Acabó ayer uno de los episodios más bochornosos de la política vasca: el «incendiar la convivencia» por mero interés electoral, como en un acertado discurso denunció Gorka Maneiro. O el intento de «poner a los pobres contra los pobres» en palabras de Eva Blanco, de EH Bildu.

La Ley Maroto chocó contra la inmensa mayoría parlamentaria. Desde las filas del PP, Laura Garrido intentó presentarlo como el amordazamiento de 40.000 personas (37.343, en realidad) «que quieren un sistema más justo, que proteja los derechos de los más débiles y corrija las injusticias que impide reforzar la solidaridad en momentos de especial dificultad».

Conmovedor. El problema es que a Laura Garrido se le olvidó decir que la ley que ahora cree injusta es la que ella promovió en 2011 junto al PSE. O que la ILP solo piensa en endurecer las condiciones de acceso, sobre todo a los extranjeros. Y que los dos únicos puntos en los que se piensa en «los más débiles», uno no lo apoyó el PP hace unos meses y el otro –subir las pensiones– está en manos del Gobierno de Mariano Rajoy. En cuanto a lo de rechazar ILPs apoyadas por miles de firmas, ella y su grupo lo hicieron en 2009 con la de Residuos contra la incineradora de Gipuzkoa.

Los «apolíticos» de A+J

La otra columna de esta farsa es el uso de la fórmula de la Iniciativa Legislativa Popular para presentar una propuesta del entonces parlamentario Javier Maroto; un elemento de agitación preelectoral en vísperas de las elecciones municipales.

Una representación de Ayudas más Justas acudió ayer al debate, del que se marcharon cuando los que votaron «no» iban a explicar su postura. Su portavoz afirmó que se trataba de «una plataforma ciudadana que no tiene nada que ver ningún político. Somos apolíticas casi todas las que hemos recogido firmas». Tan apolíticas como que ella misma participó en la lista de Erriberagoitia de las pasadas elecciones municipales y es una forofa de Maroto en las redes sociales. Otras dos de sus compañeras se destacaron en la movilización a favor del todavía alcalde de Gasteiz el 13 de junio.

Pero lo peor de todo es que ante la prensa quedó claro que nadie de la delegación tenía ni idea del contenido de la Ley que ellos mismos dicen haber impulsado. «Ni sabemos de leyes ni nada», reconoció la portavoz, mientras Iñaki Oyarzábal y una asesora del PP intentaban que aquello acabara.