El Gobierno navarro anunció ayer que va a proponer a la Junta de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo (SNE) el nombramiento de Paz Fernández como nueva directora gerente. Este era el último de los cargos de peso que tenía que escoger el Ejecutivo, que ha optado por un perfil de carácter técnico y ligada a los cursos de formación para trabajadores y parados y, particularmente, a los impartidos en centros propios.

La noticia llega después de la polémica surgida con las dos resoluciones que salieron aprobadas en el Boletín Oficial de Navarra con la firma de Imelda Lorea, de UPN, fechados cuando el Gobierno del cambio ya estaba en marcha. Estas resoluciones han sido criticadas por ELA y LAB, ya que entienden que no deberían haberse convocado las ayudas mientras el SNE mantenga su estructura excluyente. Actualmente, este servicio funciona como un organismo autónomo y está regido de forma «tripartita», ya que tiene representación pública, de la patronal y de los sindicatos «mayoritarios» según la ley de 1985 que creó el régimen UPN-PSN para dejar la interlocución sindical reducida a CCOO y UGT.

El Gobierno emitió una nota el lunes por la noche en la que explicaba que, por plazos, no podía haber hecho otra cosa que sacar adelante las convocatorias para cursos tal y como salieron, ya que de otro modo podría haber perdido la financiación. No obstante, la nota no entra al fondo del asunto, que no es otro que la conformación excluyente del SNE y la necesidad de renovar los Estatutos, algo que viene en el acuerdo programático.

El funcionamiento del SNE fue puesto en entredicho por Comptos a través de un informe contundente. En la práctica, la casi la totalidad de cursos que financia el SNE van a parar a manos de los miembros del consejo: CCOO, UGT y CEN.

En cualquier caso, como el Gobierno va a cambiar la gerencia sin cambiar los estatutos del SNE, la patronal y los «sindicatos más representados» todavía pueden echar atrás el nombramiento de Fernández.