El Gobierno español ha eludido aportar información sobre el número de policías condenados por torturas y posteriormente indultados por parte del Ejecutivo. Así queda patente en una respuesta parlamentaria remitida al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, que se interesaba por las recomendaciones planteadas por el Comité contra la Tortura (CAT, en sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. En su escrito, fechado en mayo, cuando Madrid todavía podía remitir información ampliada a la ONU, el diputado abertzale interrogaba sobre las razones que habían llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a no dar datos sobre funcionarios condenados y posteriormente indultados.

La información sigue reservada, ya que la respuesta, enviada en junio, omite toda referencia al asunto. No se molesta en responder cuántos policías han sido condenados por torturas en los últimos 35 años, cuántos se encuentran actualmente en prisión por este tipo de hechos y cuántos han recibido medidas de gracia por parte de la administración. Eso sí, como es habitual en sus respuestas, el Ejecutivo tira de cinismo y, para defender la supuesta buena praxis de las Fuerzas de Seguridad, apela a las encuestas del CIS en las que Policía española y Guardia Civil aparecen como algunas de las instituciones más valoradas. Nada sobre las condenas, ya que el redactor de la respuesta se limita a enumerar las penas previstas por torturas dentro del Código Penal.

Tampoco sobre presos

Pese a que tanto el CAT como diversos organismos internacionales han insistido en que suprimir el régimen de incomunicación sería un paso definitivo para poner fin al maltrato en comisaría, el Gobierno español reitera su validez. Asegura que es un instrumento «excepcional» y reitera las novedades incluidas en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En realidad, estas modificaciones son papel mojado ya que la posibilidad de ser asistido por médico o abogado de confianza dependen del juez, que siempre sigue las instrucciones planteadas por el cuerpo policial que pide incomunicar.

Las preguntas sobre la situación de los presos vascos y el supuesto «plan de reinserción» desarrollado por Madrid tampoco encuentran respuesta. De hecho, Iñarritu se interesa específicamente por esta cuestión, mencionada por los representantes del Gobierno español durante el examen del CAT que tuvo lugar en el mes de mayo. No hay respuesta. Una técnica, la de obviar los interrogantes que no interesan, que es habitualmente empleada por el Ejecutivo.