Desde La Habana, la delegación de paz de las FARC advirtió de que los ataques militares contra la guerrilla, los anuncios de judicialización por parte de la Fiscalía, la muerte de activistas y el incremento de las amenazas y hostilidades contra el movimiento social colombiano dificultan el avance en la mesa de conversaciones.

Según el informe presentado el pasado día 18 por el Programa Somos Defensores, entre los meses de enero y junio se registró «un aumento del 105% de las agresiones contra defensores de derechos humanos en comparación con el mismo periodo de 2014, pasando de 194 en 2014 a 399 en 2015». Durante los seis primeros meses del año, afirmó, han muerto 34 defensores de derechos humanos.

La ONG denunció que «las amenazas, homicidios y atentados contra estos activistas están a la orden del día sin que hasta la fecha haya resultados en al menos una investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación. Es evidente que para la Fiscalía la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos no es prioritaria ni importante en sus investigaciones, condenando los crímenes y agresiones que sufren a la completa impunidad». Remarcó que bajo los gobiernos de Santos «han sido amenazados 1.500 defensores y 320 han sido asesinados, sin que se haya judicializado a sus responsables».

Haciéndose eco de estos informes, la guerrilla exigió «poner freno desde ya a la generación de más víctimas» y recordó que «la posición de dialogar sin que paren los combates es una fórmula condenada al fracaso».

Paralización del desminado

Denunció también la paralización del proyecto de desminado humanitario en la vereda El Orejón –municipio de Briceño ubicado en el norte del departamento de Antioquia– por la presencia de grupos paramilitares que, subrayó la guerrilla en un comunicado, «amenazan la libre movilidad y el abastecimiento de víveres a la comunidad».

«Para los habitantes del Orejón la limpieza del territorio de todo tipo de explosivos y municiones sin explotar, implica garantías de seguridad, planes para la transformación de sus condiciones de vida y el ejercicio pleno de sus derechos», resaltó.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santo realizó una valoración positiva del primer mes de tregua unilateral de las FARC, que entró en vigor el 20 de julio y que, según el Secretariado del Estado Mayor Central de la guerrilla, peligra por los continuos operativos militares, incluidos dos bombardeos.

«Puedo decir que en este primer mes se ha avanzado y espero que sigamos avanzando para decir en noviembre que continuamos y ojalá cerremos esa negociación lo más pronto posible», subrayó en un hangout organizado por un periódico.