El pasado 17 de enero, y tras más de 25 años de negociaciones, se firmó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Un tratado a dos bandas, pero con escasa transparencia, que ha sido paralizado temporalmente por el Parlamento Europeo para que lo analice el Tribunal de Justicia de la UE.

Hay voces muy dispares sobre este acuerdo. Bajo el paraguas de “grandes oportunidades”, menor dependencia de importaciones estadounidenses o chinas o “precios tirados”, están quienes no tienen que trabajar la tierra o cumplir estándares de calidad, y siempre con la distancia que media entre un despacho administrativo y la dura realidad. Del otro lado están quienes vaticinan que habrá:

• Un aumento de las emisiones de CO2 y de la deforestación, debilitando la aplicación del Reglamento de Deforestación importada de la UE (EUDR), cuya entrada en vigor ya ha sido retrasada para diciembre de 2026.

• Incentivación de importaciones agrícolas y ganaderas a la UE procedentes de los países del Mercosur, producidas bajo estándares sanitarios, ambientales, de bienestar animal y de trazabilidad diferentes, junto con menores costes de producción, con el impacto que esto supondrá para pequeños y medianos agricultores europeos.

• Ausencia de alineación entre la política comercial y las políticas de acción climática y de sostenibilidad europeas.

Personas consumidoras reclaman «la aplicación efectiva de cláusulas espejo que aseguren que los productos importados cumplan los mismos estándares sanitarios, ambientales y de bienestar animal que la producción europea, así como un etiquetado claro que permita conocer su origen y condiciones de producción».