En un mensaje a la nación a través de cadena nacional, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció el martes por la noche su intención de poner en marcha un proceso abierto a la ciudadanía «a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática». Incidió en su deseo de terminar con la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses en Chile.

«Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero», remarcó.

Adelantó que las medidas administrativas y proyectos de ley serán parte de una reforma integral para actuar sobre la actividad política y de los partidos. «Buscamos erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos», enfatizó.

Entre las medidas anticorrupción destaca la eliminación de entregas de dinero anónimas y reservadas a los partidos políticos, de forma que «las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo». «Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros», agregó. Los partidos que quieran recibir las aportaciones económicas tendrán que «reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros» y mantener «una contabilidad transparente y fiscalizada». Advirtió de que «todos los representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de elección popular y perderán sus escaños».