La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak denunció ayer ante la casa consistorial que el Ayuntamiento de Barakaldo incumple la normativa que regula el acceso a las ayudas sociales al establecer un límite patrimonial inferior al señalado por el Gobierno autonómico.

Berri-Otxoak explicó que el Consistorio que preside ahora la jeltzale Amaia del Campo estableció en 8.000 euros el patrimonio máximo que podía tener una familia para acceder a las ayudas sociales en 2013 y 2014, cuando gobernaba el PSE, cifra que se ha subido a los 10.000 euros este año. Sin embargo, Lakua establece un patrimonio máximo para acceder a las ayudas de emergencia social desde los 32.000 euros, para un único miembro, hasta los 45.000 euros para una unidad convivencial de tres o más personas.

La plataforma destacó que el Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento revisar las resoluciones que denegaron ayudas a una mujer viuda con un hijo a cargo por haber superado el límite patrimonial fijado por el consistorio. Berri-Otxoak acompañó a esta mujer para presentar en el registro municipal una reclamación en la que pide «la restitución de sus derechos sociales» y el abono de la cuantía económica correspondiente a las solicitudes realizadas en los años 2013 y 2014. La misiva va dirigida a la alcaldesa y al concejal delegado de Acción Social, Mikel Antizar.

Además, la plataforma animó a las familias de Barakaldo que se hayan visto afectadas por la decisión del Ayuntamiento de rebajar los límites patrimoniales para acceder a las ayudas a dirigirse al área de Alcaldía a «reclamar y hacer valer sus derechos».

También se denunció el recorte aprobado el 5 de agosto por el Gobierno municipal a través de un decreto de Alcaldía, lo que supone la reducción al 50% de la cuantía de las prestaciones para atender necesidades básicas como vivienda o educación.