Un paso más en el empoderamiento del paciente. Así describe Rebeka Ubera la proposición de ley de garantía de los derechos y de la digni- dad de las personas en el proceso final de su vida, registrada en mayo de 2014 por la parlamentaria de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz. «Queremos que cada cual cuente con todas las garantías y todas las posibilidades para poder decidir», remarca tras destacar que la iniciativa pretende abrir un debate social sobre la eutanasia. Una palabra tabú recogida en el Código Penal español.

Ubera admite que la legislación estatal «limita» la redacción de una norma más progresiva, y echa por tierra la posibilidad de reconocer de manera expresa el derecho a la eutanasia en la CAV. «Somos conscientes de que solo es un paso», subraya la parlamentaria, que muestra la disposición de la coalición soberanista a iniciar una «confrontación democrática» con el Gobierno de Rajoy para defender el derecho a decidir de las personas que padecen sufrimientos incurables en el tramo final de su vida. Una opción que, a día de hoy, no suscitaría muchos apoyos en el Parlamento autonómico.

Así, el grupo parlamentario de EH Bildu ha optado por la presentación de una norma en la que se detallan los derechos de los pacientes; se describen las obligaciones de los profesionales sanitarios; y se definen términos asociados a la muerte, como son los cuidados paliativos, el documento de Declaración de Voluntades Anticipadas, el suicidio asistido o la propia eutanasia. A este respecto, la norma indica que la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamiento, la sedación paliativa y la suspensión de atención médica en caso de muerte cerebral no deben ser entendidas como eutanasia.

En cuanto a los derechos de las personas en el proceso final de su vida, la proposición de ley, que está siendo analizada por expertos, profesionales sanitarios y responsables de diversas asociaciones en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, reconoce el derecho de los pacientes a la información clínica, y el derecho a la retirada de una intervención. «Toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta, a pesar de que esto pueda poner en riesgo su vida», indica el articulado, donde se incluye el derecho a hacer una Declaración de Voluntades Anticipadas; el derecho de las personas a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar donde desean recibirlos; y el derecho a que se alivie su sufrimiento. En este sentido, se detalla que, «en el proceso del final de su vida, las personas tienen derecho a recibir la sedación paliativa en el grado que resulte necesario en función de su situación».

En lo que respecta a los deberes de los facultativos, el texto recoge obligaciones en torno a la información clínica y a la toma de decisiones. Según la proposición de ley, los profesionales sanitarios «deberán respetar las creencias y prioridades de las personas a la hora de tomar decisiones, y no impondrán ningún criterio de actuación basado en sus creencias o convicciones personales, religiosas o filosóficas». Además, tendrán que proporcionar información acerca del derecho a hacer una Declaración de Voluntades Anticipadas, documento que deberán respetar. De lo contrario, cometerían una infracción grave, que iría acompañada de una sanción. La iniciativa de EH Bildu considera infracciones muy graves aquellas conductas que impidan ejercer sus derechos a las personas en situación terminal.

En la CAV Hay «posibilidades de morirse muy mal»

En la CAV hay «posibilidades de morirse muy mal». Así lo indicó ayer el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi (Arinduz), Alberto Meléndez, que compareció ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana para dar su opinión sobre la proposición de ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.

Melendez, que destacó que la norma podría mejorar los recursos existentes en cuidados paliativos, denunció que hay personas que fallecen en Urgencias cuando podrían haber fallecido en su casa de haber recibido un apoyo domiciliario. «O pacientes a quienes se les da quimioterapia hasta el día anterior a su muerte; o a los que se interviene quirúrgicamente cuando probablemente no era necesario; o a los que se les introduce un tubo...», indicó antes denunciar que «a veces ha habido un cierto abandono». Según explicó, cuando no se puede hacer más por un paciente en el hospital se le envía a su centro de atención primaria, donde, «a lo mejor, no han concodio el proceso de su enfermedad».

«Hay una estrategia estatal que permite adaptar sus recursos a las autonomías, pero en Euskadi no se ha apostado por equipos específicos de paliativos. Y somos muy pocos los que trabajamos viendo a estos pacientes», lamentó el responsable de Arinduz, que hizo hincapié en la necesidad de dotar a Osakidetza de estos recursos en los diferentes niveles asistenciales, desde atención primaria a hospitalaria. «Tenemos a gente formada, pero falta una estrategia, un plan», añadió.

Antes de atender la comparecencia de Meléndez, los parlamentarios escucharon las palabras del director del Plan andaluz de Cuidados Paliativos, Rafael Cía Ramos, y profesor de Filosofía del Derecho José Antonio Seoane, que felicitó a la Cámara por la tramitación de una norma que aspira a mejorar los derechos de los pacientes y a establecer las obligaciones de los médicos.I.S.