Alertan de las dificultades económicas de las empleadas domésticas inmigrantes
Un estudio de Emakunde indica que el 20% de las empleadas domésticas extranjeras que trabajan en la CAV tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, como la vivienda, el vestido y el calzado, y la alimentación. Un 28% se siente poco integrada en la sociedad vasca.
El Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde ha elaborado un estudio sobre “La discriminación múltiple de las mujeres inmigrantes trabajadoras en servicios domésticos y de cuidado en la Comunidad Autónoma de Euskadi”, un sector que cuenta con 33.100 trabajadores, y está «claramente feminizado» al representar las mujeres el 95% de todas las personas ocupadas, según la Encuesta de la Población en Relación con la Actividad.
En 2013 las empleadas inmigrantes eran cerca de 14.000 y representaban casi un 40% más que en 2009. Cuatro de cada diez mujeres que han llegado a la CAV desde otros países, especialmente las latinoamericanas, trabajan en el servicio doméstico y de cuidados.
Un tercio de ellas admite tener problemas relacionados con las condiciones de trabajo, la jornada laboral, el salario o el contrato, y el 20% tiene complicaciones para cubrir sus necesidades básicas, como la vivienda, el vestido y el calzado, e incluso la alimentación. Además, el 36% tiene dificultades para afrontar gastos imprevistos.
Se trata de un sector «con bajos salarios, aunque los sueldos precarios no afectan a todas las cuidadoras por igual». Estas diferencias no se deben tanto al origen de la trabajadora, sino a la modalidad del empleo y si el puesto se logró a través de una empresa o negociando directamente con la familia.
Poco integradas
El estudio también señala que en general estas trabajadoras no tienen problemas en su relación con la población autóctona, aunque el 28% declara sentirse nada, poco o muy poco integrada en la sociedad vasca. Además, las empleadas domésticas extranjeras declaran haber experimentado situaciones de racismo o xenofobia en un grado similar al del resto de la población de origen extranjero.
Todo ello lleva a los autores del informe –Julia Nogueira y Joseba Zalakain– a alertar de la «situación de especial vulnerabilidad y discriminación» que viven estas mujeres por trabajar en domicilios y advierten de que todo ello «podría derivar en desigualdades sociales, laborales y de acceso a recursos básicos con respecto al resto de la ciudadanía».

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