Estábamos acostumbrados a casos de desviaciones presupuestarias en obras públicas, pero aquí se habla de otra cosa: trabajos falsos. ¿Están muy sorprendidos por ello?

Estamos muy sorprendidos por las cifras. A veces en las liquidaciones finales las mediciones suben un 5, un 8, un 10%, pero aquí extrañaba mucho que en un solo consejo de administración se liquidaran 55 millones por dos tramos contiguos y que ocurriera dos años después de acabar las obras. De ahí que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y el Tribunal español de Cuentas pusieran el dedo. Determinaron que no había ilicitudes contables, pero eso no significa que no las hubiera en las obras, eso no se analizó. Empezamos un poco a recopilar datos y vimos que había partidas que variaban muchísimo, pero no teníamos más datos. Y ahí surge la casualidad: necesitamos el vertedero de Basagoiti para la obra de Antzuola y descubrimos que no estaba lleno. En el proceso posterior, la ingeniería Eptisa-Cinsa nos facilita los documentos que faltaban en Bidegi, y es ahí donde aparecen la propuesta de liquidación de la dirección de obra y la del contratista una vez acabada, y vemos que lo liquidado realmente [en junio de 2011] no se parece en nada.

¿En qué no se parece?

Sobre todo en los túneles hay partidas que se incrementan muy por encima de lo que pedía el propio contratista. Por ejemplo, en el caso del hormigón se pasa de los 21.702 metros cúbicos solicitados por la UTE a 38.940. Eso ya extraña muchísimo y contratamos una nueva ingeniería para que analice los túneles: Ingeotyc, surgida de un spin-off de la UPV y que ha trabajado con total libertad. Y aparece al final lo que sospechábamos: muchas de esas partidas liquidadas por encima no se han ejecutado.

Dicen que todas tienen una característica: son imposibles de apreciar a la vista...

Sí. El denominador común es que son partidas ocultas y difíciles de medir a posteriori: tierras, excavaciones en zanjas, hormigones que quedan embebidos dentro del túnel... En el caso de las tierras, nos resulta increíble que ahora con cuatro fotos nos hablen de que esos 900.000 metros cúbicos se llevaron a un túnel o a una ladera, porque eso ya está pagado con su precio propio. Es un argumento pueril. En el caso del túnel resulta más difícil aún poner excusas, porque cada concepto está metido con su punto kilométrico. Y así en un tramo de túnel de poco más de 100 metros se pagó un transporte de tierras como para llenar el estadio de Anoeta; volvemos a los 900.000 metros cúbicos de Basagoiti, cuando eso físicamente es imposible.

El caso de Basagoiti se justifica ahora en el Juzgado como un «desliz». Con los seis revelados ahora, serían siete errores...

Es imposible que haya tanto desliz en una liquidación. Pero a partir de aquí serán los jueces los que tengan que dictaminar hasta dónde llega esto.

¿Es díficil que esto llegue a la opinión pública, por ser un tema tan técnico y por la respuesta por elevación del PNV?

Hay dos formas de abordar este tema. Uno es como lo ha hecho la Diputación: con datos, informes y peritajes externos. Y otro el del PNV, intentando justificar lo injustificable en una estrategia de la confusión y defendiendo locamente la versión del contratista. La mayor pena que tengo con todo esto es que medios públicos como la televisión estén dando más eco a eso que a lo que digan la Diputación o las Juntas con un trabajo que está perfectamente validado.

Usted dijo en la comisión de investigación que se percibía un «mercadeo persa» en todo este proceso. ¿A qué se refería?

En todas las obras de gran envergadura, el problema es la incidencia de los responsables políticos. Nosotros tenemos la buena costumbre de apoyarnos siempre en las direcciones de obra y las asistencias técnicas, jamás hay que saltarse esos criterios. A la vista está que eso no pasaba antes.

¿Tienen una tesis de qué pasó en junio de 2011? Larraitz Ugarte habló de la política de «lo comido por lo servido». ¿Una hipótesis benévola es que la obra se complicara y fuera liquidada a prisa y corriendo, sin rigor? ¿O fue algo peor?

Mejor que lo determine un juez. Lo claro es que lo liquidado tiene poco que ver con los criterios técnicos. Poco antes, con solventes argumentos, la dirección de obra había cuantificado esto en 30 millones menos, pero luego se liquida no ya en 30 más, sino en 31. Y hay que tener en cuenta que de esos 30 millones reclamados hubo 14 que no se pagaron finalmente, porque la solidez argumental de la dirección de obra era total. Pero aun y todo, se llega a los 151 millones finales, incrementando hasta 88 partidas por encima de lo que pretendía el propio contratista. Insisto en que la dirección de obra la había defendido perfectamente, con todo tio de informes. Ahí se percibe que alguien determina que hay que llegar sí o sí a los 151 millones, y entonces se inflan o se inventan partidas. Y, por cierto, ¿por qué no se llevó el tema a un tribunal contencioso-administrativo? Ahí, en una pelea de 0 a 30 millones la liquidación no habría acabado nunca en 31...

En fin, todo esto puede obedecer a un exceso de confianza, derivado de la sensación de impunidad que ha imperado tantos años. Pero estamos seguros de que estas denuncias marcarán un punto de inflexión en la manera de gestionar y pagar las obras de esta envergadura.

Usted ha trabajado en los dos lados: en constructoras y en la Administración. ¿Sigue percibiendo ese «mercadeo» del que habla en la AP1?

Primero hay que decir que no todos los contratistas son iguales. Hay quienes sí quieren acabar en tiempo y plazo, y luego están los que intentan eludir el criterio técnico y llegar al responsable político para acordar de alguna forma el precio final de la obra. Evidentemente esta vez los intentos han sido estériles, siempre nos hemos apoyado en los funcionarios de carrera y las direcciones de obra. Sus informes van a misa.

Esas empresas de la AP1, ¿trabajan aún para Diputación?

Una de ellas ha trabajado en Antzuola. Ahora estamos en el proceso de liquidación. Digamos que la relación es neutra.

¿Qué le dijo al juez cuando declaró como perito?

Lo que se dice en el tribunal se queda ahí. Sí creo que se abrirá juicio oral porque las evidencias son muy claras y espero que se diluciden las responsabilidades.

El PNV amenaza con querellas si al final no hay condenas. ¿Le preocupa? Ustedes también se la juegan...

No. En primer lugar, porque no hay margen para acusarnos de calumnias, ya que ahí están los informes periciales y técnicos, que son muy claros. Y en cualquier caso, tampoco nos preocupa porque solamente hemos cumplido nuestra responsabilidad, hemos hecho lo que teníamos que hacer.

«Bidegi tenía más del 60% de desviación; Deskarga, el 16%»

Llama la atención que con la firma de tres-cuatro personas pueda ocurrir esto. ¿Lo de la AP1 podría volver a repetirse?

Quiero recordar que la Diputación ha asumido las obras que antes eran responsabilidad de Bidegi, porque la gestión era bastante ineficiente. En las ocho grandes obras había una media superior al 60% de desviación. Tenemos jefes de servicio, técnicos y demás que podían hacerlo. La prueba es que la obra de Deskarga ha terminado con 16% de desviación, la cuarta parte, y esperamos que siga yendo a la baja.

En Deskarga el PNV insta a cerrar el túnel afirmando que no tiene permiso, ¿es así?

Todos los informes de seguridad del túnel han avalado la apertura. El plan de autoprotección está entregado al Gobierno Vasco. Se han cumplido todos los requisitos, solo falta la homologación y registro por parte del Gobierno Vasco, que es un trámite administrativo con tres meses de plazo. Deskarga es un túnel puntero en seguridad.

¿Qué situación crean en el día a día los 900 millones de deuda de Bidegi?

Crítica. La capacidad de inversión es nula por la deuda, creada precisamente por esos sobrecostes. Tenemos que estar negociando con los bancos para labores ordinarias de mantenimiento. Y el lunes la Diputación ha dado 8,9 millones a Bidegi para pagar su deuda este año. Sí, la situación es crítica.