para la hipoteca el plazo tope es hasta quince días después del plazo de vigencia del estado de alarma. Y para préstamos no hipotecarios, se podrá solicitar hasta un mes después del fin del estado de alarma.

Si ahora no es posible aportar alguno de los documentos, se puede sustituir por una declaración responsable que incluya justificación expresa de los motivos relacionados con la crisis del covid-19 que lo impiden. Esa documentación se puede presentar en el plazo de un mes después de que finalice el estado de alarma y sus prórrogas.