Con un vídeo que demuestra que el agente 10.514 no dijo la verdad al declarar contra una joven a la que acusaba de atentado y con una sentencia que lo corroboraba, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, tuvo el 2 de octubre en el Parlamento una ocasión de oro para anunciar una actuación sin contemplaciones contra este ertzaina por ensuciar el buen nombre del cuerpo. Lejos de ello, optó por su defensa, atacando al mismo tiempo al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, al que acusó de «acoso permanente» al Departamento y la Ertzaintza. Al margen de las batallitas partidarias, debería invitar a la reflexión que el Gobierno elija siempre exculpar o justificar a sus agentes en lugar de asegurar la garantía de los derechos de la ciudadanía, dando la impresión de que prefiere contentar a sus empleados a asumir su lema de «compromiso con las personas». En materia policial, no es un mal solo del actual Ejecutivo, sino que viene heredado de todos los anteriores.

Y la perversión de esta actitud es la constatación de la existencia de falsas acusaciones contra manifestantes, consentidas políticamente, con el fin de contrarrestar las denuncias por excesos policiales, apoyándose indebidamente en el principio de veracidad de la declaración de los agentes. Esta vez se rompió con un vídeo que daba la razón a la detenida, pero ¿cuántas veces el atestado policial ha servido, sin ninguna otra prueba, para acabar con la presunción de inocencia de una persona?