Los 10 jóvenes de Iruñerria juzgados en la Audiencia Nacional española desde la pasada semana dijeron ayer, en la última sesión del juicio, que es tiempo de vaciar las cárceles. También el fiscal se refirió anteayer a una nueva realidad, en la que sustentó su decisión de rebajar la petición de cárcel para los acusados de diez a seis años. Por tanto, esa nueva realidad que acertadamente percibe el fiscal, al parecer, no es óbice para seguir llenando las cárceles de militantes independentistas vascos.

Reconocer la nueva realidad requiere actuar en coherencia con ella. Y esta realidad no admite la excepcionalidad en perversa lógica motivada, que no justificada, por una situación ahora inexistente. Esa situación ha desaparecido, pero el fiscal se niega a la desaparición de la excepción que jamás debió ser. Su negativa rotunda a aceptar siquiera la posibilidad de que los jóvenes juzgados fueran torturados es comprensible toda vez que la única base de sus acusaciones contra ellos son sus declaraciones en sede policial. Comprensible en quien procura a toda costa una sentencia condenatoria, pero incongruente con la búsqueda de una resolución justa. Acepta una evidencia pero no otra como es que lo que él pretende pruebas no son fruto de la investigación, sino de la incomunicación. La evidencia de que nadie en su sano juicio –y menos cientos de personas– se autoinculpa de un delito sin que se ejerza presión alguna sobre él. La evidencia de que además las denuncias de torturas son sistemáticamente ignoradas, que llevó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a condenar al Estado español por no investigar la denuncia de uno de los jóvenes ahora juzgados. ¿Tendría el fiscal en mente esa sentencia al asegurar que «ha quedado acreditado que los acusados no recibieron malos tratos»?

La realidad de esos jóvenes –al igual que la de los siete que fueron condenados la semana pasada y la de otras muchas personas ya juzgadas o a la espera de juicio– es que ahora, como en el momento de su detención hace siete años, se persigue determinada militancia política.