En el litigio que fondos mantienen con Argentina por bonos en mora desde finales de 2001, el juez neoyorquino Thomas Griesa impuso el miércoles al país un plazo de diez días para que informe de si posee activos no diplomáticos ni militares en Estados Unidos, que puedan ser embargados para pagar una sentencia a favor de los querellantes por 1.330 millones de dólares más intereses.

La defensa argentina sostiene que no hay bienes de este tipo, pese a lo cual el juez insiste en que se presente la información. El magistrado no se pronunció, sin embargo, sobre la solicitud de los querellantes de considerar como «alter ego» del Estado argentino al Banco Central, a la empresa de energía estatal Enarsa y a la petrolera YPF, controlada por el Estado, para embargar sus activos.

Pese a la decisión judicial, los principales índices de la Bolsa de Buenos Aires cerraron el jueves en positivo –el Merval avanzó el 0,35%– y los bonos argentinos con un ligero descenso promedio del 0,2% en sus cotizaciones en dólares. En el mercado de divisas, el dólar oficial avanzó ayer un centavo, hasta 9,24 pesos para la venta, manteniendo el ritmo de apreciación que viene experimentando.

El Gobierno de Cristina Fernández minimizó la decisión de Griesa por considerar que carece de «consecuencias prácticas» y es «un nuevo fracaso» de los demandantes, liderados por el fondo NML.

El Ministerio argentino de Economía recordó que «todos estos años los fondos buitres han intentado embargar, sin éxito, los bienes de Argentina».

Según expertos consultados por Efe, si el juez avanzara con órdenes de embargo abriría otro larguísimo capítulo de discusiones jurídicas en esta batalla iniciada hace doce años.

«No es tan sencillo embargar activos de un Estado: el juez tendría que justificar que no existe inmunidad, que la naturaleza de ese activo corresponde al derecho privado y que por eso procede al embargo», dijo Bruno Tondini, experto del Centro Argentino de Estudios Internacionales.

Para este especialista en Derecho Internacional, en este tema «hay muchos aspectos controvertidos» y, de ordenarse un embargo, «se abriría una batalla judicial como la que se libró con la Fragata Libertad», cuando en 2012 los fondos intentaron sin suerte embargar el buque insignia de la Armada argentina.